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VALENCIA (EFE). El Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, ha pedido ampliar las competencias de los órganos de control y se establezcan mecanismos para que cuando se detecten responsabilidades se recupere lo defraudado.
Vicente Queralt ha formulado esta petición durante su participación en la cuarta edición del Congreso Nacional de Auditoría del Sector Público, celebrado en Palma de Mallorca y en el que se ha debatido el sistema actual de control y auditoría de la gestión económica y contable en España y Europa.
En su ponencia, Rafael Vicente ha defendido que "ante una crisis tan compleja como ésta el ciudadano ha de confiar en los órganos de control -interno y externo-, que deben ser expertos e independientes para emitir una opinión fiable, técnica y crítica, especialmente en cuestiones que lesionen al interés general (corrupción)".
Según Vicente Queralt, "la ciudadanía nos pide que actuemos de intermediarios entre el gestor público y la sociedad. Nos piden que les hagamos llegar en un lenguaje inteligible y comprensible el resultado de nuestra opinión acerca del funcionamiento de la Administración Pública y de la utilización de sus recursos".
Para dar respuesta a las nuevas demandas sociales, el Síndic de Comptes ha defendido una actualización de las normas de fiscalización.
Entre estas medidas se incluye una adecuada planificación de las áreas de riesgo de auditoría con la utilización de las nuevas tecnologías y la coordinación con el control interno.
Propone también una homogeneización e inmediatez de los informes de fiscalización, que podrían exigirse con carácter trimestral o semestral, para que el órgano fiscalizador pudiera emitir conclusiones provisionales para mejora y conocimiento del ente fiscalizado.
Defiende también la ampliación de los alcances y de la información a suministrar con una concreción e identificación de las posibles incorrecciones, debilidades, abusos e irregularidades, así como la determinación, en su caso, de las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir y la adopción de mecanismos para la recuperación de lo defraudado.
Según Rafael Vicente, "la dificultad para modificar y actualizar estas normas obliga a través de la colaboración entre las instituciones de control externo, y con iniciativas impulsadas por los propios organismos para mejorar la transparencia y el buen gobierno"
Cuando se tiene conocimiento de la comisión de un delito de los calificados públicos, y entre ellos puede estar la malversación fondos públicos, concurre la obligación legal para quien lo conozca de denunciarlo al juzgado correspondiente o a la fiscalia, porque hasta ahora no se ha hecho por parte de la Sindicatura valenciana, en los numerosos casos donde a lo largo del tiempo ha ido conociendo e insinuado en sus informes de fiscalización de cuentas públicas. No estaria mal tener una respuesta conviincente.
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