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VALENCIA. La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha asegurado este lunes que el recurso presentado por el PSOE ante el Tribunal Constitucional de la nueva Ley de Costas, el pasado viernes, "ataca y contradice los intereses de la Comunitat".

Para la consellera, el recurso presentado por los socialistas basado en que la nueva ley privatiza y rebaja el nivel de protección del ecosistema litoral, "demuestra la falta de sensibilidad hacia los valencianos, al hacer pesar más las directrices que marca el partido que la defensa de sus ciudadanos", según ha indicado la consellera en un comunicado.

El recurso sostiene que la actual ley de Costas, aprobada en mayo y que modifica la legislación de 1988, viola una serie de artículos de la Constitución. Según ha señalado Bonig, la nueva norma aprobada por el Gobierno Central "no arregla todos los problemas de la anterior ley, pero sí en gran parte". Además, considera que se trata de una "solución razonable", ya que respeta tanto el medio ambiente como el derecho de la propiedad.

Según ha explicado Bonig, la nueva Ley de Costas "no supone una disminución de la protección ambiental del litoral de la Comunitat", ya que sigue manteniendo la protección de la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.

Además, como novedad, esta nueva ley incluye por primera vez la lucha contra el cambio climático y también exige la acreditación de eficiencia energética y ahorro de agua en las actuaciones sobre las edificaciones existentes en el borde costero.

FUENTE DE RIQUEZA Y EMPLEO

Otro de los puntos que ha resaltado Bonig sobre la nueva ley es que supone una "puesta en valor de los propios recursos existentes e infrautilizados en el litoral, siempre que no afecten negativamente a los valores naturales. De esta manera se conseguirá generar otra fuente de riqueza y empleo para los valencianos".

Por último, la consellera ha asegurado que la reforma aprobada mejora la seguridad jurídica de los ciudadanos, dando mayor información y acceso al público sobre la situación legal de los terrenos, así como que clarifica la problemática situación jurídica en que habían quedado algunas propiedades en el litoral.