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MADRID (EFE). El Fiscal del Supremo ha solicitado hoy al tribunal que confirme la condena a tres años de cárcel para el exalcalde de Torrevieja (Alicante) Pedro Ángel Hernández por cometer falsedad y prevaricación en la adjudicación del contrato de recogida de basuras, valorado en 97,8 millones de euros.

El abogado defensor ha defendido hoy en la vista de su recurso, celebrada por el Supremo, que no solo no hubo delitos, sino que ni tan siquiera se produjeron "ilegalidades administrativas".

El letrado ha señalado que la decisión de adjudicar el contrato de basuras no fue del alcalde, sino de la Junta de Gobierno Local (por unanimidad), sin que ninguno su sus miembros haya declarado que le manipularan.

"Los hechos tal como vienen probados no son prevaricación porque no hay ninguna resolución del alcalde que sea arbitraria, ni una norma vulnerada conscientemente", ha añadido el abogado defensor.

En cuanto a la falsedad en documento público, no debería considerarse delictiva, ha dicho el letrado, porque aunque no fuera verdad lo afirmado en ese documento por el alcalde, se aportó a un procedimiento menor, lo que hizo inocuo su contenido desde el punto de vista de las exigencias administrativas.

Tanto el fiscal como la acusación particular han respondido a los argumentos del defensor que si se examina el conjunto del procedimiento se ve cómo Hernández Mateo recurrió a "inventos", "tretas" y vulneraciones de las leyes para simular un procedimiento legal.

Según el Fiscal, un examen de conjunto de todas las actuaciones del alcalde pone de manifiesto con claridad que participó en el proceso de decisión de un contrato muy importante para lograr la adjudicación a la UTE "Necso Entrecanales-Grupo Generala de Servicios".

El exalcalde de Torrevieja Pedro Ángel Hernández Mateo fue condenado en noviembre de 2012 por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia a tres años de prisión y siete de inhabilitación.

Según la condena el exalcalde manipuló el proceso de adjudicación lo que fue "arbitrario y lesivo para el interés público" y para el resto de empresas que concurrieron al concurso. La resolución condenaba a Hernández Mateo a pagar también una multa de 10.500 euros y a indemnizar al ayuntamiento con otros 12.000.

Hernández Mateo, además de firmar resoluciones que se han demostrado falsas, "manipuló" la voluntad de diferentes órganos municipales que participaron en el proceso de adjudicación para "sortear" la oposición de los técnicos y conseguir que el contrato se adjudicara a Necso, decía la condena.