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MADRID (EP). El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite tres recursos de inconstitucionalidad presentados por el grupo parlamentario socialista, por la Generalitat catalana y el Parlament en contra del real decreto en el que se fija la indemnización para los promotores del almacén subterráneo de gas de Castor, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón).

El alto tribunal abordará el encaje constitucional del real decreto ley 13/2014, para lo que ha decidido dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno central, que disponen de 15 días para personarse en el procedimiento.

El PSOE recurrió el decreto ley a comienzos de año, al considerar que la empresa promotora de Castor, Escal UGS, ha recibido una indemnización de 1.350 millones que se repercutirá en la tarifa de gas durante 30 años "sin intentar saber qué había pasado realmente", según indicó en su momento el secretario de Reformas Democráticas del partido, Ximo Puig.

El texto presentado por el partido ante el TC argumenta que hasta seis artículos del decreto ley "exceden ampliamente, en su contenido regulatorio, el marco y los criterios constitucionales establecidos por la jurisprudencia" en materia de "adecuación constitucional de las leyes singulares".

En concreto, los socialistas consideran que la norma aprobada por el Ejecutivo afecta a principios y derechos fundamentales del orden constitucional como son el principio de igualdad, el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, la tutela judicial efectiva y los derechos de los consumidores y usuarios.

En cuanto a la Generalitat de Catalunya, la presentación del recurso fue anunciada a finales del año pasado por el Conseller de Presidencia, Francesc Homs, a la vista de la "la falta de justificación y proporcionalidad de la singularidad de la regulación establecida" de la norma, en la que no se percibe, además, "concurrencia de una extraordinaria urgencia".

Para el Govern, la resolución de la concesión del almacén Castor con un real decreto ley implanta un régimen singular y diferente del que resultaría de la aplicación de la legislación general vigente, "lo que vulnera la prohibición constitucional de la desigualdad arbitraria y dificulta el control de la garantía de los derechos e intereses afectados por parte de la Justicia".