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VALENCIA. Las controvertidas operaciones aprobadas en el pasado por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) continúan generando desagradables sorpresas. Al margen de los avales a los clubes de fútbol o a la Sociedad de Garantías Recíprocas (SGR), una de las entidades públicas con más garantías comprometidas es la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), que en la reorganización del sector público que llevó a cabo el anterior Consell en 2013 asumió las tareas del antiguo Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA).

Según la información actualizada al último trimestre sobre los avales otorgados por el IVF, recientemente remitida a la comisión de Economía y Presupuestos de Les Corts, el riesgo asumido con el EIGE por el ente dependiente de la Conselleria de Hacienda asciende a 36 millones de euros. La cantidad corresponde a un aval formalizado poco después de la conversión del IVVSA por un único crédito con el BBVA.

No obstante, el incidente más destacable ocurrido recientemente en relación con el IVVSA -creado en 2004 por el entonces conseller de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco- tiene que ver con una operación en anterior. En concreto, con tres avales otorgados por el IVF a la constructora Desarrollos Urbanos para viviendas protegidas (DUVVPP) por un importe conjunto de 5,76 millones de euros.

Esta sociedad, que actualmente se encuentra en situación de insolvencia, estaba participada al 51% por el IVVSA junto a un socio privado, Urbana Ducat SL, que tenía el 49% del capital.

A principios de 2011, el IVF formalizó los avales como garantía parcial a tres créditos hipotecarios concedidos por Cajamar Caja Rural superiores en conjunto a los 11,3 millones de euros para financiar la construcción de viviendas de protección oficial en Alaquàs, inmuebles que nunca llegaron a edificarse.

El pasado mes de marzo, Cajamar comunicó al IVF que, como consecuencia del impago del crédito por más de tres meses, procedía a reclamar los importes avalados, por lo que solicitaba al ente dependiente de Hacienda la cantidad avalada correspondiente a la deuda acumulada hasta entonces: 1,44 millones de euros.

Aunque el IVF trató de que el EIGE respondiera por la cantidad reclamada, el IVF no pudo escapar de tener que pagar a Cajamar esos 1,44 millones debido a la incapacidad del EIGE de hacerse cargo. No obstante, el instituto reclamó a EIGE la devolución de la cantidad aportada en virtud de un acuerdo por el cual el antiguo IVVSA se comprometía a reembolsar las cantidades satisfechas por los avales prestados.

Para poder devolver los fondos, la comisión delegada del Consell autorizó al EIGE en abril a endeudarse hasta en 2,7 millones de euros para afrontar esta y otras deudas contraídas con el IVF.

FIRMA BAJO SOSPECHA

Al margen del perjuicio ocasionado a los compradores que se adjudicaron las viviendas de la frustrada promoción de VPO, la sociedad mixta Desarrollos Urbanos S.L fue objeto de debate en Les Corts a cuenta de una advertencia de Compromís de finales del año pasado sobre la ausencia de información financiera sobre esta sociedad. Una falta de información que, según la Intervención de la Generalitat, impide evaluar el impacto sobre las cuentas del ente público EIGE.

La coalición denunció que, pese a que según la Ley de Hacienda Pública Valenciana debería estar sometida al control de la Intervención, la Cuenta General no contó con los informes de auditoría de esta sociedad mista ni en 2012 ni en 2013.