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VALENCIA. Un día después de fijar un objetivo de déficit inalcanzable para la Comunitat Valenciana, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció este jueves dos medidas que incrementarán el gasto en 2015 y 2016, haciendo aún más difícil el cuplimiento de los objetivos.
En primer lugar, según anunció Montoro y este viernes aprobará el Consejo de Ministros, los empleados públicos tendrán una subida salarial del 1% en 2016. Se trata de la primera mejora salarial después de seis años en los que el poder adquisitivo perdido por los empleados públicos ha superado el 20%, según los sindicatos. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aplicó en 2010 una rebaja salarial del 5% de media, a la que han seguido otros cinco años de congelación.
Esta subida es igual y obligatoria en todas las administraciones públicas. El aumento de gasto en 2016 para la Generalitat por esta subida será de 56 millones de euros.
La segunda medida anunciada es que ya este mes de septiembre se devolverá a los empleados públicos, en aquellas administraciones en las que haya disponibilidad presupuestaria, otro 25% de la paga extra que se les quitó en 2012, con lo cual a final de este ejercicio ya habrán recuperado un 50%.
El 50% restante se les abonará en 2016 en dos pagos, uno en marzo y otro en septiembre, también en la medida en que las arcas de las administraciones lo permitan.
OTROS 165 MILLONES
En teoría, las arcas de la Generalitat valenciana no tienen lo que el ministro llama "disponibilidad presupuestaria" -el Consell prevé un déficit de 2.200 millones este año- ni podrían permitirse, además de los 56 millones de la subida de sueldo, un desembolso que asciende a 165 millones más, a razón de 55 millones por cada 25%, 
que fue lo que costó el pago del primer cuarto. Sin embargo es poco probable que el nuevo Gobierno de Ximo Puig vaya a dejar a sus funcionarios sin una paga que sí se cobrará en el resto del Estado o en su mayor parte gracias a que pueden permitírselo por estar mejor financiadas.
La decisión la tendrá que plantear la consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, con el visto bueno de su compañero de Hacienda, Vicent Soler.
OTRAS MEDIDAS CON COSTE
Además de las medidas anteriores, Montoro anunció otras que también tienen un coste para las arcas públicas, aunque menor. La tasa de reposición de los empleados públicos que causen baja se descongelará con carácter general y se elevará al 50%, y pasará del 50% al 100% en los servicios esenciales (lucha contra el fraude, educación, sanidad o fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado), entre los que se ahora se incluirán también el personal de las instituciones penitenciarias, el servicio público de empleo estatal (Sepes) y servicios sociales.
Por otro lado, Hacienda también devolverá en 2016 el día de libre disponibilidad ('moscoso') pendiente, de los tres suprimidos, con lo que los empleados públicos contarán otra vez con los seis días anuales disponibles antes de la crisis. En cuanto a los días libres por antigüedad ('canosos'), los empleados públicos podrán disfrutar de uno a partir de ocho trienios, de dos con 10 trienios y del tercero con 12 trienios.
Estas medidas afectarán a los empleados públicos de todas las administraciones, que suman un total de 2,5 millones de personas, de los que solo 214.831 personas, el 8,4% del total, pertenecen a la Administración General del Estado (AGE).
Pero, al menos, estos gastos suelen ser retornados a la sociedad porque aumentarán su consumo. No como las corruptelas en las que los beneficiados son unos pocos y encima se lo llevan a Suiza u otro paraíso fiscal.
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