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La Comisión Europea estudiará "atentamente" la queja de Iberdrola contra España por la reforma de la Ley de Auditorías y Sociedades Anónimas en la que se incluye la supresión de las limitaciones de los derechos de voto en empresas cotizadas, aseguró a Europa Press la portavoz de Mercado Interior, Chantal Hughes.

La denuncia de Iberdrola, que alega que la reforma en cuestión vulnera la normativa comunitaria de OPAs y obstaculiza la libre circulación de capitales, ha sido recibida y registrada por el Ejecutivo comunitario este martes.

"Los servicios de la Comisión estudiarán ahora el caso muy atentamente y se pondrán en contacto con el denunciante para obtener información adicional si es necesario", ha explicado la portavoz de Mercado Interior.

En el caso de Iberdrola, la constructora ACS dispone de una participación, entre directa y derivados, del 12,3%, mientras que los estatutos de la eléctrica limitan al 10% el poder de voto de cada accionista. La norma denunciada elevará ligeramente la capacidad de decisión de la constructora, y podría hacerlo más aún si, como ha indicado su presidente, Florentino Pérez, se materializa su intención de elevar la participación hasta el 20%.

La nueva norma, aprobada en junio por el Congreso de los Diputados, no entrará en vigor hasta junio de 2011, un año después de su publicación en el BOE, con el objeto de que las empresas cotizadas puedan adaptarse a su contenido y celebrar con normalidad las juntas de accionistas anuales.

En España, los blindajes afectan a siete cotizadas del Ibex, que son, aparte de Iberdrola, Repsol (10%), Telefónica (10%), Banco Popular (10%), Banco Sabadell (10%), Enagás (3%) y Red Eléctrica (3%). Otras cuatro sociedades del mercado continuo también los tienen incluidos en sus estatutos, esto es, Funespaña (30%), Barón de Ley (25%), Zeltia (25%) y NH Hoteles (10%).