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VALENCIA. La recta final de campaña llega marcada por dos nuevos acontecimientos en los tribunales que afectan a miembros que pertenecen a las listas de candidatos. El mayor revuelo, aunque luego aplacado por la propia Fiscalía, ha sido el de la apertura de diligencia a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por facturas cargadas al Ayuntamiento que, según Compromís, se salían del presupuesto y de las situaciones 'normales' que corresponden al cargo de alcaldesa.

La denuncia se basa en tres puntos. En primer lugar, apuntó Oltra, consideró que las facturas reflejan pagos que "son gastos suntuarios, de lujo, y una posible financiación ilegal del partido al cargar al Ayuntamiento dispendios de la alcaldesa relacionados con actos de partido". "Todo los costes, cuando se desplaza la alcaldesa, los paga del consistorio y eso no debería ser", añadió. Citó, como ejemplo, cuando la primer edil acudió al entierro del ex ministro y fundador del Partido Popular, Manuel Fraga, en 2012.

El segundo punto de la denuncia tiene que ver con un exceso del gasto en relación a lo consignado inicialmente. Oltra explicó que "existía una cantidad presupuestada aprobada para gastos representación, viajes, dietas, hospedaje y este presupuesto se multiplicó por dos, y la que lo autorizó fue la hermana de la propia alcaldesa, Asuncón Barberá".

Así, señaló la candidata de Compromís, "por un lado tenemos un exceso de gasto -lo mismo que en la denuncia que presentamos en relación al saqueode RTVV- y que quien lo autoriza es la hermana de la persona que va a realizar el gasto". Así, concluyó, "lo vemos como un claro caso de trato de favor y, probablemente, una prevaricación ligada al cargo".

El tercer punto al que aludió es un "posible fraccionamiento de contratos. La ley marca unos topes en obra pública o servicios y, si se superan, hay que hacer un concurso público", explicó. Por lo tanto, señaló Oltra, "pagar una serie de gastos sucesivos sin hacer la adjudicación pública entendemos que es un fraccionamiento ilegal de contrato para poder encargar esos servicios a los amigos y a los que uno quiere sin pasar por los filtros legales". 

En segundo lugar se hacía pública la investigación de la Fiscalía en torno supuestas irregularidades en la adjudicación y gestión de la Fiesta de la Cerveza en la plaza de toros de Valencia, propiedad de la Diputación, a una empresa privada entre 2011 y 2014 denunciadas por EU al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de delito.

La diputada de EUPV en la Diputación de Valencia, Rosa Pérez, informaba este jueves de que el pasado 2 de abril presentaron la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción al considerar que había habido un "trato de favor" con las empresas "La fiesta de la cervera OktoberFest España SL" e "Idea SL", ambas administradas por la misma persona.

La Fiscalía provincial de Valencia señala en su escrito, fechado el 27 de abril, que en la denuncia se ponen de relieve "hechos que pudieran ser constitutivos de delito" y, por ello, ha incoado diligencias de investigación penal y designado al fiscal instructor para que conozca las mismas.

EUPV afirma en la denuncia que se produjo una "considerable reducción del precio público de cesión a favor de la empresa privada organizadora del evento", cifrada en cerca de un millón de euros, y no se encontró "un documento que pueda considerase una licencia de apertura ni de autorización de venta de bebidas alcohólicas". Estas investigaciones se suman a las realizadas en el caso Imelsa, que también han ido marcando el desarrollo de la campaña.