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VALENCIA (EP). El conseller de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos de la Mesa General de Negociación, salvo Intersindical Valenciana (IV), para devolver a los empleados públicos los 44 días devengados de la paga extra de diciembre de 2012 --hasta la entrada en vigor del decreto que la suprimió-- "como máximo en la nómina de enero de 2015".
En declaraciones a los periodistas tras suscribir ese documento con los representantes de UGT-PV, CCOO PV, CSI·F y FSES, Moragues ha destacado que "es un buen acuerdo y una buena noticia" y lo ha vinculado con la apuesta del Consell "por el diálogo social y la negociación colectiva" y con su "compromiso de mejorar las condiciones de los empleados públicos".
Al respecto, defiende que la Generalitat ha "mostrado valentía y una posición política en el sentido de reconocer esas cantidades y retornarlas" a cerca de 130.000 empleados públicos en la Comunitat, tanto funcionarios como estatutarios y laborales, lo que podría suponer un desembolso de "entre 50 y 60 millones de euros".
Moragues remarca que "el compromiso es satisfacerlos en enero de 2015", tras reflejar esos pagos en los presupuestos de la administración autonómica del año que viene, aunque "si hubiese algún instrumento o posibilidad de hacerlo antes, se haría".
Entre las particularidades del acuerdo, ha indicado que a los trabajadores de justicia se les devolverá toda la extra, ya que en su caso se suprimió esa paga mediante una modificación normativa que entró en vigor después de haberse devengado la extra, y que al personal laboral le corresponden los 14 días de julio.
En cuanto a las personas que tuvieran derecho a esa paga pero no figuren en la relación de trabajadores de la Generalitat en el momento de efectuar el reembolso, se ha habilitado un "procedimiento de comunicación de esa incidencia", que afecta a trabajadores jubilados, que hayan cambiado de trabajo o fallecido.
"No será propiamente una solicitud porque entonces parecería que si no se solicita no se tiene derecho, sino una simple comunicación, lo que no quita que la Generalitat también comprueba quien tenía derecho y ahora no está en la relación de personal laboral", aclara.
SECTOR PÚBLICO, CONCERTADA Y UNIVERSIDADES
En el caso de empleados del sector público, educación concertada y universidades, Hacienda les trasladará el acuerdo en 15 días "para que se haga extensivo" a estos colectivos, vía pago directo como en la concertada o transferencia cuantificada en las cuentas de 2015.
Preguntado por la negativa de IV a firmar el acuerdo, Moragues explica que este sindicato "pretende el resarcimiento inmediato" de esas cantidades y "no atiende a que no está presupuestado y no puedes pagar una cantidad que no está presupuestada".
El representante de IV, Vicent Mauri, argumenta que "sí que estaba presupuestado pagar la extra y se quitó en su momento" y que, tras las sentencias dictadas, "lo que tiene que hacer es pagar de forma inmediata y no hacer un pago diferido a enero de 2015, además, sin contrapartidas", como estudiar "qué pasa con el 100 por ciento de la extra". "Se remiten a Madrid y mientras no actúan", reprueba.
A su juicio, con este acuerdo "se han regalado seis meses al Gobierno valenciano en un contexto político en el que tampoco se sabe qué pasará dentro de seis meses. "Hay mucha gente que ha ganado la sentencia que mañana debería cobrar estos 44 días", sentencia Mauri.
"UN PASO MÁS" PARA RECUPERAR DERECHOS
Por su parte, Luis Lozano (UGT) ha expresado su "satisfacción moderada" por un acuerdo que considera "un paso más" para recuperar derechos, aunque remarca que "queda aún mucho por recuperar" y no renuncian a "seguir pleiteando" por el abono íntegro de la extra, el 5 por ciento que retiró el anterior Gobierno o ofertas públicas de empleo suficientes para mantener los servicios públicos valencianos.
En declaraciones a los periodistas, ha asegurado que el sindicato no promoverá más demandas para reclamar esos 44 días aunque no puede retirar las ya planteadas, que decaerán en enero de 2015 al producirse el abono antes de que se resuelvan.
Desde CCOO PV valoran que el acuerdo "acerca al objetivo de la devolución de toda la extra de 2012" y subraya que no renuncian a la "batalla" por este tema abierta en el Tribunal Constitucional.
En un comunicado, mantiene que constituye "un reconocimiento por parte de la administración autonómica de que se cometió una ilegalidad con todos los trabajadores, que ahora se ve restablecida", así como "un paso más en la inflexión de un largo período de recortes para los empleados públicos y un impulso para seguir en la lucha por la recuperación de derechos perdidos y en defensa de lo público".
A su vez, CSI·F informa de que ha instado por escrito al Consell a llevar a cabo los acuerdos adoptados en materia de incapacidad temporal y, además, reclama la promulgación del decreto de carrera profesional y la negociación de un "plan de estabilidad para erradicar la precariedad de los empleados públicos de la Comunitat".
El acuerdo es nulo de pleno derecho pues no se puede negociar sobre derechos que ya son propiedad del empleado. Prueba de ello es que pueden pedir ya todos los empleados extensión de sentencias. Lo que hay es una expropiación de derechos sin pago previo.
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