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VALENCIA (EFE). La pieza sobre presunta prevaricación y cohecho en la contratación de la Generalitat con la trama Gürtel para montar el pabellón valenciano en Fitur tiene su origen en la investigación iniciada en la Audiencia Nacional hace cinco años, y tras pasar por varias instancias será juzgada en la Audiencia de Valencia.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que iba a juzgar esos hechos, ha considerado en un auto hecho público este miércoles que ha perdido la competencia para hacerlo al no quedar aforados entre los trece procesados, y que por criterio de territorialidad le corresponde hacerlo a la Audiencia Provincial de Valencia. No obstante, esa resolución admite recurso de casación ante el Tribunal Supremo, y no será ejecutiva hasta que sea firme.

Todo comenzó el 6 de febrero de 2009, cuando el entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón abrió una investigación contra una supuesta trama de corrupción ligada presuntamente a cargos del PP, que operaba fundamentalmente en Madrid y Valencia, y que fue bautizada como "Gürtel".

Ese mismo día, dos funcionarios de Justicia se personaron en la Conselleria de Turismo para reclamar los contratos de la Agencia Valenciana de Turismo con Orange Market -la filial valenciana de la trama, dirigida por Álvaro Pérez "El Bigotes"- referidos al pabellón de la Generalitat en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) de los años 2005 a 2009, durante el gobierno de Francisco Camps.

LA CAUSA DE LOS TRAJES

La Audiencia Nacional remitió la práctica totalidad del procedimiento al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), al haber aforados de su Asamblea, excepto la denominada "causa de los trajes", que concluyó en Valencia en enero de 2012 con la absolución de Francisco Camps, expresident de la Generalitat, y Ricardo Costa, ex secretario regional del PP.

Durante la investigación, el instructor del TSJM constató posibles irregularidades en la contratación entre empresas vinculadas a Correa y la Administración valenciana, y mencionaba como más significativos los expedientes de Fitur 2005 a 2009 y la contratación de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) por la visita del papa a Valencia en 2006.

Asimismo, citaba posibles delitos electorales en los comicios de 2007 por presunta financiación irregular del PPCV mediante el pago por empresas de deudas que tenía ese partido con Orange Market, además de una supuesta falsedad documental relacionada con los actos de este partido durante las elecciones generales de 2008.

El TSJM se inhibió entonces en favor del TSJ valenciano, que en mayo de 2011 aceptó la causa y la dividió en tres piezas; dos de ellas son la relativa a supuesto delito electoral en las elecciones municipales y autonómicas de 2007, y la de presunto delito de falsedad en las elecciones generales de 2008.

LA PIEZA TERCERA 

La pieza tercera investigaba la posible prevaricación y cohecho en la contratación de la Generalitat con Orange Market por el pabellón de Fitur entre 2005 y 2009.

En febrero de 2013, el instructor de la causa acordó abrir tres nuevas piezas separadas, referidas a los contratos de RTVV con motivo de la visita del papa a Valencia, los convenios entre la Generalitat y la red Gürtel (excepto los de Fitur), y los supuestos delitos contra la Hacienda de Orange Market.

De las seis piezas separadas, la referida a los contratos sobre Fitur es la más adelantada, ya que en diciembre de 2012 concluyó la investigación judicial, en julio de 2013 se abrió juicio oral contra los trece procesados, y en febrero de 2014 se señaló el comienzo de la vista para el 31 de marzo.

No obstante, la renuncia al acta de diputadas autonómicas de dos de las procesadas, las exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such, días antes del comienzo del juicio conllevó su suspensión cautelar y finalmente que el TSJCV haya estimado su falta de competencia para juzgar la causa.