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CC OO estudia emprender acciones legales contra Fomento por el cambio de contrata en la A-3

25/01/2011 El sindicato califica la actuación de Fomento de "irresponsable y negligente" y ha augurado que estas actuaciones "se van a generalizar en todas las concesiones de mantenimiento y conservación de Estado"

VALENCIA (EP). La Federación de Construcción, Madera y Afines de CCOO PV (Fecoma PV) estudia emprender acciones jurídico-administrativas contra el Ministerio de Fomento, ya que el 6 de marzo finaliza el vigente contrato de conservación de la A-3 en el tramo Valencia-Requena, del que se ocupa la contrata Ferroser (Ferrovial) y para la que prestan sus servicios cerca de 40 trabajadores, y "todavía no se ha adjudicado el siguiente contrato", lo que, a su juicio, "podría demorarse entre 6 y 12 meses, durante los que sólo se prestaría un servicio mínimo de 8 ó 10 trabajadores".

El sindicato, en un comunicado, ha afirmado que "esta situación va a provocar un claro deterioro del servicio que se presta al ciudadano, pues en estos 60 kilómetros de autovía se producirá un desgaste general de la infraestructura, pavimento, señalización, arcenes, cunetas, etc., con el consiguiente riesgo de accidentes". Además, ha señalado que esta política del Ministerio "supondrá enviar al desempleo a la mayoría de los trabajadores que prestan servicio en esta contrata y pondrán en riesgo su empleo por la subrogación de la empresa adjudicataria del siguiente contrato".

Ante estos hechos, Fecoma PV ha calificado la actuación de Fomento de "irresponsable y negligente" y ha augurado que estas actuaciones "se van a generalizar en todas las concesiones de mantenimiento y conservación de Estado". Por tanto, ha exigido al ministro de Fomento, José Blanco, "un cambio radical en las adjudicaciones de estos servicios, que garantice la seguridad de los usuarios de las carreteras y los derechos y condiciones laborales de los trabajadores".

El sindicato ha manifestado que, "si se llega a esta situación", estudiará emprender acciones jurídico-administrativas contra el Ministerio de Fomento, para impedir los perjuicios que ocasionaría. "Esto puede afectar a 20 centros de conservación en todo el Estado y para el próximo año todo indica que serán 70 centros y unos 3.000 trabajadores los afectados. En época de crisis y ajustes, los recortes no deberían afectar a la seguridad vial y laboral de un servicio utilizado para el transporte de personas y mercancías, esencial para la competitividad de la economía", ha concluido.

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