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VALENCIA (EFE). El senador de Compromís Carles Mulet ha pedido desde la Cámara Alta explicaciones al Gobierno central sobre todos los requerimientos hechos por la Unión Europea (UE) a la administración española por "los continuos incumplimientos en la tramitación del polémico" aeropuerto de Castellón.
En un comunicado, Mulet explicó que "el último expediente abierto expediente a la sociedad pública del Aeropuerto de Castellón, Aerocas, por el contrato con SNC Lavalin, no es un caso puntual".
Según denunció "desde el principio Europa ha ido en teoría anunciando investigaciones, expedientes y peticiones de información al Estado Español, que nunca han transcendido".
"Por eso queremos saber, ante un posible expediente que se resuelva en sanción, y que por lo tanto, tendremos que pagar todos los contribuyentes, hasta qué punto el Gobierno Central tomó cartas en el asunto o hizo caso omiso", agregó.
Esta misma semana el eurodiputado de Compromís Jordi Sebastià recordó que ya en 2008, el entonces vicepresidente del Ejecutivo comunitario y comisario de Transportes, Antonio Tajani, anunció que la UE pediría información a España para averiguar "si se ha concedido financiación pública en este asunto o si está prevista dicha concesión".
Este mismo viernes, la vicepresidenta del Consell Mónica Oltra aseguró que la Generalitat acudiría a la fiscalía si se detectaban irregularidades en la gestión del aeropuerto de Castellón. Se refería, en concreto, a unos pagos por valor de 12 millones realizados a la firma SNC Lavin, una de las concesionarias de la infraestrucutra
La repuesta de los populares, por boca de Andrés Martínez (expresidentes de Aerocas) fue acusar a Oltra de mentir y de querer desprestigiar a Castellón. Además, le recordó que el abono de esa cantidad estaba previsto en los presupuestos
Compromís ha recordado que el contrato con Lavalin reitera las ayudas públicas que ya se producían hacia Conaer en el principio, y ya entonces se advirtió, en 2008, que estas vulneraban directivas europeas y por tanto, si el gobierno de Alberto Fabra repitió el modelo con otra empresa, "estaba sobreavisado".
Eran ayudas de la administración pública a empresas privadas, ya que aunque no formará parte de la red de aeropuertos públicos del Estado, los contratos del aeropuerto tanto el actual como el de Lavalin, prevé una serie de garantías para las empresas que se han hecho cargo de su construcción y gestión o de explotación y todas ellas contravendrían directivas europeas, según Compromís.
COPIA DE TODO
Mulet ha pedido copia de todas las advertencias, comunicados, quejas o investigaciones que ha cursado la UE ante el Estado Español. "El promotor de este desaguisado ha sido el Gobierno valenciano, pero Europa advertía a España para que actuara dentro de sus competencias, y aquí tememos una dejación total de responsabilidades", apuntó.
Otros expedientes abiertos al Estado Español por el aeropuerto, de los cuales no se ha informado de su resultado, se retrotraen a principios de 2007, cuando la Comisión informó sobre la incoación de una nueva investigación relativa al aeropuerto de Castellón.
Esta estaba relacionada, entre otros con la aplicación de la normativa medioambiental de la CE, en particular de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997.
Según el anuncio de la Comisión, se iba a solicitar a las autoridades españolas información sobre los procedimientos en curso en la fecha ante tribunales españoles para determinar si se refieren a cuestiones relativas a la aplicación de la normativa comunitaria y para garantizar, si fuera necesario, que dicha normativa se aplique plenamente en este caso.
Este punto fue objeto de una a la Comisión respondió que "en el año 2007, la Comisión puso en marcha una investigación sobre el proyecto mencionado y solicitó a las autoridades españolas información acerca de cómo la normativa de la UE ha sido aplicada por las autoridades competentes en relación con las obras de construcción en curso del Aeropuerto de Castellón".
La investigación se centró en verificar si algunas de las probables enmiendas del proyecto aprobadas por las autoridades competentes se ajustaban a las disposiciones de la Directiva 85/337/CEE.
La respuesta de las autoridades españolas a las cuestiones planteadas por la Comisión se recibió el 24 de enero de 2008 y actualmente esta siendo evaluada y, por consiguiente, la Comisión todavía no está en condiciones de decidir sobre la continuación o el cierre del procedimiento en curso hasta que la evaluación permita llegar a una conclusión al respecto.
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