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VALENCIA (EFE). El Gobierno valenciano asegura que comparte "buena parte de los argumentos" de la iniciativa legislativa popular (ILP) para una nueva radiotelevisión pública, pero opina que en estos momentos "no cabe exigir más impuestos" a los ciudadanos con los que financiar una nueva televisión pública. 
Así consta en el criterio del Consell sobre esa ILP remitido a Les Corts, en el que muestra su conformidad a la tramitación de la proposición de ley del servicio público de radio televisión valenciana al considerar "conveniente" que la propuesta normativa se debata en la Cámara autonómica.
El Ejecutivo valenciano expresa su "profundo respeto" al ejercicio de la iniciativa legislativa popular, que permite "la participación del titular de la soberanía en la tarea de elaboración de las normas".
"Ello no obstante, las circunstancias que llevaron a tomar la decisión del cierre de RTVV SA hace un año, en defensa de los intereses generales, siguen siendo las mismas", expone el Consell, que recuerda que está en curso el proceso de liquidación tanto de la extinta RTVV como de la mercantil RTVV SAU.
"En estos momentos, aún compartiendo buena parte de los argumentos que se recogen en la memoria de la iniciativa y en la exposición de motivos del texto articulado, no cabe exigir más impuestos a los ciudadanos y las ciudadanas de la Comunitat Valenciana con los que poder financiar una nueva televisión pública", añade.
El escrito del Consell recuerda que esta ILP ha superado el requisito mínimo de las 50.000 firmas válidas, tras lo que se ordenó la publicación en el Boletín de Les Corts de la proposición de ley del servicio público de radio televisión valenciana, compuesta por siete artículos y varias disposiciones.
La ILP recoge el derecho al uso y fomento del valenciano y al fomento del patrimonio cultural y ambiental valenciano, así como la obligación de la Generalitat de crear y mantener un servicio público de radio y televisión.
También establece que el Consell presentará en el plazo de seis meses un proyecto de ley que dé contenido a los derechos colectivos y se ajuste a los principios recogidos en la propuesta, y que si no lo hace transcurrido ese plazo serán Les Corts las que acometan las redacción de una proposición de ley con la misma finalidad.
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