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VALENCIA. Las pequeñas y medianas empresas de autobuses de la Comunitat Valenciana que optan a la licitación de transporte escolar se muestran preocupadas porque, como adelantó Valenciaplaza.com, no se haya consumado la firma que les permite adjudicarse esos servicios por valor de 328 millones, aunque el precio de licitación es de 200,584 millones. Fuentes de varias empresas se muestran inquietas porque a pesar de que desde noviembre de 2014 llevan a vueltas con la adjudicación, que se ha entorpecido en gran medida por la rareza de la fórmula por la que optó la Generalitat Valenciana, no se ha asignado de forma definitiva y esto es esencial para la supervivencia de muchas de ellas.

El objeto del contrato licitado a finales de noviembre del año pasado era la cobertura de 585 rutas con 944 autobuses, con sus respectivos conductores y acompañantes. Sin embargo, tenía una peculiaridad sobre los realizados anteriormente. Se dividía en solo tres lotes, uno por cada provincia, lo que obligaba a realizar uniones temporales de empresa. 135 empresas se unieron para presentar las UTE Autocares Ríos Alicante, UTE Valencia 14 y Asociación Empresas Transporte Castellón.

El problema es que para cubrir los tres lotes las tres tienen que pasar las diferentes fases para cubrir todas las rutas ya que no tienen una candidatura de repuesto al presentarse solo una oferta por lote. Además, que tantas empresas concurran por cada uno dificulta la gestión y los trámites de las propuestas. Fuentes conocedoras del proceso apuntan no solo a defectos de forma que se refieren a la acreditación de la capacidad, solvencia y representación que se exige en los pliegos. También destacan que en algunas de las UTE los avales presentados por los empresarios ya propuestos como adjudicatarios no reunían las condiciones establecidas, lo que la legislación entiende como que éstos han retirado sus propuestas y no se puede efectuar la adjudicación en su favor.

Ahora, en el caso de no firmarse, muchas pequeñas y medianas empresas pueden verse fuera de juego sin saber cómo serán las fórmulas por las que optará en nuevo Gobierno, que no confían en esta última estrategia por la que optó la Generalitat. Desde Compromís, Mónica Oltra propuso el pasado mes de febrero crear en las Corts una comisión de investigación sobre el contenido de las clausulas administrativas de esta contratación. El PSPV, ahora socio de Gobierno de Compromís, apoyó la iniciativa para investigar el concurso, pero la propuesta no salió adelante por la oposición del Grupo Popular.

La última información que aparece al respecto de la licitación en el Portal de Contratación de la Generalitat es la aceptación de un recurso interpuesto de Autocares Capaz contra el pliego de cláusulas administrativas en el que se consieraba que la alusión, dentro de las causas de modificación del contrato, a las "necesidades específicas del servicio de transporte" no cumple con los requisitos de previsión clara, precisa e inequívoca, sin que se ofrezca un detalle suficiente para permitir a los licitadores su valoración a efectos de formular la oferta. 

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