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VALENCIA (EP). Un hombre, exrecaudador de tributos del Ayuntamiento de Benetússer (Valencia), ha reconocido haberse llevado 554.668, 25 euros con la liquidación de algunos tributos como el IBI o las tasas de basura y alcantarillado, pero ha defendido que en la corporación municipal "hay muchos técnicos" que "tenían que haber controlado la situación".

El fiscal pedía para este hombre, cuyo juicio contra él se ha celebrado este jueves en la Audiencia de Valencia, la pena de siete años de cárcel por un delito continuado de malversación de caudales públicos, pero finalmente se ha llegado a un acuerdo con la defensa por el que el acusado ha reconocido los hechos y se le ha rebajado la pena hasta los cinco años y medio, con una inhabilitación absoluta de 12 años y el pago de las costas.

Pese a este acuerdo, el tribunal se ha visto obligado a tomar declaración al acusado y a otros testigos, puesto que la acusación particular --que representa al Ayuntamiento-- no se ha sumado a la conformidad y mantiene la petición de ocho años de prisión para el exrecaudador. Ahora será la Audiencia la que fije definitivamente la pena impuesta al acusado, quien lleva en prisión provisional aproximadamente dos años.

El hombre fue desde 1982 adjudicatario de sucesivos contratos, en ocasiones prorrogados tácitamente, del servicio de colaboración en la gestión de recaudación voluntaria y efectiva de los tributos municipales del Ayuntamiento de Benetússer. Solía cobrar entre 90.000 y 100.000 euros anuales por sus servicios.

La última adjudicación se produjo por acuerdo del pleno del consistorio en diciembre de 2007, y aunque el contrato era por un año, siguió vigente hasta el 1 de enero de 2011. Durante este tiempo se mantuvo junto al sistema de pago por domiciliación bancaria el sistema de recaudación en efectivo, en el cual los contribuyentes en la oficina situada en el consistorio pagaban al acusado en metálico la cuantía del tributo, y éste les daba el correspondiente recibe del pago.

Desde el año 2000, tal y como ha reconocido durante la vista el propio acusado, empezó a apropiarse sistemáticamente y en cuantía cada vez mayor de parte de las cantidades que recibía, en vez de ingresarlas en la cuenta bancaria del Ayuntamiento, como estaba obligado. De esta forma, en el año 2000 se apropió de 4.845,39 euros; en 2001 de 12.705; en 2002 de 21.521,11 euros; en 2003 de 27.382,65; en 2004 de 27.852,20 euros; en 2005 de 29.448,07; en 2006 de 25.624,85 euros; en 2007 de 23.938,17 euros; en el año 2008 de 130.549,67; en 2009 de 31.042,58 euros; y en 2010 de 220.627,84 euros.

El hombre, aunque ha reconocido los hechos, ha aclarado que durante su etapa en el consistorio había una conexión entre el sistema informático y la tesorería, con lo que ha dicho que lo declarado por un par de testigos, interventoras del Ayuntamiento, sobre la ausencia de esta comunicación es "mentira". "Que la hayan usado o no, lo desconozco", ha puntualizado.

"ME SIENTO INDEFENSO"

También se ha referido a la tesis que mantiene la acusación particular sobre presunto abuso de confianza del acusado, a lo que ha dicho que este extremo "no es verdad" porque "por mucha confianza, en la corporación hay técnicos responsables que tenían que haber controlado la situación", ha apostillado. Así, ha agregado: "Desde la institución me siento indefenso".

Pero este control se complicaba cuando el acusado, según el escrito fiscal cuyos hechos ha reconocido, para evitar que el tesorero del Ayuntamiento, el secretario y el interventor a los que debía presentar la cuenta de recaudación periódicamente se dieran cuenta de que había sustraído cantidades, hacía contar como impagados recibos de tributos que habían sido abonados por los contribuyentes mediante domiciliación bancaria.

La suma de recibos que declaraba impagados, pese a lo que habían sido, equivalía a la suma de cantidades recibidas en efectivo de otros contribuyentes de la que el acusado se había apropiado.

En octubre de 2010 se adjudicó el Servicio de Colaboración en la Gestión recaudatoria del Ayuntamiento a otra mercantil, y en enero de 2011, cuando esta empresa comenzó a prestar este servicio, se descubrieron y denunciaron los hechos. En enero de 2011 el acusado viajó a Colombia y se instaló allí, de donde fue extraditado a España por esta causa.