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VALENCIA. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, lo vendió como una victoria pero el fondo de la decisión del Gobierno sobre el plan de barrio valenciano de El Cabanyal dice algo muy distinto. El acuerdo anunciado este viernes entre el Gobierno central y la Generalitat Valenciana para desbloquear el conflicto sobre la posibilidad de derruir parte del barrio implica que El Cabanyal seguirá gozando de una protección especial e integral, lo que impide que el Ayuntamiento de Valencia pueda poner en marcha su plan de ampliar la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar, atravesando la trama urbana del poblado marítimo. 
Aunque Barberá y su teniente de alcalde Alfonso Grau se adelantaron a la propia vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al hacer pública la decisión que tomaba el Consejo de Ministros, el mensaje que lanzaron era inexacto. El acuerdo entre el Ejecutivo central y la Generalitat no da la razón al consistorio valenciano. Más bien al contrario: respeta en el fondo la decisión que en su día adoptó la ministra de Cultura María Ángeles González Sinde de proteger el barrio.
Los términos del acuerdo real son los siguientes: La Generalitat derogará la ley que promulgó en 2000 el Consell presidido por Francisco Camps por la que rebajaba la protección del barrio y el Gobierno retirará entonces el recurso de anticonstitucionalidad que presentó tras esa modificación de legislativa que, de facto, permitía al ayuntamiento derruir parte del barrio para ejecutar la ampliación de la avenida.
Esta decisión implica, como explicó el vicepresidente del Consell, José Císcar, (también después de que Barberá y Grau se adelantaran al anuncio) que volverá a estar vigente la ley de 1993 dictada por la Generalitat (entonces gobernada por el PSPV-PSOE) que protege íntegramente el barrio e impide la destrucción de su trama urbana.
"Cuando se derogue la ley y el Gobierno retire el recurso al Constitucional se abrirá un proceso de negociación para que se pueda compatibilizar la protección de un bien patrimonial con la modernización del barrio", dijeron tanto Sáenz de Santamaría como Císcar. El vicepresidente, de hecho, insistió en que el Ayuntamiento de Valencia tendrá que reformar el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de El Cabanyal.
Aunque Císcar evitó pronunciarse sobre si este acuerdo permite o no prolongar Blasco Ibáñez hasta el mar, fuentes de la Generalitat consultadas por ValenciaPlaza.com apuntaron que con la protección de 1993, el barrio marítimo goza de una protección integral que no permite el plan municipal. Otra cosa será que ese plan de prolongación de la avenida hasta la playa de la ciudad se modifique para salvar la zona protegida.
LA EUFORIA INCONTENIDA DE LA ALCALDESA
"Anuncio que hoy comienza la solución del Cabanyal" apuntaba este viernes Barberá. Enorgullecida y con actitud de victoria hacía referencia a una llamada del presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, y de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para comunicarle la decisión, a pesar de que más tarde se concretó que no era exactamente lo que anunciaba. 
"Empezamos oficialmente el desbloqueo de la situación" insistía. La alcaldesa explicaba que el acuerdo que se aprobará este lunes y que retira el recurso de inconstitucionalidad sobre la ley aprobada por el Gobierno de Francisco Camps, permitirá que el entramado jurídico que ha bloqueado la situación de El Cabanyal se deslíe de una vez por todas.
"Hemos empezado a ir hacia atrás" explicó. En el plazo de tres meses la Generalitat se compromete a derogar la ley "pero lo va a hacer ya". A pesar de que apuntaba a que las tres administraciones públicas- Ayuntamiento de Valencia, Generalitat Valenciana y Gobierno - deben emitir la solución del Pepri para llevar adelante la reforma, insistía en que su intención es continuar con lo que se había planeado hasta ahora.
"Esto se ha visto que es cosa de voluntad política" apuntó. Además, recalcó que aunque la jerarquía es la orden ministerial, se ha quitado todo lo de arriba. "Antes, estábamos obligados por la ley a no poder operar, pero el Estado y nosotros vamos a hacerlo en base a nuestro proyecto". Según Barberá, la orden ministerial se puede interpretar y modificar. "No hace falta cambiar el Pepri para reinterpretarlo, lógicamente tenemos que mantener nuestro proyecto".
LA OPOSICIÓN VE LA DECISIÓN COMO UNA DERROTA
Mientras la alcaldesa apuntaba a una clara victoria para retomar las pretensiones con el Cabanyal, la oposición ve la decisión por parte del Gobierno como una derrota. El grupo municipal Compromís recalcaba, tras conocer la decisión, que la retirada del recurso de inconstitucionalidad se debe al más que previsible rechazo en el Tribunal Constitucional.
Desde la coalición apuntaban a que la derogación de la ley aprobada en el Gobierno de Camps supone retrotraerse a la ley anterior, que es de 1993, y que declaraba como Bien de Interés Cultural el Centro Histórico del Cabanyal. Esto indica que las demoliciones realizadas al amparo de la ley 2/2010 son ilegales actualmente.
Además, destacaban que no deja de ser sospechoso que justamente ahora el Gobierno de Rajoy haya decidido retirar el recurso planteado. Desde la oposición apuntan a una posible filtración de que este recurso no iba a prosperar, por lo que se ha retirado para evitar un varapalo judicial.
Desde el PSPV también hicieron mención a que tal y como avaló la Abogacía del Estado, la orden no impedía las actuaciones en el Cabanyal, salvo aquellas que afectaran al patrimonio protegido. Por tanto, señalaron que la orden ministerial que tanto se criticó estaba bien fundada y seguirá vigente.
"EL PROYECTO PROPUESTO ESTABA FUERA DE ESCALA Y DE CONTEXTO"
Ramón Marrades, economista especializado en Urbanismo, apunta a un empecinamiento del Ayuntamiento de Valencia en llevar adelante su plan de urbanización. "La desgracia de la crisis nos había hecho llegar a un consenso" explica a Valenciaplaza.com. "El proyecto propuesto por el Ayuntamiento estaba fuera de escala y de contexto y está basado en la iniciativa de la construcción privada".
Aunque reconoce que parecía que esto estaba superado, la alcaldesa ha manifestado su intención de continuar con lo planeado. Marrades apunta a que lo ideal sería mantener el tramo urbano y trabajar con la ciudadanía y con el uso para establecerlo. También apunta a que deberían realizarse otras iniciativas como mantener la trama ortogonal o respetar las alturas de las casas.
El arquitecto Tato Herrero apunta a que la idea básica por la que debe optarse es prolongar El Cabanyal, como ha ocurrido a lo largo de la historia, siempre persiguiendo la costa. Herrero explica que una solución posible sería la unión del Cabanyal con Eugenia Viñes para que finalmente el barrio llegara al mar.
"De esta forma se conseguiría la misma edificación que con el Pepri y no se derribarían las viviendas" apunta. Además, recalca que con las plusvalías de no derrumbar y edificar podrían pagar el barrio y pagar las deudas contraídas con la America's Cup y no convertir la dársena en una especie de centro comercial privado.
Como nadie mejor que Vds. saben, el titular de la noticia no solo alerta al lector de su contenido, sino que induce a establecer un prejuicio que influirá irremediablemente en la compresión del artículo al que precede. Con todo respeto, me permito apuntarles que el titular de su noticia objeto de este comentario "El Gobierno desbloquea el Cabanyal pero impide que Barberá meta la excavadora" revela una confusión por parte del encargado de cerrar el titular que traslada, como no podía ser de otra forma, a los lectores. Más acorde con la realidad y en justicia a todo el tiempo devenido desde el primer intento por parte de la alcaldesa de "meter la excavadora" en el Cabanyal hubiera sido ordenar justo al reves la frase. Es decir, "El Gobierno impide que Barberá meta la excavadora en el Cabanyal y desbloquea la restauración y conservacion del barrio". Pues ese fué el orden de los acontecimientos que han sido finalmente derogados y alentados respectivamente por el partido al que pretenece la propia alcaldesa. Está por ver que Dña. Rita desista de su empeño en dejar a Valencia sin su histórico barrio marítimo .
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