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MURCIA/VALENCIA (EP). El magistrado-instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Manuel Abadía, ha pedido a las Corts Valencianes la certificación de la condición de diputado, y por tanto aforado, del parlamentario del PSPV Ángel Luna, en el marco de una causa abierta por un proyecto urbanístico en Cartagena, según informa a Europa Press el TSJ.

Este asunto --en el que está imputado el consejero de Agricultura de Murcia, Antonio Cerdá-- está relacionado con el resort Novo Carthago, un proyecto que consistía en la construcción de hoteles y más de 10.000 viviendas "en una zona que estaba calificada como de especial protección para el Mar Menor y donde una parte de los terrenos eran LIC, ZEPA y ZEPIN" y por otra parte como no urbanizable de protección del trasvase (NUPT).

En ese momento, Luna, que es en la actualidad vicepresidente segundo de la Mesa de las Corts, ejercía como abogado de Hansa Urbana, la promotora del proyecto, según informaciones periodísticas publicadas.

Asimismo, el magistrado ha dictado una providencia para citar a declarar a primeros de octubre como imputados a Mónica Lavia, arquitecta del Ayuntamiento de Cartagena; Pascual Lozano, jurídico de la Concejalía de Urbanismo de la ciudad portuaria; y Agustín Guillén, exconcejal de Urbanismo, Medio Ambiente y ex primer teniente de Alcalde de Cartagena, como imputados por prevaricación, tráfico de influencias y delito contra el territorio.

El pasado mes de junio, la juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Miriam Marín García, remitió una exposición razonada al TSJ de Murcia en la que indicaba ver indicios para imputar al consejero Cerdá de un posible delito de prevaricación administrativo al ordenar modificar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Mar Menor en favor del resort.

En concreto, consideraba que el consejero no respetó los trámites administrativos "legalmente previstos e introdujo una modificación de la normativa existente respecto al anterior PORN de 1998", con la finalidad de "permitir que se pudiera llevar a cabo la construcción del campo de golf que tenía proyectada la empresa Hansa Urbana en el espacio protegido del Saladar de Lo Poyo de Cartagena", en el proyecto conocido como Novo Carthago.

Ante esto, la Sala Civil y Penal del TSJ dictó una providencia por la que se requería al Consejo de Gobierno para que emitiera certificación de la condición de consejero de Antonio Cerdá, y diera traslado a la Fiscalía para que en un plazo de 15 días informara sobre la competencia y el fondo del asunto.