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A LA ESPERA DE SENTENCIA

Un 'ERE chapuza': la letal herencia de los directivos que hundieron RTVV

A. MOHORTE. 23/10/2013 La petición de nulidad del ERE por el fiscal no adelanta la futura decisión del juez

VALENCIA. Visto para sentencia. Tras dos jornadas de juicio, el tribunal presidido por el juez Francisco Pérez Blanco está deliberando el futuro de Ràdio Televisión Valenciana (RTVV), una empresa en una situación económica extrema que podría verse obliga a readmitir a casi un millar de trabajadores o satisfacerles con indemizaciones millonarias.

Las explicaciones de los directivos que han llevado la gestión de la empresa desde que hace dos años se empezó a elaborar el expediente de regulación de empleo (ERE) han evidenciado una serie de actuaciones respecto a la composición del listado de afectados y de los criterios, reconocidas por la dirección, que se suman a la denuncia de mala fe negociadora planteada por los sindicatos, entre otras causas de nulidad.

De hecho, el abogado del ente RTVV ha llegado a segurar ante el juez que le había dejado "descolocado" la declaración realizada la mañana del martes el exdirector general de la empresa hasta el pasado mes de marzo, Alejandro Reig, llegando a asegurara que su credibilidad era "cero" y su explicación "inverosímil". 

Afectados que eran sacados de las listas por decisión expresa de la dirección general, reinterpretaciones de los criterios de selección cuando parte de los afectados ya habían sido despedidos, entrega de documentación incompleta a los sindicatos en el proceso de negociación del ERE y otros comportamientos han hecho que el fiscal del caso, Rafael Navarro, haya solicitado la nulidad del proceso.

Aunque los juicios por asuntos laborales no cuentan habitualmente con fiscal, la gravedad de las acusaciones hizo que el Ministerio Público estuviera presente y este martes haya concluido, como indicaban los sindicatos, que la reestructuración y redimensionamiento de la empresa pública puede haber incurrido en una vulneración de derechos fundamentales, recogidos en la Constitución y en el Estatuto de los Trabajadores.

LOS PEORES ESCENARIOS PARA LA EMPRESA

A pesar de que la petición del fiscal no es más que una propuesta que el tribunal ha de valorar a la hora de establecer su sentencia y no obliga a los jueces a manifestarse en el mismo sentido, fuentes jurídicas destacan el serio revés que significa para los intereses de la empresa esta toma de postura.

Si los magistrados compartieran el criterio del fiscal, la empresa debería reincorporar a los más de 970 trabajadores afectados, lo que traería consigo la inviabilidad económica de la empresa y la consiguiente resolución del actual contrato programa que la rige (indemnizando a los beneficiarios del reciente concurso de externalización de contenios), además del posible cierre de la radio televisión pública valenciana, como reconoció José Ciscar, vicepresidente del Consell.

De no tomarse esa interpretación y concluir los jueces que los despidos incluidos en el ERE deben ser considerados como improcedentes (como ha ocurrido con el de TeleMadrid en primera instancia), la empresa se enfrentaría al pago de indemnizaciones millonarias.

Aunque el daño económico que produciría esta decisión afectaría gravemente a las cuentas de RTVV, fuentes de la empresa aseguran que sería un mal menor, ya que se podrían barajar distintas posibilidades para sufragar el desembolso. No sería sencillo, pero no condenaría a la cadena al cierre, necesariamente.

RECURSO ANTE EL SUPREMO Y UN AÑO MÁS DE ESPERA

En todo caso, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que se espera para dentro de pocas semanas, no significaría el fin del proceso, ya que la propia dirección prevé recurrirla al Tribunal Supremo si no satisface sus intereses, lo mismo que se plantean los sindicatos, en sentido contrario.

De este modo, la decisión definitiva no llegaría hasta dentro de un año y, en el caso de no incluir la reincorporación sino nuevas indemnizaciones económicas, estas no se tendrían que satisfacer hasta que fueran demandadas por la vía judicial por cada uno de los afectados que denunciaron el despido cuando éste se produjo.

Fuentes jurídicas señalan que, de este modo, el grueso de las indemnizaciones se tendrían que satisfacer ya en 2015, al haberse paralizado la instrucción de las causas hasta que se decida la legalidad del despido colectivo que actualmente se trata en los tribunales.

UNA EMPRESA EN CAUSA DE DISOLUCIÓN

Como ha reconocido en el juicio la propia defensa de la compañía, a la necesidad de una reestructuración tan contundente se ha llegado por la gestión realizada. Después de 20 años, se ha duplicado la plantilla, pasando de 681 trabajadores en 1991 a los 1.675 de 2011; mientras que la audiencia ha pasado del 22,5% de share que tenía en 1991 hasta el 5,7% de 2012.

En sus cuentas, la empresa ha alcanzado una deuda financiera de 1.100 millones de euros y otra con proveedores de más de 200 millones, cuando su presupuesto para el pasado año, el último con las tres sociedades agregadas, se situaba en 154 millones de euros y el actual se ha visto reducido a 86 millones.

Las acusaciones de falta de rigor en la gestión han sido una constante desde hace años, lo mismo que las contrataciones por motivos políticos con cada cambio de partido o tendencia en la Generalitat. Sin ir más lejos, la propia directora general, Rosa Vidal, apuntó que al llegar a la empresa redujo en un 50% el equipo de dirección y señaló la existencia de personal poco productivo, con jornadas semanales de 35 horas o que ni iba a trabajar.

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14 comentarios

Anonimo Veneciano escribió
24/10/2013 07:58

NULO = CIERRE (Y LO SABEIS)

Antonio Silvestre escribió
23/10/2013 23:12

A ver, tiremos un poquito de hemeroteca y remontemonos a 1989 (diario El Mundo): "El 9 de octubre de 1989 emite por primera vez Canal 9. Es el Día de la Comunidad Valenciana. Arranca la cadena autonómica tras dos años de obras en los estudios de Burjassot, a las afueras de Valencia, y cinco años después de haberse aprobado en las Cortes la Ley de Creación de Radiotelevisión Valenciana (RTVV). Dice aquella ley que la actividad de RTVV se inspirará en la promoción y protección de la lengua propia de la Comunidad Valenciana, en la objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones, en la separación entre informaciones y opiniones, en el respeto al pluralismo... Casi nada de esto se ha cumplido en los últimos 23 años, en sus 23 años de historia. Cuano nace Canal 9 gobierna en la Generalitat el socialista Joan Lerma y el primer director general del ente es el periodista y escritor Amadeu Fabregat. Elegido por el Consell. Trabajan en la empresa unos 800 trabajadores, 643 procedentes de oposiciones, y el presupuesto de la Radiotelevisión valenciana supera los 6.900 millones de pesetas (41 millones de euros) Sin alcanzar los niveles de manipulación que vendrían, la tele que dirige Fabregat sí crece como servicio institucional, controlada por supuesto por el poder. El gobierno de Lerma siembra el modelo que perfeccionarían sus sucesores. El PSPV coloca a sus afines y maneja la cadena con mucho más populismo y folclore que periodismo crítico. El programa icono de estos tiempos es 'El show de Joan Monleón'. Los socialistas creyeron que su gobierno duraría siempre (error que aún están pagando) y no hicieron nada por blindar el modelo de RTVV que debería haber sido y nunca fue. Cuando quisieron hacerlo ya no gobernaban. Fabregat presumía de haber contado con el apoyo de PSPV y PP para su nombramiento y acabó decepcionando a unos y otros. Cuando Canal 9 llegó a las pantallas valencianas la televisión catalana TV3 ya llevaba dos años emitiendo en la Comunidad Valenciana. El director general denunció la señal de TV3 y arrancó una guerra que se prolongará décadas. En el verano de 1990 Fabregat ordenó aplicar en RTVV un diccionario que censuraba 543 vocablos "excesivamente catalanistas" en una de sus medidas más controvertidas. En 1995, con la llegada del PP a la Generalitat, Fabregat deja el cargo y abandona RTVV con un presupuesto que alcanza ya los 69 millones de euros. El déficit es entonces de 5 millones". Y eso es todo amigos...

Sergio Capelo escribió
23/10/2013 22:51

Andreu, per les teues paraules veig que treballes en RTVV i estàs molt preocupat per si el PP tanca la tele i te trobes exactament en la mateixa situació que jo i altres 1.000 companys i companyes. Encara que veig que, per a tu, no ho som. No et preocupes, 'company', l'INEM (ara SEPE) t'espera amb els braços oberts per a fer-te un contracte de 2 anys, com el meu. I, en tot cas, pensa que passe el que passe, mai serà per culpa dels treballadors sinó de l'empresa, incapaç de fer un ERO com cal.. José Nebot, sent molt dir-te que és difícil enganyar-se tant en tan poques paraules. Mentre la Justícia no confirme l'ERO salvatge i injust de RTVV encara SOC treballador de eixa casa. En segon lloc, jo no he parlat de la ideologia dels treballadors (cadascú pot tindre la que li vinga millor). El que he dit i mantinc és que el PP, al llarg d'estos anys, és qui ha elevat la plantilla fins al nombre de treballadors al què va arribar. Això del pensament únic ja està molt gastat. intenta ser una miqueta més original. Salutacions.

Josefina del valle AROCAS escribió
23/10/2013 22:44

POR SÍ NO LO SABÍAN ESTOS TRES COMPAÑEROS (ISABEL JIMENO, Sergio CAPELO y MANUEL JARDI) son afectados por el ERE y entraron a trabajar tras aprobar unas oposiciones, a los cuales podían acceder todos los que reunían los requisitos y además ¡claro! Pasar todas las pruebas selectivas para cada categoría laboral, las pasaron y tras 23 años trabajando y realizando su trabajo con absoluta exquisitez los despiden; y por extraño que les parezca no han sido afectados por el ERE trabajadores que no accedieron por oposición que no reúnen los requisitos para el puesto etc. Los sindicatos de RTVV están haciendo justicia

Fede escribió
23/10/2013 22:41

Si estos compañeros son trabajadores de RTVV afectados por el ERE, oero como dejo bien claro el señor Jaraba ex Director General, "estamos ante un ERE POLITICO".

ISABEL GIMENO escribió
23/10/2013 22:13

Estimat Andreu en el carrer ja estem quasi mil treballadors de RTVV. Si el PP haguès volgut fer una proposta de viabilitat econòmica ho haguera fet. En canvi ha optat per despatxar els treballadors. Tú has sigut afortunat i t'has quedat.HHaguera estat be que criticares la desfeta econòmica com en els contractes amb els clubs de fútbol, els del Babalà en les darreríes dels anys 90, les despeses en dietes dels alts mitjans i baixets càrrecs, i tantes i tantes coses més. Eixa sería una forma měs justa de repartir responsabilitats

José Nebot escribió
23/10/2013 21:14

Manuel S. Jardí, Sergio Capelo e Isabel Gimeno son ex-trabajadores de Canal 9 despedidos por el ERE (por si no lo sabía el lector). Se ve que les molesta que alguien no piense como ellos, (el pensamiento único).

Andreu escribió
23/10/2013 20:55

El problema de los sindicatos de Canal 9 es que TODOS están politizados. Pero ya lo han conseguido, van a cerrar la tele. Ahora, por lo visto, quieren negociar... ¿negociar el qué?..... Nos iremos todos, pero ELLOS también. Eso valdrá la pena verlo.

Antonio Silvestre escribió
23/10/2013 20:36

Estos comentarios me hacen una gracia que me parto. A ver, yo trabajé en Canal 9 hace unos 10 años y había gente de todos los partidos políticos. ¿A quién quereis engañar?, ¿nos estais diciendo que no hay gente metida del PSPV?, ¿que sólo hay gente del PP? ¿y cuando se creó en 1989 quién gobernaba? ¿Pinocho?...

Cruz Sierra escribió
23/10/2013 20:03

A ver, Manolo Jardi: tu comentario es tan respetable como cualquier otro y aunque no estemos de acuerdo -en absoluto- con él, no se nos pasa por la cabeza cuestionar tu intencionalidad al realizarlo. Así que, por favor, ni se te ocurra volver a poner en duda el interés de los periodistas de este diario en informar con rigor lo mejor que sepan -sepamos- hacer. Salut.

ISABEL GIMENO escribió
23/10/2013 19:45

Solo recordaros que os habéis equivocado en el número. No ha habido cambios de partido. Solo ha habido uno y de eso hace ya 18 años. Tal vez os referíais a los cambios de familia dentro del PP. No sé. Os deseo lo mejor en el concurso de producción de contenidos oara RTVV en el que participáis, no?

Sergio Capelo escribió
23/10/2013 18:24

Companys, a vore si ens centrem. La nul·litat no condemna la cadena al tancament. Eixa és una milonga que s'ha inventat el PP per intentar pressionar els jutges, com vosaltres sabeu perfectament. No entenc què voleu dir amb això de "las contrataciones por motivos políticos con cada cambio de partido". Vos recorde que el PP mana al País Valencià des del 1995 i és l'únic que ha farcit RTVV de la ma d'eixe presumpte delinqüent sexual anomenat Vicent Sanz. Cordialment.

Manuel S. Jardí escribió
23/10/2013 09:48

Costa molt informar amb rigor i ja es veu que ací tampoc no interessa, en fi... La readmissió dels treballadors acomiadats no representaria, en cap cas, una amenaça de supervivència per a RTVV. Per què? Molt senzill. Obliga als gestors de l'empresa i a la representació laboral a negociar una dimensió de la plantilla consequent amb la producció pròpia que es determine. Aquesta negociació no s'ha fet i probablement serà una de les causes de nul·litat de l'ERO. Amb (hipotètiques) prejubilacions, baixes incentivades, etc., la plantilla resultant no excediria d'unes proporcions ajustades, sobretot si RTVV es desprén de tot aquell personal sense qualificació, capacitat i malfeiner que el PP ha incorporat a la plantilla al llarg d'anys de nepotisme (poc qüestionat, val a dir) per la premsa: ni la sensacionalista, ni l'altra. La nul·litat d'aquest ERE també obliga a refer el contracte programa i, això sí, evapora les expectatives depredadores d'alguns conglomerats d'empreses que aspiraven a fer-se amb el pastís de la privatització (eufemisme d'externalització). D'altra banda, les amenaces de tancament tampoc no estan justificades, especialment quan es tracta d'una empresa nova, formalment lliure de deutes i càrregues. A més a més, com la mateixa advocacia de la Generalitat assenyala, es tracta d'una empresa que presta un servei públic essencial. Un apunt final: recórrer al Suprem la probable nul·litat de l'ERO -si així ho determina el TSJ- seria una mostra més del despropòsit del govern del PP, considerant l'import de les despeses (salaris de tramitació, etc.,) al final del recorregut, si el TS ratifica la decisió del TSJ. Una greu irresponsabilitat, alhora que una "herència enverinada" per al govern resultant de les pròximes eleccions autonòmiques, siga del signe que siga. En tot aquest procés també s'oblida que les prestacions de l'atur, indemnitzacions, etc., van a càrrec de la tresoreria pública i no ho paguen els autors ni instigadors de la desfeta. Sense considerar la indecència que, en l'actual situació, suposa el retorn de treballadors que havien accedit per oposició i tornarien amb unes condicions laborals gairebé d'esclavatge en les empreses adjudicatàries de la privatització. Salut i bones reflexions.

Boro Inot de las Marismas escribió
23/10/2013 08:17

De ser cierto lo que aquí se cuenta el fiscal debería hacer algo más que pedir la nulidad del ERE, ... pero esto es la Comunidad Valenciana, cero responsabilidades. ¿ Y la consultoradereconocidoprestigio? ¿Ya ha cobrado? Poca Ropa, ve sacando la cartera que aquí va a haber que pagar hasta al apuntador, con sus bonitos intereses.

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