AVISO DE COOKIES: Este sitio web hace uso de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así como la mejora del funcionamiento y personalización de la experiencia de navegación del usuario. Aceptar
Más información
CASTELLÓN (EFE). El juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs será el encargado de instruir la causa que deberá esclarecer si existió delito en la concesión de autorizaciones y licencias al proyecto gasístico Castor, que provocó pequeños terremotos en la zona, y en la gestión ambiental de la empresa concesionaria, Escal UGS.
Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la querella, presentada por la Fiscalía de Castellón, ha sido repartida por el decanato de los juzgados de Castellón y le ha correspondido al juzgado de instrucción número 4 de Vinaròs.
Las mismas fuentes han señalado que de momento, dado que el juzgado está de guardia, la causa está pendiente de ser registrada, por lo que todavía no se han tomado decisiones en el proceso.
El pasado 23 de diciembre la Fiscalía de Castellón anunció que iba a presentar una denuncia por los hechos "aparentemente delictivos" en la gestión del almacén de gas Castor contra los organismos públicos que concedieron la autorización y contra la empresa Escal UGS por "prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente".
En septiembre de 2013, en el entorno del almacén de Gas, situado frente a las costas de Vinaròs, se produjeron unos 400 seísmos de baja magnitud, aunque cuatro de ellos se situaron en torno a los 4 grados en la escala de Ritcher, y fueron percibidos por la población.
La Fiscalía acordó entonces incoar de oficio diligencias de investigación penal para esclarecer los múltiples terremotos.
Según fuentes de la Fiscalía de Castellón, la denuncia estaba dirigida contra los responsables del Instituto Geológico y Minero y de los ministerios de Medio Ambiente y de Industria que "intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación" del proyecto Castor, según explicaron fuentes de la Fiscalía.
Asimismo la querella va dirigida también contra la mercantil Escal UGS -la empresa que construyó la planta y que la gestionaba hasta su cierre por los seísmos- por "delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente".
Actualmente no hay comentarios para esta noticia.
Si quieres dejarnos un comentario rellena el siguiente formulario con tu nombre, tu dirección de correo electrónico y tu comentario.
Tu email nunca será publicado o compartido. Los campos con * son obligatorios. Los comentarios deben ser aprobados por el administrador antes de ser publicados.
imprimir
meneame
whatsapp
