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VALENCIA (EP). La sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ha avalado la reducción de liberados sindicales que aplicó la Conselleria de Educación por "la necesidad de adecuar este derecho sindical al contexto económico" y la realidad de una "coyuntura económica distinta". 

En concreto, el tribunal da la razón a la administración al desestimar un recurso interpuesto por el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV-IV) contra la limitación a 49 del número de permanentes sindicales frente a los 62 a que tenía derecho anteriormente.

En la sentencia --fechada el pasado 29 de abril y contra la que cabía interponer recurso de casación en el plazo de 10 días-- se recuerda que STEPV fundamentó sus alegaciones en que la administración había incumplido los mandatos del artículo 3 de la ley 30/92 referidos a la buena fe y confianza legítima que deben informar todas las actuaciones de las instituciones públicas.

Sin embargo, la sala considera que la Conselleria "no vulneró los principios de buena fe y confianza legítima al haber variado los presupuestos fácticos que sirvieron de soporte al nuevo sistema de cómputo para liberados sindicales en los años anteriores".

"Esta circunstancia no es otra --explica-- que la situación económica y que es la esgrimida por la administración en el acta de la reunión de al Mesa Sectorial de 21 de septiembre de 2010 para justificar la denuncia del Acuerdo entre al Conselleria y los sindicatos de enseñanza para posibilitar y promover la acción sindical".

En la misma línea, la resolución judicial añade que "la administración no actuó de forma caprichosa o arbitraria y, al faltar la identidad de situación, es por lo que no podemos considerar que su decisión fuera contradictoria con al adoptada en cursos anteriores que fue el resultado de una coyuntura económica distinta".

REDUCCIÓN DEL 34%

La Conselleria de Educación publicó una resolución el 1 de septiembre de 2010 por la que limitaba el número de permanentes sindicales a 89, frente a las 135 que se concedían hasta ese momento, lo que supuso reducir un 34 por ciento la cantidad a partir del curso 2009-2010.

Esta decisión, de acuerdo a los argumentos de la Conselleria, "se tomó respetando el derecho de libertad sindical, pero adecuando su ejercicio al contexto económico y a las circunstancias económicas de la administración".