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VALENCIA (EFE). El expresident de la Generalitat Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, declararán el próximo sábado como testigos en el caso Nóos, nueve años después de la celebración de la primera de las tres ediciones de la cumbre internacional sobre ciudades y deportes "Valencia Summit".

Las declaraciones de Camps y Barberá tendrán lugar en la Ciudad de la Justicia de Valencia, a donde se trasladará desde Palma el juez del caso Nóos, José Castro, aunque el expresident puede acogerse a su derecho a declarar por escrito.

La relación del Ejecutivo valenciano y el Ayuntamiento de Valencia con el Instituto Nóos consistió en la preparación de los Valencia Summit y de unos Juegos Olímpicos Europeos, que nunca se celebraron y a cambio de lo cual Nóos planteó organizar unos Juegos de la Juventud, que tampoco fructificaron.

Entre 2004 y 2006, cuando Camps presidía la Generalitat, se celebraron tres ediciones del Valencia Summit, por las que Nóos percibió 3,1 millones de euros de la Fundación Valencia Turismo Convention Bureau, en la que participa el Ayuntamiento de Valencia, y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), dependiente de la Generalitat.

Turismo Valencia, cuyo patronato preside el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, es una fundación privada sin ánimo de lucro en la que participan el Ayuntamiento de Valencia, la Cámara de Comercio, Feria Valencia, la Confederación Empresarial Valenciana y empresas locales del sector turístico.

Los responsables de Cacsa durante ese periodo, José Manuel Aguilar y Jorge Vela, están imputados desde diciembre de 2011 en la pieza que el juez José Castro abrió en julio de 2010 relativa al Instituto Nóos dentro del caso Palma Arena.

El que fuera presidente del consejo de administración de Cacsa en el momento de los hechos, el exconseller y diputado en el Congreso Gerardo Camps, está citado a declarar como testigo el próximo viernes.

El responsable del Instituto Nóos Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres han manifestado en sus declaraciones ante el juez que se reunieron en 2004 con Camps y Barberá para negociar la organización de ese foro, con el fin de aprovechar la repercusión de la celebración de la Copa del América de vela.

Según Urdangarin, los trabajos del Instituto Nóos para preparar la primera edición del Valencia Summit comenzaron antes de que la entidad firmara el convenio con la Generalitat para organizar el congreso, que se rubricó el 8 de septiembre de 2004, mientras que la cumbre se celebró el 24 de octubre.

El auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que resolvió no imputar a Camps y Barberá señala que no constaba la participación "directa y voluntaria" de ambos dirigentes en los hechos, ni que la reunión mantenida determinara el cierre del convenio, aunque sí abrió "alguna puerta".

Además, en diciembre de 2005, la Generalitat firmó a través de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana un convenio con Nóos de dos años para preparar la candidatura de Valencia como sede de unos Juegos Europeos, que nunca se celebraron.

El coste del convenio era de 3 millones de euros, pero la Generalitat solo pagó 382.203 euros por un informe y devolvió facturas por dos millones que no estimó justificadas.

La exgerente de esa sociedad gestora, Patricia Corrons, está citada a declarar como testigo el próximo viernes.

Asimismo, para el sábado se ha citado como testigos en la Ciudad de la Justicia de Valencia a la exsecretaria general administrativa de Presidencia de la Generalitat Ana Brusola, al exjefe de asesoría jurídica de Presidencia José Marí, y a la exinterventora de la Generalitat Irene Chova.