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VALENCIA (EFE). El Consell ha aprobado el proyecto de ley de Puertos que tiene por objeto establecer la organización portuaria de la Generalitat y regular la planificación, construcción, gestión, explotación y disciplina en materia de puertos de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía.

En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, ha afirmado que con esta norma se busca dotar de mayor simplicidad, transparencia y eficacia a la regulación de estas materias y conciliar seguridad jurídica, desarrollo y sostenibilidad.

Según Bonig, esta ley pretende "facilitar la actividad económica y social" de los 37 puertos deportivos con los que cuenta la Comunitat Valenciana, regular una legislación que era "compleja y difusa", cubrir "vacíos legales" de la ley estatal y adaptarla a las características específicas del sistema portuario valenciano.

La nueva norma establece las premisas necesarias para acometer la construcción de nuevos puertos y la ampliación de los ya existentes, que corresponderá principalmente a la administración portuaria, sin perjuicio de que su construcción pueda ser ejecutada directamente por la propia administración o a través de la gestión indirecta.

Al ser preguntada por este asunto, la consellera ha afirmado que los clubes náuticos "no van a salir a gestión privada" ni se prevé la posibilidad de sacar a concurso la gestión conjunta de todos los servicios de un mismo puerto deportivo.

Bonig ha explicado que en la Comunitat Valenciana una veintena de los puertos autonómicos son clubes náuticos, que son organizaciones sin ánimo de lucro, y los diecisiete restantes son marinas, lo que significa que están gestionados a través de empresas privadas.

Además, ha señalado que estas infraestructuras aportaron a la Generalitat en 2012 unos ingresos de 16 millones a través de cánones, tarifas y tasas, y ha asegurado que con la nueva ley el 40 % de esos ingresos revertirán en el mantenimiento del sistema.

Para la prestación de servicios y el desarrollo de estas infraestructuras se apuesta por la colaboración público-privada mediante autorizaciones y concesiones demaniales para la utilización del dominio público portuario.

La ley también prevé la posibilidad de redactar un Plan de Infraestructuras Portuarias de la Comunitat, con el carácter de plan de acción territorial de carácter sectorial y, cuando de manera excepcional fuera necesario, por constituir una reordenación integral del puerto, un Plan Especial de Ordenación Portuaria.

Asimismo, regula la herramienta fundamental de la ordenación dentro del sistema portuario de la Generalitat, mediante un instrumento de delimitación de los espacios y usos portuarios y se establece el régimen de las obras portuarias.

La planificación portuaria se considera en su carácter supramunicipal y en la incidencia que ese carácter debe tener en la ordenación territorial y urbanística, en plena sintonía con la legislación autonómica en la materia.

La norma introduce un sistema novedoso de tasas portuarias al establecer un método que parte de la actividad y ocupación efectiva para determinar el importe de la tasa, y establece como excepciones la tasa por primera venta de pescado y por instalaciones náutico-deportivas.

También regula la policía de los puertos, dando cobertura a cuestiones como la adopción de medidas cautelares o coercitivas, el desahucio o la inmovilización y retirada de las embarcaciones, los vehículos y elementos que permanezcan en el puerto sin autorización.

Además, incluye un catálogo de infracciones y sanciones orientadas especialmente a la verdadera actividad que se lleva a cabo en los puertos de la Generalitat, fundamentalmente pesquera y deportiva.

Por otra parte, se crea un comité de I+D+i y formación, integrado por, al menos, el director general competente en materia de puertos y hasta tres miembros procedentes de la comunidad portuaria y entidades de estudios en materia portuaria, que propondrá programas de desarrollo, canalizará las ayudas y coordinará acciones específicas.