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VALENCIA. El candidato socialista y secretario general del PSPV, Ximo Puig, presentó este lunes su libro 'El problema valenciano tiene solución': un compendio de reflexiones y propuestas dirigidas a "convocar a las valencianas y los valencianos a cambiar las cosas juntos", según expresa el propio autor en la sinopsis.

Uno de los puntos que generó más preguntas en el encuentro con los medios de comunicación fue las medidas del candidato socialistas respecto al futuro de las diputaciones. Puig, que califica a las corporaciones provinciales como instituciones "ancladas en el siglo XIX", ofrece su particular solución: reactivar la ley socialista de 1983 de coordinación de las diputaciones para vaciarlas de poder político y ejercer buena parte del control de las mismas desde la Generalitat.

Según reveló Puig, los cálculos del PSPV respecto al ahorro que implicaría reducir el número de cargos de confianza de la institución así como otras medidas administrativas de carácter inmediato relacionadas con el ente producirían un ahorro de unos 13 millones de euros anuales. El candidato socialista se mostró "convencido" de que la coordinación desde la Generalitat, apoyándose en la citada ley así como en las disposiciones normativas complementarias necesarias, desembocará en "la mejora de la eficiencia y en la prestación de los servicios públicos".

Pero la intención del líder del PSPV va más allá de limitar al máximo el personal de confianza en estos entes, según subrayaron fuentes socialistas a este diario. Puig pretende controlar las competencias de la corporación provincial y dejar a la institución solo con una mera función de coordinación de municipios e incluso sin que los diputados de la misma dispongan de sueldo. Es decir, el objetivo final es que las distintas consellerias controlen a qué se destina el presupuesto en cada una de las áreas que manejan las corporaciones provinciales.

EVITAR UN CONTRAPODER ECONÓMICO Y POLÍTICO 

Así, en el apartado del libro dedicado a las corporaciones provinciales donde Puig desarrolla brevemente esta propuesta, considera que las diputaciones se han convertido "a menudo, en instrumentos orientados a dar soporte a liderazgos políticos provinciales, mediante prácticas clientelares".

En este punto se sitúa otra clave, en este caso política, de la postura de Puig. Según apuntan los diferentes sondeos, el candidato del PSPV-PSOE tiene opciones de auparse a la Presidencia de la Generalitat pero se antoja mucho más complicado que su partido pueda situarse al frente de alguna de las tres diputaciones ahora dominadas por el PP.

Por la forma en la que se reparten los diputados provinciales, una fuerza como el PP -con menos partidos haciéndole la competencia por la derecha- parte con cierta ventaja para que sus dirigentes repitan al mando de estas instituciones. Es decir, en los partidos judiciales donde se reparte un solo diputado, los 'populares' tienen las de ganar ante la división del voto entre los diferentes partidos de izquierdas, PSPV incluido. De la misma manera, el PP siempre se ha visto beneficiado por el tirón en las capitales de provincia y sus áreas metropolitanas, dado que ahí se juegan un buen puñado de los diputados de la institución.

Aunque la fuerte irrupción de Ciudadanos (C's) en los sondeos ha desestabilizado el mapa electoral nacional y autonómico, en los últimos meses los cálculos del PSPV han puesto de manifiesto las dificultades para poder gobernar en las diputaciones. De hecho, ha sido frecuente escuchar a dirigentes socialistas otorgándose el papel de favoritos para presidir la Generalitat pero expresando sus dudas cuando no descartando tener altas opciones en las corporaciones provinciales, especialmente de Castellón y Alicante.

Así pues, la medida de 'vaciado' de las diputaciones que propone Puig en su libro, además de que coincida con su concepto de regeneración de la Administración, sería la más idónea para abortar un posible contrapoder del PP a la Generalitat. Cabe recordar que las tres diputaciones, actualmente en manos de la formación 'popular', disponen de presupuesto propio -según la ley de Puig iría unido al del Gobierno valenciano- facilitado en gran parte por el Gobierno central y gozan de autonomía para repartir inversiones y contratar a personal. De hecho, siempre se ha considerado que el poder orgánico y territorial en el PP de dirigentes como Carlos Fabra o Alfonso Rus se ha visto muy reforzado por sus cargos de presidente en sus respectivas diputaciones.

De la misma manera, y en esto inciden especialmente desde la cúpula socialista, el fin de esta medida es el de evitar que exista un contrapoder económico que, mientras la Generalitat requiere financiación para determinadas necesidades, realice desde otra institución pública inversiones o destine dinero para otras prioridades que no coinciden con las del Gobierno autonómico.

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