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VALENCIA. El Consell de Alberto Fabra establecerá una bonificación del 75% del impuesto a los depósitos en las cooperativas de crédito -cajas rurales-. Así lo refleja la enmienda presentada por el grupo parlamentario popular al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, más conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos.

Esta es la principal diferencia con el texto aprobado en su día por la Generalitat de Cataluña para implantar el impuesto a la banca y en el que se ha basado el Consell. Tras recibir ‘luz verde' del Ministerio de Hacienda, el Gobierno valenciano decidió semanas atrás activar esta medida, que ya funcionaba en Extremadura, Canarias y Andalucía, y se encuentra en proceso de implantación en Asturias y Cataluña tras rechazar el Tribunal Constitucional el recurso que presentó el Gobierno.

A través de esta iniciativa, el Consell espera recaudar en torno a 230 millones de euros de los principales bancos que operan en la Comunitat Valenciana. El conseller de Hacienda ha tenido, eso sí, que aplicar una bonificación del 100% de las secciones de crédito de las cooperartivas agrarias y del 75% a las cooperativas de crédito -fundamentalmente las cajas rurales y Caixa Popular- para evitar que el impuesto se comiese, literalmente, todos los beneficios. 

Las cajas rurales de la Comunitat Valenciana tienen unos resultados muy ajustados que, de aplicarse el impuesto en su integridad, les llevaría a entrar en pérdidas. El conseller Juan Carlos Moragues ya anunció en su día que se tendría en cuenta esta situación. La que no cuenta con un beneficio específico como habían solicitado otros grupos políticos es la única caja de ahorros que pervive en la Comunitat Valenciana, Caixa Ontinyent. La caja, eso sí, podrá aplicarse otras deducciones.

Así, según la enmienda, este impuesto establece rebajas a las entidades con sede social en la Comunitat Valenciana (además de las pequeñas entidades cooperativas, Caixa Ontinyent y Bankia) de 500.000 euros del total del impuesto anual. Además, se aplica un descuento de 5.000 euros por cada sucursal u oficina ubicada en el territorio valenciano. Esta cantidad, según el texto presentado por el PP en Les Corts, se elevará a 7.500 euros si la sucursal u oficia está situada en municipios cuya población de derecho sea inferior a 2.000 habitantes, unos beneficios que replican el modelo catalán.

En el texto, como se preveía, se hace hincapié en que los contribuyentes, es decir, las entidades de crédito definidas, no podrán repercutir a terceros la cuota del impuesto y no surtirán efectos frente a la Administración tributaria de la Generalitat los pactos que contradigan la prohibición anterior.

En cuanto a la cuota íntegra, será el resultado de aplicar a la base imponible la siguiente escala de gravamen, idéntica a la impulsada en Cataluña:

INFRACCIONES Y SANCIONES

En este apartado, el texto recalca que se considerará "específicamente" como infracción "muy grave" la deslocalización de depósitos que, provenientes de las oficinas situadas en el territorio de la Comunitat Valenciana, se contabilicen en oficinas situadas fuera de dicho territorio.

En este sentido, la sanción tributaria correspondiente a este supuesto será "igual al 100% de la cuota dejada de ingresar por los depósitos deslocalizados".

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