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VALENCIA (J. CLEMENTE/E.G.CORONADO). Loterías y Apuestas del Estado (LAE) entrará en el negocio del juego online que en estos momentos está en manos de operadores especializados como Bwin o Unibet, por citar dos ejemplos conocidos. Aurelio Martínez, presidente de la sociedad estatal que está preparando su salida a Bolsa para proner en manos privadas el 30% de su capital aún público, reconoció este jueves en Valencia que LAE deberá dar un paso al frente para entrar en un mercado en el que, pese a ser la segunda mayor empresa del mundo del sector, solo por detrás de Las Vegas Saints, no tiene ninguna presencia.
"Somos el segundo mayor operador de juego del mundo y mucho mayores que nuestras homólogas cen Europa omo las privatizadas en Italia, Grecia o incluso Gran Bretaña", aseguró el presidente de LAE, que fue más allá al apuntar que el potencial de la aún empresa pública no se puede comparar con las pequeñas sociedades que operan en internet.
Martínez insistió en en la oportunidad que tiene LAE de actuar como base para consolidar el sector del juego en Europa, así como su capacidad de endeudamiento (actualmente es cero) para acometer posibles inversiones. Martínez apuntó dos vías de negocio futuro: la internacionalización (puso de ejemplo la colaboración con otras sociedades para lanzar juegos en común, como el Euromillón) y la entrada en el mercado del juego on line, un pastel en el que no participa LAE. "No es normal que no estemos en lo que, en estos momentos, es el gran negocio de futuro, especialmente entre la población más joven", explicó el que fue presidente del ICO y de Navantia.
Martínez reconoció que la Quiniela está en recesión por el empuje de las empresas de apuestas deportivas en la red, como Bwin o Unibet. "En todo caso, son empresas que, por un lado operan en la alegalidad hasta que no tengan la autorización que les dará la nueva ley del juego, y además son muy pequeñas comparadas con LAE", aseguró. Entrar en ese negocio será el objetivo de la futura Loterías y Apuestas del Estado semiprivatizada.
Con el proyecto de Ley de Regulación del Juego aprobado por la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso se permitirá a las casas de apuestas online, por primera vez en Españao, operar en el país, acogerse a un régimen fiscal y un marco legal hasta ahora inexistentes. Queda por determinar la protección del usuario ante el fácil acceso y la igualdad de condiciones impositivas entre el negocio online y el offline o privado, que actualmente aporta 1.700 millones anuales en tasas a las arcas del Estado y da trabajo a 50.000 personas.
ANTES DEL VERANO
El sector del juego online obtuvo unos beneficios de 315 millones de euros en 2010, según la Asociación Española de Apostadores por internet, Aedapi. La nueva ley, que entrará en vigor antes de verano, contemplará para este sector un tipo impositivo del 22% sobre los ingresos brutos para las apuestas mutuas, como las quiniela. Para las apuestas de contrapartida -el cliente apuesta contra la empresa un resultado- y las cruzadas -se juega contra otros usuarios y la operadora es la garante- será un 25% sobre los beneficios netos. Esta es una las diferencias más significativas entre el negocio offline y el online, y es más beneficiosa para el negocio electrónico, puesto que en el modo tradicional, la carga fiscal se aplica sobre los ingresos brutos y es de media un 50%.
En rifas y concursos, la fiscalidad del digital será del 20% sobre ingresos brutos. Además de todo esto, dado que las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias sobre el juego, podrían aumentar hasta un 20% los impuestos para las casas de juego online asentadas en su territorio.
El sector digital considera ese 25% de media muy gravoso, y teme que los operadores internacionales no estén interesados en entrar en el mercado español y cree que los jugadores españoles no abandonarán los portales extranjeros de apuestas, con mayores premios al tener menor carga impositiva.
En la actualidad, los impuestos del juego offline se calculan según el ingreso total de las apuestas en las casas de juego. De estos ingresos brutos, un porcentaje se destina a premios; otro al beneficio para los operadores; mientras que otra parte son impuestos al Estado y a las comunidades autónomas.
OPINIÓN DEL SECTOR
Betfair, Bwin, MiApuesta, Unibet son las cuatro grandes empresas de apuestas por internet. El responsable de Unibet en Valencia admite que en la compañía se sienten "muy contentos por que se esté trabajando para una ley del juego online". Una legislación que califica como "bastante positiva y progresista". Además, recuerda que para que una empresa entre en el sector no necesitará "ningún concurso público, sino una simple tramitación administrativa".
El portavoz de Unibet afirma que los porcentajes de carga fiscal que se prevén para su sector no son negativos. "Es una media del 25% sobre beneficios brutos, menos beneficioso que en el Reino Unido, donde es del 15%. En Francia se calcula sobre los ingresos brutos, es de un 8%, que en proporción es una cifra mayor que su cálculo sobre beneficios, y no ha agradado a los operadores extranjeros, que no se han animado a trabajar en el país".
La presión impositiva sería de media menor para el negocio digital que las que soportan actualmente los operadores tradicionales de juego, cuya fiscalidad se divide también por modalidades. Mientras los casinos aportan a las arcas del Estado un 50% sobre sus ingresos, los bingos están grabados sobre el 12% de los ingresos netos.
Las dos grandes casas de juego tradicional en España, Cirsa y Codesa, acogen la ley con mayor prudencia. En espera de que el documento se haga público, con la inclusión de la batería de 300 enmiendas añadidas, el portavoz de Cirsa, la operadora que gestiona Casino Valencia, espera que se adecue "la fiscalidad a la realidad del mercado y se armonice la regulación técnica y fiscal del canal de juego presencial con la del nuevo canal online, para competir en igualdad de condiciones".
Y añade que el primer trimestre de 2011, la casa de casinos ha visto mermado sus ingresos un 24%. Considera que la ley de juego proyectada es "una oportunidad única para que el sector económico del juego presencial de gestión privada consiga su normalización empresarial, a través de una regulación que permita generar nueva demanda, adaptando la oferta a los actuales comportamientos de los consumidores y pudiendo utilizar la publicidad y las promociones, como lo hacen el sector de juego público y el online".
"Las principales causas de esta situación radican en una regulación anticuada y muy rígida, que no admite la adaptación de la oferta ni su publicidad y promoción; en unos regímenes fiscales desproporcionados y en la competencia desleal del juego online, actualmente ajeno a la legislación española", aseguran desde Cirsa.
La publicidad y patrocinio son otro motivo de conflicto entre los casinos de juego privado, y el online. La prohibición de promocionarse por estos medios continua vigente en el offline, hecho que les coloca en situación de indefensión porque la nueva ley permite mantener los acuerdos de patrocinio firmados por las firmas de juego digital, hasta el 1 de enero de 2011 hasta la concesión de la licencia legal. Así, se mantienen los 100 millones en acuerdos existentes entre empresas y clubes deportivos pese a la admisión a trámite de la demanda de la empresa de juego tradicional, Codere, al portal de apuestas Bwin por el patrocinio del Real Madrid. No queda tan claro si podrá mantenerse la publicidad de estas casas de juego durante el periodo transitorio hasta la fecha de entrada en vigor. De esta forma, sobre el patrocinio del Valencia C.F., el gerente en España de Unibet confirma que no hay ningún cambio.
SITUACIÓN 'ALEGAL' O 'ILEGAL'
Aunque los portales de juego dicen aprovechar un vacío legal, algunos juristas tachan este negocio de "ilegal". Miguel Mazón, uno de los mayores expertos de España en materia de juego, recuerda que las leyes españolas prohíben la celebración de juegos y apuestas sin autorización, así como la publicidad según lo dispuesto en la ley 34/1987 de 26 de diciembre. La Administración Pública tipifica como infracción muy grave la realización de este tipo de actividades no autorizadas o su publicidad. Otras leyes como la 34/1988 de 11 de noviembre, la 24/2001 de 27 de diciembre y la 42/2006 de 28 de diciembre inciden en lo mismo, hasta compararlo con actividades de contrabando.
Mazón considera que hasta la aprobación de la nueva ley, el juego online en España planteaba problemas como "la falta de protección suficiente a los usuarios, dada la facilidad con la que los menores y los ludópatas pueden acceder al juego, hecho que el proyecto de ley no parece resolver de manera real y efectiva. Además, la ausencia de tributación de las operadoras extranjeras supone una competencia desleal que contibuye a mantener una economía sumergida y supone un perjuicio económico para las empresas de juego nacionales".
Sobre la legalidad de su negocio, el gerente de Unibet en España afirma que la operadora es "100% legal, porque tiene licencias en países miembros de la Unión Europea" y hasta la fecha nadie les ha "presentado problemas". Asegura que según el tratado de libre comercio, las empresas de países miembros de la UE pueden comerciar con clientes de otros países" y recuerda que su compañía lleva "cinco años operando en España, con inversiones en grupos de comunicación, patrocinando el deporte y atendiendo a los clientes sin que nadie haya presentado ninguna queja".
PARAíSOS FISCALES
La mayoría de estas empresas operan desde paraísos fiscales como Bwin, cuya sede radica en Gibraltar, y Unibet, con licencia en Malta. Este hecho hace difícil medir el volumen de beneficios de las casas de juego online. Actualmente se calculan 250.000 jugadores cada mes en apuestas deportivas, al casino y al póker, con un volumen apuestas anuales de 1.000 millones de euros. Según el informe de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones del tercer trimestre de 2010 sobre comercio electrónico desde España, el juego de azar y apuestas fue el segundo más cuantioso, tras el transporte aéreo, representando un 10% del total. Es decir, un volumen cercano a 300 millones de euros en el año.
La nueva ley establece una Comisión Nacional del Juego, encargada hacer cumplir la normativa. Además, introduce medias de control para vigilar el blanqueo de capitales y el juego ilegal mediante el control de jugadores en el IRPF.
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