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MADRID (VP/EP). La patronal Confemetal, integrada en CEOE y representativa de la mayor parte de la industria manufacturera del sector del metal, el comercio y los servicios, ha lanzado una propuesta en medio del debate sobre la reforma laboral para que se implante en España un sistema de suspensión de pagos salarial al que se puedan acoger empresas que se encuentren en crisis.

Dicho sistema consistiría en la posibilidad de que las empresas, de acuerdo con los sindicatos o mediante autorización de la autoridad laboral en caso de que éstos se opusieran, puedan dejar de abonar temporalmente los salarios a los trabajadores, asumiendo el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) el pago de los mismos, para después, una vez superados los problemas, devolver el importe de los sueldos incrementado en el interés legal correspondiente. Durante este proceso, los trabajadores permanecerían en activo en la empresa.

Según Confemetal, este procedimiento podría resolver los tres problemas más frecuentes a los que se enfrentan actualmente las empresas y que afectan a más de la mitad de las compañías del sector del metal: acumulación de impagados, empresas afectadas en un concurso de acreedores de un tercero y morosidad de las administraciones públicas.

Así, la organización empresarial considera que debería existir una "nueva regulación" que permitiera superar situaciones como las que se producen cuando las deudas contraídas con terceros provocan falta de liquidez temporal, hechos que, según Confemetal, se resuelven en la actualidad mediante expedientes de regulación de empleo.

Esta propuesta de la industria del metal, recogida en un documento sobre el futuro y las necesidades de la industria, se conoce tan sólo unos días después de que el Gobierno presentara un último texto de propuestas a sindicatos y empresarios para reformar el mercado de trabajo.

Este sistema de suspensión de pagos salarial es sólo una de las recetas que ofrece Confemetal para reformar un mercado laboral "lastrado por la existencia de normas y prácticas excesivamente restrictivas, un elevado intervencionismo y una protección exagerada".

REBAJA DEL COSTE DEL DESPIDO

Confemetal hace todas estas consideraciones en un informe sobre el futuro de la industria en el que advierte de que para romper el actual proceso de destrucción de empleo y mejorar la competitividad se hace necesario flexibilizar los sistemas de contratación y despido, "reduciendo los elevados costes efectivos de éste, y su generalización para todos los grupos de trabajadores, como único modo de reducir la brecha entre el contrato temporal y el indefinido.

"Es preciso actuar contra la excesiva proliferación de modalidades de contratación", señala Confemetal, que denuncia que esta situación contribuye a segmentar el mercado laboral e introduce "mayores dosis de rigidez".

Desde el sector industrial se aboga además por impulsar el contrato fijo-discontinuo a través de una regulación "flexible y sencilla" y por potenciar también el contrato a tiempo parcial, ya que "serían excelentes vías para la creación de empleo" y servirían para lograr una mejor adaptación de la jornada laboral a las necesidades de trabajadores y empresas.

Asimismo, y al igual que se pide desde CEOE, Confemetal reclama que las cotizaciones sociales de las empresas, demasiado "elevadas", se reduzcan, pues dicha medida, alega, beneficiaría al empleo, tanto para crearlo, como para mantenerlo.

"ESCAPISMO GUBERNAMENTAL"

Por otro lado, esta patronal industrial denuncia que la negociación colectiva en España es "compleja" por los "múltiples" convenios existentes. Así, pone como ejemplo que el 75% de los convenios de su sector son de empresa, y el resto sectoriales, pero los primeros sólo afectan a poco más del 10% de los trabajadores, mientras que los segundos dan cobertura al 90% de los trabajadores.

Además de compleja, Confemetal cree que la negociación colectiva española es "lenta" (se tarda una media de ocho meses en negociar un convenio), "conflictiva" (más del 35% de los convenios de este sector se firman tras intervenir los servicios de mediación) y "conservadora" (los negociadores hacen un uso "muy limitado" de las posibilidades de negociación que ofrece el Estatuto de los Trabajadores.

A todo ello, sostiene la patronal, se une el "escapismo gubernamental" a la hora de facilitar una estimación sobre la inflación, lo que dificulta la negociación salarial entre sindicatos y empresarios. Por ello, reclama al Gobierno que incluya en su cuadro macroeconómico de la Ley de Presupuestos Generales del Estado su previsión de inflación, lo que "serviría a los agentes sociales para orientar y acelerar la negociación colectiva".