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VALENCIA (EP). El ex director general del parque temático de Benidorm (Alicante) Terra Mítica Miguel Navarro ha defendido su actuación en la empresa y ha asegurado que cuando fue contratado, en enero de 1999, la estructura organizativa "ya estaba muy delimitada, con las direcciones y cuadros de responsabilidades". También ha defendido que él era "el último eslabón de la cadena", la "última firma que se ponía en el cheque", y que si hubiera tenido conocimiento de alguna irregularidad, "evidentemente" la hubiera denunciado y no la hubiera consentido. "Llevo 10 años sin entender esto", ha apostillado en este sentido.

Navarro, licenciado en Derecho y exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, se ha pronunciado así en su declaración como acusado en la quinta sesión del juicio del caso Terra Mítica, en el que se ha investigado un fraude de 4,4 millones de euros en la construcción del parque temático de Benidorm. Se enfrenta a una pena de 10 años de prisión, tal y como le solicita provisionalmente el ministerio fiscal. Tras él, ha declarado también este miércoles Matilde Ripoll, mujer del empresario Vicente Conesa, considerado principal responsable de la trama de facturas falsas del parque.

En primer lugar, Navarro ha seguido en líneas generales la defensa que hizo ayer el expresidente de Terra Mítica, Luis Esteban, y ha negado cualquier tipo de responsabilidad y también se ha referido a Izquierdo. En concreto, ha explicado que cuando accedió al cargo le delegaron poderes, pero los relativos al tema financiero -pagos, emisiones de cheques o pagarés-- los tenía mancomunados con Izquierdo. Solo podía actuar en exclusiva en aspectos que no tenían nada que ver con los fondos.

Así, en cuestiones económicas, ha aseverado que la competencia la tenía el director financiero, y que él era "el último eslabón de la cadena, la última firma que se ponía en el cheque". Ha apuntado que los pagos se solían hacer por pagarés, y que él los firmaba "siempre y cuando estuvieran antes firmados por el director económico". "Si no estaban firmados, yo no podía firmarlos", ha sentenciado.

Cuando él accedió al cargo de director --ha agregado-- ya se había "delimitado" la estructura organizativa, con sus correspondientes directores de departamentos. "Ya se habían estructurado los contratos fundamentales para la ejecución y la puesta en marcha de la obra", ha apostillado. En esta línea, ha aseverado que también se había establecido un protocolo de contratación, y que él lo respetó.

CERTIFICACIONES Y JARDINERÍA

En relación con las certificaciones de obra, el acusado ha explicado que las mismas tenían que ir siempre firmadas por el director facultativo, que era Global-Idom. "Yo no firmé ninguna certificación de obra ni intervine en ellas. Las certificaciones de obras --en las que se justifican los trabajos realizados-- jamás me las pasaban". Junto a ello, ha incidido en que había otra empresa (Bovis) que se encargaba del control presupuestario general y de hacer un informe global sobre el cumplimiento de la obra.

Precisamente a raíz de estas afirmaciones, la fiscal le ha mostrado un contrato en el que consta que el empresario Vicente Conesa --también acusado en este procedimiento-- firmó como dirección facultativa. Preguntado al respecto, ha señalado que no conoce a esta persona "de nada", y que "era un simple proveedor del parque". "Estaba dentro de una UTE y tengo la impresión de que cuando llegué, estaba colaborando en la redacción de proyectos con Global-Idom. No sé si contratado o no, no tengo ni idea". "Pero no se firmó ningún contrato para que ejerciera la dirección facultativa. O al menos que yo firmara, en absoluto", ha dicho.

Otro de los asuntos por los que le ha preguntado la fiscal ha sido por los contratos de jardinería, por los que presuntamente se desviaron fondos y sirvieron para perpetrar el presunto fraude. En concreto, se le ha nombrado un contrato de ajardinamiento aprobado por la comisión ejecutiva, por más de seis millones de euros, y que no recogía ni zona ni fases ni nada. Al respecto, ha señalado que "igual era para todo el parque, con determinadas especies".

Así mismo, se le ha preguntado por otro contrato firmado por él con C-3, con una persona llamada José Vicente Pascual. Respecto a él, ha indicado que no lo conoce, pero que esto era normal porque firmó miles de contratos laborales y no conocía a las personas con las que firmaba. El importe de este contrato ascendía a unos 15 millones de pesetas al mes por el mantenimiento de la jardinería y de la red de riego. Sin embargo, en la causa figura otro contrato por este concepto por el que también se abonaban 21 millones de pesetas al mes. Interpelado por este extremo, ha dicho que desconoce el motivo.

Interpelado por si no le llamaba la atención que se pagaran facturas por trabajos de jardinería cuando el gran concepto se había contratado con la UTE Terra Verd, ha aseverado: "Dos veces al mes me pasaban montañas de más de 500 cheques para firmar de todo tipo de facturas. Me pasaban miles de facturas y de cheques", ha subrayado.

Al acusado se le ha preguntado esta línea por quién debía haber detectado que se estaban facturando trabajos que ya realizaba la UTE, a lo que ha respondido que "eslabones de la cadena anteriores a mí. Los que validaron las facturas". Ha recordado que los eslabones pasaban por el director técnico (Antonio Rincón), el de contratación (Justo Valverde) y el económico-financiero (Miguel Izquierdo).

"Ésta es la línea y eslabones de la cadena", ha apostillado. Así mismo, respecto a si sabía que había trabajadores irregulares durante la construcción del parque, ha indicado que él personalmente no, que "había mucha gente" y que "había distintos controles" para detectar estas situaciones.

RIPOLL, "PLENOS PODERES"

Tras Navarro -quien ha estado declarando durante alrededor de cuatro horas-- le ha tocado el turno a Matilde Ripoll, quien ha asegurado que no tiene "ni idea de nada" relacionado con el parque temático, al tiempo que ha indicado que otorgó plenos poderes a su marido para actuar en su nombre "con confianza infinita". La acusada, que se enfrenta a 27 años y medio de cárcel -tal y como solicita la fiscal--, figura como en el accionariado de empresas de su esposo, junto con sus hijos.

Ripoll ha afirmado que se enteró de que formaba parte del consejo de administración de las empresas de su marido -entre ellas, de C-3 Ingeniería de la Construcción-- cuando fue citada por primera vez en el juzgado. En ese momento, ha dicho que le preguntó a su marido y éste le dijo que no se preocupara, que "la cosa no iba conmigo, que no tenía nada que ver y que me olvidara del tema", le comentó.

Ha explicado que otorgó poderes "absolutos" a su marido para actuar en su nombre hace años, porque cualquier cosa que le ha pedido su esposo, lo ha hecho desde su "más entera sinceridad". "Yo -ha añadido-- no me he dedicado más que a mi familia,a mi casa, a mi marido y a mis hijos. Sinceramente he confiado en él. Le concedí los poderes y no le pregunté más", ha aseverado. "Mi marido jamás me ha dado información o explicaciones ni yo se las he pedido jamás", ha agregado.

La acusada ha aseverado que sabe que su marido estuvo trabajando en Terra Mítica pero desconoce en calidad de qué y cómo. "Sé que en cosas de medio ambiente y todo eso, pero nada más. No he sido consciente de todo esto", ha repetido. Preguntada por un contrato de riego de especies arbóreas, primero ha indicado que es como si le hablaran "en chino", y tras concretarle la fiscal que se refería a un contrato de árboles, ha respondido que no ha firmado nada de eso que recuerde, y que si lo ha hecho, ha sido porque se lo pediría su marido.