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Por un pacto de Estado

19/10/2010

Los participantes en el V Encuentro de Economía y Sociedad, celebrado en Valencia este martes, organizado por AVE e inaugurado por el presidente de la Generalitat, han leído una declaración conjunta en la que abogan por un pacto de Estado por la competitividad y el empleo (texto íntegro de la declaración)

VALENCIA. Participaron en el encuentro la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), el Círculo de Empresarios de Madrid, el Círculo de Empresarios de Galicia, el Círculo de Empresarios de Mallorca, el Círculo de Empresarios Vascos, la Institución Futuro de Navarra y el Observatorio Económico de Andalucía.

El texto íntegro de la declaración es el siguiente:

 

PACTO DE ESTADO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

 Por un pacto de Estado que incremente la competitividad de la economía española y contribuya a la generación de empleo de calidad

 La economía española se ve aquejada en la actualidad por tres grandes problemas estrechamente interrelacionados y cuya solución debe ser abordada de forma inmediata y simultánea. En caso contrario se corre el riesgo de un declive económico sostenido, una creciente frustración social y un serio proceso de deslegitimación del sistema político.

Los problemas en cuestión son:

a) La alta tasa de paro;

b) El bajo nivel de competitividad de nuestra economía;

c) La velocidad de crecimiento del fuerte endeudamiento externo.

A todo ello hay que añadir la percepción generalizada del predominio de los intereses particulares de partidos políticos y organizaciones económicas y sociales sobre el interés general.

La sociedad española ha vivido durante el periodo 1996-2008 una fase de rápido crecimiento, sustentado en la demanda interna, el endeudamiento externo, el crédito fácil y actividades de bajo valor añadido, que generó un significativo incremento de empleos de baja cualificación.

Este proceso, que ha alimentado una euforia desmedida y unas expectativas irracionales, no sólo ha llevado a España a vivir por encima de sus posibilidades, sino que ha desincentivado el desarrollo de actividades más complejas, intensivas en conocimiento y de alto valor añadido.

Consecuencia de lo anterior es que la productividad ha permanecido prácticamente estancada, los precios y salarios han crecido muy por encima de los de nuestros socios y, sobre todo, de los de nuestros competidores comerciales.

Es por todo ello por lo que:

a) nuestra economía ha sufrido una significativa pérdida de competitividad;

b) estamos padeciendo un desfase en el desarrollo de las capacidades creativas (tecnológicas, humanas y empresariales) y de adaptación al cambio del entorno;

c) los ciudadanos, las empresas y la economía nacional acumulan un fuerte endeudamiento.

Pero lo más grave es que la euforia vivida nos ha hecho olvidar asignaturas pendientes, sin cuya superación es imposible seguir avanzando de forma sólida:

a) regulación laboral no adecuada a las necesidades del nuevo escenario económico de la globalización y de la economía del conocimiento;

b) administración pública poco ágil y de alto coste, con duplicidades y solapamientos entre sus tres niveles;

c) escasa inversión en I+D para una sociedad con nuestro nivel de vida y aspiraciones;

d) sistema de innovación débil y poco articulado;

e) sistema de formación poco operativo para una economía avanzada, con una formación universitaria escasamente adaptada a las necesidades de la economía, así como un serio descuido de la formación profesional.

Aunque ha faltado perspectiva de largo plazo y ha sobrado optimismo infundado entre nuestros gobernantes, que han retrasado una respuesta coherente a la crisis, no tiene sentido buscar culpables. Todos lo hemos sido en alguna medida. De lo que se trata ahora es de tomar conciencia, con seriedad y altura de miras, de los problemas de fondo que nos aquejan y actuar en consecuencia, con convicción y pensamiento de largo plazo, para hacer lo que otros países de nuestro entorno ya han hecho.

España no es diferente, ni puede serlo. La pertenencia a la Zona Euro hace imposible recurrir al tradicional instrumento de la devaluación, tantas veces empleado para recuperar la competitividad perdida. Son imprescindibles cambios institucionales y estructurales de calado. Aunque sean costosos, hay que afrontarlos con decisión y cuanto antes, pues son la única vía para superar la crisis, recuperar el tiempo perdido y hacer posible un futuro más prometedor. Sin olvidar que esto nos brinda la oportunidad de hacer de la necesidad virtud y de incrementar la confianza tanto de familias como de empresas, tras meses en mínimos históricos.

Con una tasa de paro superior al 20%, crear empleo es la máxima prioridad de nuestra sociedad, por lo que debe ser el principal cometido de la actividad y la política económica.

De cara a ese objetivo, es imprescindible volver a la senda del crecimiento. Para ello, debemos apoyarnos en las exportaciones y la inversión productiva. Sólo si el crecimiento funciona es posible esperar una reactivación del consumo interno, que lo refuerce, así como una disminución del desequilibrio externo, un grave problema de la economía española. Para ello es fundamental el papel de los empresarios como creadores de empleo.

Pero no todo son problemas:

a) España cuenta en la actualidad con una dotación de capital empresarial y humano como nunca ha tenido.

b) Es sede de auténticos campeones empresariales de rango internacional.

c) Está desarrollando competencias en sectores de futuro.

d) Goza de ventajas naturales, culturales, de localización y de seguridad de estratégico valor para las actividades turísticas, de ocio y residenciales.

e) Dispone de una densa y moderna red de infraestructuras.

f) Tiene un gran potencial de producción de conocimiento económicamente útil.

Impulsar estas potencialidades y unir fuerzas con el propósito de salir reforzados de la crisis, es lo que España necesita para reactivar su economía y crear empleo de calidad.

Las empresas son el motor de este proceso, pero las reformas estructurales y una política económica seria, bien articulada, con visión de largo plazo, bien comunicada y con amplio respaldo, constituyen el catalizador necesario.

Para ser efectivos es imprescindible ganar competitividad y generar confianza en los inversores, tanto internos como externos. Esto no es posible sin resolver los problemas estructurales que sufre el país, impulsar actividades de mayor valor añadido y crear un ambiente estimulante a la vez que atractivo.

¿Y cómo lo hacemos? Es necesario un gran esfuerzo de todos, con objeto de conseguir el progreso de España sustentado en una estrategia clara de competitividad económica, estabilidad social y seguridad energética.

Dicha estrategia debe sustentarse en los siguientes pilares:

1) Realismo, unidad y esfuerzo colectivo.

Una política de comunicación veraz que transmita a los ciudadanos, de forma razonada, sistemática y convincente, la auténtica magnitud del problema económico del país, así como la necesidad de asumir sacrificios colectivos a corto plazo con el fin de asegurar el futuro, resulta imprescindible.

Los políticos, los empresarios, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil deben asumir, con valor y generosidad, la responsabilidad de crear una nueva conciencia y espíritu colectivos, de forma unitaria y sin fisuras. Pero los responsables públicos y los partidos políticos tienen también que prestar más atención a la sociedad civil, que es frecuentemente ignorada en sus llamadas de alerta, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en las sociedades anglosajonas.

En situaciones difíciles como la actual, el interés nacional reclama:

a) pensar a largo plazo y con realismo, con las miras puestas en los intereses generales;

b) adoptar una actitud dialogante y constructiva que dé lugar a una unidad de acción que genere esperanza, ilusión y motivación para seguir avanzando.

Los posicionamientos partidistas, la confrontación y la confusión que éstos generan, sólo incrementan el pesimismo y la desmotivación, tanto empresarial como de los ciudadanos en general.

Debemos generar un marco ético en el que prevalezcan:

a) los valores, como la honradez, la transparencia, el rigor, la lealtad, la confianza y el interés de la sociedad;

b) las actitudes, como el esfuerzo, el trabajo bien hecho, la cooperación y el compromiso.

2) Apuesta por la reindustrialización de la economía española.

De manera general, son necesarios el apoyo a la diversificación empresarial, el estímulo al espíritu emprendedor, el fomento decidido de las exportaciones y de la internacionalización empresarial, así como la coordinación de la política nacional con la de las Comunidades Autónomas.

De forma específica, es necesario apoyar decididamente aquellas actividades en las que España pueda desarrollar ventajas competitivas sostenibles. Además, es importante la creación de un ambiente institucional estimulador, que disminuya la incertidumbre y que garantice la seguridad jurídica.

Es fundamental dar un fuerte impulso al desarrollo del sistema nacional de innovación como refuerzo de las actividades tradicionales y emergentes, al tiempo que fuente de generación de nuevas actividades.

Ligado a lo anterior, el reconocimiento del enorme potencial que para la sociedad supone la existencia de una generación de jóvenes con un alto nivel de formación, hace necesarias políticas de valorización de ese talento, orientándolo hacia actividades emprendedoras, como vehículo del cambio de modelo productivo que España precisa.

Con el objetivo de capitalizar nuestro tejido industrial, es necesario desarrollar instrumentos financieros adecuados y, en especial, potenciar el sector de capital riesgo y capital desarrollo.

3) Reducción y reestructuración del gasto público y racionalización del estado del bienestar.

Es imprescindible una seria reestructuración del gasto público, eliminando funciones y gastos superfluos, disminuyendo el gasto no esencial e incrementando la inversión pública productiva que estimule la I+D+i, el desarrollo del capital humano y la internacionalización de las empresas.

La racionalización del estado del bienestar es absolutamente necesaria para garantizar su conservación y eficacia. Ello requiere:

a) llevar a cabo la modernización digital;

b) la racionalización de la sanidad, creando un sistema socio-sanitario en el que el sistema sanitario y el de bienestar social estén más integrados, con el objeto de reducir costes y elevar la calidad del servicio;

c) la introducción del copago, salvo para los más desfavorecidos, en la sanidad y la educación universitaria, dado el peso presupuestario de estos servicios;

d) la prolongación de la vida laboral, teniendo en cuenta las características de las actividades y puestos de trabajo, así como el periodo cotizado. Esta es una exigencia de sostenibilidad económica de la Seguridad Social, dada la elevación de la esperanza de vida, y resulta asumible para una parte creciente del colectivo laboral si se tiene en cuenta el cambio en la estructura productiva del país. De ahí que sea aconsejable comenzar a plantear un debate serio y riguroso que conduzca a un nuevo sistema que vincule la edad laboral con la denominada ‘healthy life' (vida con salud) y la esperanza de vida.

4) Política racional de salarios, contención de precios y promoción de la reinversión de beneficios.

Una política de racionalización de salarios, ligados a la productividad, que permita compensar, en parte, el desfase de más de veinte puntos, generado desde 1995, entre el coste unitario de España y la media de la Zona Euro.

Promoción de estrategias empresariales de ajuste de costes, precios y calidades que mejore la competitividad de productos y servicios, adaptando la oferta a la contracción de la capacidad real de compra de los españoles.

Promoción de la reinversión de beneficios para impulsar el crecimiento, la innovación y la competitividad empresarial.

5) Avance en la reforma laboral.

Una  reforma  en  profundidad  del  mercado de trabajo que nos sitúe en sintonía con el resto de Europa y favorezca tanto la flexibilidad del aparato productivo como la generación de empleo de calidad.

Son imprescindibles:

a) cambios serios en la negociación colectiva, en beneficio de los acuerdos de empresa;

b) un control efectivo del absentismo laboral;

c) el compromiso de empresarios y trabajadores con el incremento de la productividad, así como de la formación;

d) abordar la reforma de la regulación en materia de huelga.

6) Reforma de la Administración.

Es no sólo imprescindible sino urgente una reforma a fondo de la Administración Pública que la modernice y simplifique, tanto tecnológica como culturalmente, que ponga en valor la figura y el papel del funcionario, reduzca significativamente los costes de transacción de ciudadanos y empresas con los organismos públicos, introduzca criterios de productividad y eficiencia al tiempo que dé lugar a un Estado eficaz y promotor así como a una Administración que contribuya al crecimiento y no lo entorpezca.

Es inaplazable poner fin a la designación política de los altos cargos funcionariales de la estructura administrativa.

7) Reorientación de la política energética.

Es necesaria una política energética seria y previsible que genere un mix energético económicamente sostenible y seguro, estimulando actividades de futuro.

Una postura más abierta con respecto a la energía nuclear es imprescindible, al igual que una revisión racional del modelo de primas a las renovables.

Es igualmente preciso generar un debate serio y abierto a la sociedad sobre el coste real (económico y ambiental) de la producción energética según sus fuentes de procedencia. Ello constituye una condición ineludible para que los costes reales de la energía se asuman, trasladándolos de forma transparente y responsable al consumidor.

Una apuesta seria por el ahorro energético es inaplazable. Esta política conlleva no sólo una disminución de los costes para el usuario y una menor dependencia energética, sino también la oportunidad de impulsar la actividad de rehabilitación de viviendas y el desarrollo de nuevas actividades productivas, con la consiguiente generación de empleo.

8) Transformación del modelo educativo.

Necesitamos una reforma en profundidad del sistema de formación, pensando en las necesidades de la economía digital, así como de la economía del conocimiento, y la articulación de una robusta política activa de empleo. Es imprescindible y urgente el crecimiento en cantidad, variedad y calidad de la oferta de formación profesional, así como el fomento de su demanda, al igual que la búsqueda de la excelencia en la formación universitaria.

España no carece de capacidades para afrontar el reto al que hoy se enfrenta.

Nunca como ahora hemos contado con tantas capacidades empresariales, humanas, infraestructurales y productivas. Si en otros momentos, con menos recursos, hemos salido reforzados de las crisis, con mayor razón podemos hacerlo ahora.

Pero para que eso ocurra, es necesario un sentido práctico así como una voluntad de concertación y acción coordinada de actores políticos, económicos y sociales que, desgraciadamente, se ha echado muy en falta en los últimos años.

Nuestro país sufre la inercia y el apoltronamiento político, social y empresarial, producto de un largo periodo de bonanza. Necesitamos despertar y asumir la realidad de hoy con una nueva visión de las cosas. Se trata de cambiar de actitud, no de función. Todos, políticos, actores empresariales y sindicatos, son necesarios. Pero deben reconsiderar sus posiciones, sus objetivos y prácticas, para que España recupere la senda del progreso y se sitúe en el puesto que le corresponde dentro de la sociedad mundial.

El modelo económico del pasado, especialmente movido por la actividad inmobiliaria, la construcción, los servicios de bajo valor, el dinero fácil y la especulación, ha demostrado sus debilidades, por lo que ha dejado de ser operativo. La visión dominante del quehacer político está trasnochada. El modelo de relaciones laborales, así como los objetivos de la negociación entre los agentes económicos y sociales, constituyen una auténtica losa que impide emerger de la actual situación de crisis.

Una crisis política y una creciente confrontación social no harían más que aumentar la confusión, posponer las soluciones necesarias, incrementar la desconfianza internacional en el futuro de nuestra economía y precipitarla en una profunda depresión.

Se impone una reflexión honesta, valiente, inteligente y que tenga en cuenta el corto, el medio y el largo plazo de forma simultánea; que cambie creencias, actitudes y prácticas de los principales actores políticos, tanto empresariales como sociales, imponiendo los principios de mejora continua, transparencia, responsabilidad, participación social y solidaridad intra e intergeneracional en la acción colectiva; que, al mismo tiempo, dé lugar a un gran pacto por la modernización, la competitividad y la reactivación de la economía española.

Sólo así será posible que España despliegue todo su potencial de desarrollo, que es mucho. Con ello se logrará que los ciudadanos recuperen la esperanza, la ilusión y la confianza en el futuro, el principal motor de la economía productiva.

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