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MADRID (EP). El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha aplazado por motivos personales la declaración del expresidente del Banco de Valencia, José Luis Olivas, prevista para mañana por las operaciones que la entidad concertó con el promotor inmobiliario Ramón Salvador, que habrían ocasionado al banco un perjuicio superior a los 120 millones de euros, según informaron fuentes jurídicas.
El magistrado, que investiga el desvío de fondos al Grupo Salvador, ha interrogado este lunes al ex consejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra, que ha declarado durante dos horas y ha asegurado que él no aprobó individualmente ningún negocio llevado a cabo con el empresario alicantino.
En este sentido, Parra ha aseverado que las operaciones de la entidad con Salvador pasaron todos los filtros de los distintos comités y ha añadido que no se trataban de compraventa de activos inmobiliarios, como mantiene la acusación, sino de daciones en pago para saldar las deudas de Salvador.
El juez Pedraz ha aplazado 'sine die' el interrogatorio del exdirector de participaciones inmobiliarias del banco Alfonso Monferrer, que estaba fijado para este lunes, el del ex consejero delegado de Bancaja Hábitat José Cortina, y el del propio Olivas, a quienes llamará más adelante a declarar.
El magistrado, que investiga las irregularidades en la gestión del Banco de Valencia (BdV), mantiene la comparecencia del próximo miércoles del ex director general de Bancaja Aurelio Izquierdo y el empresario Ramón Salvador.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se querelló contra estas seis personas por un delito de apropiación indebida, que también atribuyó a la sociedad Residencial Mira Llevant, por el desvío de fondos al grupo de empresas del promotor inmobiliario Ramón Salvador, que ocasionó un perjuicio superior a los 120 millones de euros a ambas entidades.
UNA SANGRÍA ECONÓMICA
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 investiga el trato privilegiado dispensado a las sociedades de Salvador, quien además era accionista del Banco de Valencia, propietario de abundante suelo en Alicante y Murcia y cuyas empresas recibieron 631 millones de euros entre 2007 y 2012, una "sangría económica que solo se paralizó gracias a la intervención en el BdV del Banco de España".
El FROB detectó una serie de operaciones de "dudosa" racionalidad económica relacionadas con el grupo empresarial de Salvador, quien obtuvo un "trato inexplicablemente privilegiado" por parte de Banco de Valencia y Bancaja mientras José Luis Olivas estaba al frente del Consejo de Administración.
"Gran parte de la financiación concedida ha sido irregular y temeraria desde el punto de vista de la gestión de riesgos", añadía el organismo, que se centra en los fondos que ambas entidades destinaron a la sociedad Hábitat 2018 (H2018) mediante compraventas "fraudulentas" de activos, por valor de 202 millones.
"H2018 se convirtió en un instrumento para proporcionar delictivamente financiación al Grupo de Salvador, simulándolo bajo la apariencia de activos inmobiliarios que habían sido previamente sobrevalorados mediante tasaciones falsas", recoge la querella.
Además, pone de manifiesto que el grupo de Salvador logró una inyección adicional de capital por valor de 204 millones de euros gracias a la "connivencia" que su dueño tenía con "altos responsables" de ambas entidades y pese a tener una deuda de 221 millones de euros.
LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO
"Salvador había encontrado en H2018, con la complacencia de los restantes querellados, la 'gallina de los huevos de oro': una máquina maravillosa para convertir activos prácticamente sin valor en un mercado inmobiliario como el del año 2011 en grandes sumas de dinero con las que solventar sus graves problemas financieros por esas fechas", prosigue el FROB.
Este organismo considera además responsables civiles, en defecto de los autores, a las sociedades Investia Corporate, Fincas Altabix 2000, Promociones Barmendi, Promociones Salpa-Milenium y Artunduaga Gestión Urbanística.
El FROB interpuso varias querellas centradas en el diseño y la aprobación, por parte de distintos exdirectivos de la entidad, de operaciones de financiación "verdaderamente ruinosas", principalmente negocios inmobiliarios a los que se aparejó la concesión de créditos presuntamente irregulares, y que depararon un elevado perjuicio económico al banco.
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