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VALENCIA (EP/VP). La Junta de Personal de los Servicios Centrales de la Generalitat Valenciana ha asegurado este miércoles que Presidencia ha realizado alrededor de una docena de "interrogatorios" para encontrar al "topo" que está filtrando documentación.

Representantes de la Junta de Personal han sido recibidos este miércoles por el subsecretario de la Conselleria de Presidencia, Rafael Sánchez Pellejero. Los trabajadores han preguntado por el proceso de búsqueda del "topo" que "ha ido filtrando diversa documentación a la prensa" y si se han cumplido "con todos los requisitos legales que tienen los denominados 'expedientes informativos' o 'informaciones reservadas'".

El subsecretario ha asegurado a la Junta, según ha afirmado esta última parte en un comunicado, que así ha sido y ha repasado los pasos y trámites que se han seguido en el procedimiento, que "son los previstos en la normativa". En este encuentro, la Junta de Personal ha podido saber que el procedimiento de la "información reservada" ha concluido este miércoles, con aproximadamente una docena de personas interrogadas.

Según les ha asegurado Sánchez Pellejero, las personas llamadas a declarar han podido negarse y han podido rechazar ser grabadas en audio y en algunos casos en video. No obstante, todas ellas han accedido a declarar y han firmado el acta con la declaración.

La Junta ha sostenido que el proceso ha provocado "un ambiente enrarecido entre determinado personal de la Conselleria, que entiende que ha sido tratado de sospechoso y puesta en entredicho su honorabilidad". El subsecretario ha manifestado que "la voluntad era otra, totalmente contraria, que sería delimitar qué personas no tienen nada que ver con este asunto", y ha atribuido el "mal ambiente" a "quien haya llevado esta información a la prensa".

"DIFERENTE DILIGENCIA"

Finalmente, la Junta de Personal de los Servicios Centrales ha manifestado su queja al representante de la Generalitat por "la diferente diligencia mostrada en este caso contra unas filtraciones de documentación no confidencial y, en cambio, la pasividad ante actuaciones acreditadas por documentación oficial".

Al respecto, se ha referido al Informe de la Viceintervención de Control Financiero de septiembre de 2012, relativo a las encomiendas de gestión de la Conselleria de Medio Ambiente en 2011 a la empresa Vaersa, que "descubría sobrecostos injustificados de cerca del 30 por ciento, que no han sido investigados", ha asegurado.