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VALENCIA (VP). La delicada situación económica por la que atraviesa Cierval le obliga a pelear cada céntimo hasta las últimas consecuencias. La patronal autonómica, cuya asamblea aprobó ayer la liquidación del presupuesto de 2014 con unas pérdidas que rozan los 175.000 euros, ha iniciado durante el último ejercicio varios procesos judiciales contra la administración autonómica por la reducción de las subvenciones de programas ejecutados y abonados previamente por la organización.

Según refleja la auditoría de la patronal autonómica, los recursos contencioso administrativos más significativos abiertos contra el Consell en el Tribunal Superior de Justicia corresponden a un programa de actuaciones conjuntas en el ámbito de las relaciones laborales, la prevención de riesgos laborales, fomento del empleo y formación de trabajadores correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011. El origen del conflicto es el desacuerdo sobre la liquidación definitiva de la Conselleria de Economía a la justificación del convenio y la cantidad reclamada, sólo en el caso de Cierval, supera los 77.000 euros.

Se trata, según explican fuentes empresariales, de la primera vez que la patronal lleva hasta el TSJ un litigio con el Consell. Aunque las discrepancias sobre la liquidación de los programas ejecutados por las patronales y financiados por la administración son habituales, hasta ahora las minoraciones a las ayudas se han resuelto al margen de la justicia ordinaria. La auditoría refleja que la patronal no ha dotado provisiones porque considera que las resoluciones finales serán favorables.

A pesar de haber reducido significativamente sus pérdidas, que en 2013 superaron los 442.000 euros, las cuentas de la organización empresarial siguen lastradas por el desplome de los ingresos por convenios con la Generalitat. Los ajustes de personal y estructura que aplica desde 2013 no han servido por el momento para compensar la pérdida de esos recursos, por lo que la situación financiera continúa siendo crítica.

En 2014, la desviación entre la cantidad de ingresos prevista por convenios (306.000 euros) y la finalmente ejecutada (124.000 euros) roza el 60%. En conjunto, la organización preveía cerrar el ejercicio con una desviación de 18.600 euros que, por el hecho anterior, se disparó hasta los 166.000 euros de diferencia. El presupuesto aprobado por la asamblea para 2015 prevé un aumento de los ingresos hasta los 835.736 euros frente a los 575.000 del ejercicio anterior.

DEUDAS DE CASTELLÓN Y ALICANTE
El auditor destaca que el impacto de la situación económica sobre la organización ya constituye por sí mismo "una incertidumbre sobre la capacidad de la confederación para continuar con su actividad" de forma que pueda realizar sus activos y pasivos por los importes que refleja en sus cuentas. Pese a todo, la patronal confía en que los ajustes que ha realizado y la futura ley de colaboración institucional contribuirá al reequilibrio financiero de Cierval.

El otro factor que determina la mala salud financiera de Cierval son las deudas de las tres patronales provinciales que, como entidades fundadoras, contribuyen a su sostenimiento con el pago de una cuota anual. A 31 de diciembre de 2014, la alicantina Coepa y la castellonense CEC debían entre las dos más de un millón de euros a la organización autonómica, si bien en el momento de formular las cuentas la deuda de la CEC se había reducido de 555.000 euros a 121.000.

GONZÁLEZ PIDE UNIDAD
A un mes de que Cierval celebre sus elecciones, sin que su presidente actual haya anunciado públicamente si se presentará a la reelección, José Vicente González hizo un llamamiento para mantener la unidad empresarial y no "perder el tiempo en minucias".

González, de quien se espera que formalice su candidatura en los próximos días, tiene garantizada la reelección al contar con el apoyo seguro de la patronal de Valencia CEV, que controla un 41% de los vocales de la asamblea de Cierval, y muy probablemente tendrá también el respaldo de Coepa, tal y como sucedió cuando accedió al cargo hace ahora cuatro años. Para reivindicarse, aprovechó el momento para subrayar que Cierval "nunca ha tenido tanta capacidad de influencia" como ahora en la patronal nacional CEOE, de la que González es vicepresidente.

El reto más importante que tiene por delante es gestionar la aplicación de la nueva ley de participación institucional y, posteriormente, acometer la reforma interna de la patronal, un proceso que ya ha provocado las primeras discrepancias en el seno de la patronal.

En su discurso ante la asamblea de este martes, González destacó que la ley de participación institucional es un logro histórico que, más allá de las cuantías económicas, "aporta una seguridad jurídica" que la organización no había tenido nunca. El empresario recordó que la ley fue aprobada en Les Corts "sin ningún voto en contra" y el reglamento que la desarrolla está "consensuado entre administraciones públicas, sindicatos y nosotros". "No esperamos modificaciones significativas", reiteró.

Una vez aprobado, Cierval abrirá la negociación con las tres patronales provinciales para "delimitar y clarificar las funciones de cada organización". El nuevo modelo de funcionamiento de las organizaciones empresariales debe ser, en su opinión, "ágil, eficaz y moderno" y dejar atrás "formas de funcionamiento que ya no utiliza ninguna empresa".