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CASTELLÓN (EFE). El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón investiga las supuestas irregularidades en los pagos de la Escuela Taurina de la Diputación de Castellón durante 2009, después de la denuncia presentada por Compromís.

Según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano, el juzgado, como es habitual tras la presentación de una denuncia, ha iniciado la investigación para determinar si los hechos expuestos son constitutivos de delito.

El coportavoz de Compromís en Castellón, Carles Mulet, ha explicado a EFE que, por el momento, no se ha citado a declarar a ninguna persona en calidad de imputado.

Mulet ha explicado que la formación interpuso ante la Fiscalía una denuncia en mayo de 2014 contra el presidente de la Diputación, Javier Moliner, el diputado José Francisco Pons y el exdirector de la Escuela Taurina de Castellón Rufino Milián.

Según Compromís, se podrían haber cometido los supuestos delitos de malversación, apropiación indebida, falsificación de documento y prevaricación en relación a presuntos cobros con cargo a la caja fija de la Escuela Taurina, de "toda una serie de gastos y honorarios que ya estarían cubiertos por contratos con empresas privadas".

El coportavoz ha asegurado que tras comprobar que la Fiscalía no había iniciado diligencia alguna para investigar los hechos, se trasladó la misma denuncia al Juzgado a finales de junio.

El pasado 27 de octubre, la Fiscalía acordó archivar las diligencias para remitirlas al Juzgado de Instrucción número 4, donde ya se habían iniciado las diligencias de investigación por la misma denuncia.

En un comunicado de Compromís, Mulet ha explicado que ahora el citado juzgado ha dado traslado a la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional (UDEF) para que investigue las cuentas de la Escuela Taurina.

Mulet ha explicado que Compromís presentó la denuncia después de haber tenido acceso a una serie de documentación que acreditaría la posible comisión de delitos ed prevaricación, falsificación de documentos públicos y documentos privados, de abandono de destino y de omisión del deber de perseguir delitos, de soborno, de malversación, de fraudes y exacciones ilegales y de desobediencia y denegación de auxilio.

Según la documentación aportada, presuntamente se habría podido cobrar de la caja fija de la Escuela Taurina toda una serie de gastos y honorarios que ya estarían cubiertos por contratos con empresas privadas.

Estos hechos, según Compromís, supondrían o una duplicidad en la facturación, o hacer pagar al erario público gastos que se era consciente no se tenían que pagar con dinero público.

Esta manera de facturar se habría hecho de manera reiterada y habría podido provocar "un grave agujero económico a las arcas públicas, para el presunto lucro de terceros", añade Mulet.