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GANDIA (VALENCIA) (EFE). El Gobierno de Gandia ha localizado desde su incorporación informes solicitados por Iniciatives Públiques de Gandia (IPG) a diversas empresas y que "han sido calificados como inútiles e innecesarios" por la directiva de esta empresa pública por valor de "más de dos millones de euros". 
Según un comunicado del Ayuntamiento de esta población valenciana, entre estos informes estaría el supuestamente encargado al exconsejero de Sanidad de Esperanza Aguirre Manuel Lamela, un documento de "346 páginas" por el que "cobró un total de 66.555 euros".
En un comunicado, el Consistorio ha "querido hacer público" el montante al que asciende los "informes que desde IPG se solicitaron a diversas empresas" y que "han sido calificados de inútiles e innecesarios por la directiva" de esta empresa pública.
Así, el que fue consejero de Sanidad con Esperanza Aguirre en Madrid Manuel Lamela "cobró de la empresa un total de 66.555 euros por un informe sobre el puerto de Gandia" titulado: 'Proyecto sobre la viabilidad de un plan de dinamización para el puerto de Gandia y su área de influencia'.
En el documento, que "ha costado a la ciudad 192 euros por página", constan "obviedades" como: 'la flota pesquera se ha visto reducida a la mitad desde 1995' o que 'Gandia es uno de los principales destinos turísticos, muy centrada en el segmento de sol y playa', y las fuentes han recordado que Lamela fue "imputado en octubre de 2013 por delitos de soborno y prevaricación".
Además de este informe, en la contabilidad de la empresa aparecen "135.000 euros para el estudio realizado por Profun Management Group para el documento de viabilidad del parque acuático, a los que hay que sumar 16.000 no presupuestados y por los que IPG ha remitido un escrito a la empresa americana para obtener una explicación de este sobrecoste".
Del mismo modo, entre los pagos que ha debido realizar la empresa, constan "cerca de 800.000 euros en informes jurídicos" y "toda una serie de documentos de asesoramiento en materia de comercio, deportes o la Ciutat Agroalimentària que ascienden a unos dos millones de euros".
Para el presidente de IPG, Vicent Mascarell, estos ejemplos son una "nueva prueba de cómo el PP de Gandia gastaba a dos manos en beneficio de amigos del partido o empresas afines" que "no aportaron nada" con unos "informes totalmente inútiles y que perfectamente podrían haberlos realizado funcionarios del Ayuntamiento".
Ciertamente el PP y Torró han hecho eso y posiblemente más, lo cual es deleznable y debería ser objeto de causa penal, pero el tal Mascarell y su partido y compañeros (Orengo, Boix, Frau) lamentablemente han venido haciendo lo mismo en los años en que estuvieron en el gobierno. El bipartidismo durante 37 años ha llevado a las ciudades a la banca rota.
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