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VALENCIA. Todo por no ir a negro. Cuando Rosa Vidal asumió la dirección general de RTVV el pasado mes de abril, se encontró una empresa con un expediente de regulación de empleo (ERE) a medio ejecutar, una externalización de servicios pendiente de licitar y el riesgo de terminar por quedarse sin emisiones por falta de personal a partir de septiembre.

Aunque la intención de sus antecesores en el cargo era cumplir con el calendario de despidos y redimensionar la plantilla hasta rondar los 400 trabajadores que fijaba como "plantilla optima" el informe de PwC que iba de mesa en mesa desde hacía más de un año, Vidal demostró desde un principio sus intenciones de impedir que la pantalla se fuera "a negro" por un error en los tiempos de aplicación, según fuentes conocedoras del proceso.

La cuestión era que, si se despedía a la práctica totalidad del personal técnico (como estaba previsto), antes de que se contara con una empresa que asumiera sus funciones, no habría suficiente personal para manejar las cámaras en la televisión ni los controles de la radio.

EL INTENTO DE ALARGAR LOS PLAZOS

Sin embargo, el último consejo de administración del ente, celebrado a finales de julio, optó por una solución salomónica al solicitar a la dirección general de Trabajo que se prorrogara el periodo de aplicación del ERE hasta el 31 de diciembre, en vez del 31 de agosto previsto.

El objetivo fundamental era definir la situación de 185 técnicos de la cadena (más otros siete, excluidos por criterios sociales), que inicialmente iban a ser afectados por el expediente, pero que no han sido despedidos todavía.

La negativa de la autoridad laboral a aceptar esta prórroga, hecha pública este martes, permite a Rosa Vidal poner punto final al ERE y dejar de trabajar a contrarreloj en la externalización de servicios. Las prisas pueden resultar malas consejeras y obstaculizar un estudio detallado que permita analizar la conveniencia de la privaticación de departamentos, se advierte desde la dirección.

En el caso de los servicios técnicos, se deberá solucionar cómo permitir el uso de todos los equipos propiedad de la empresa (mesas de edición, lanzaderas, unidades móviles...) y cómo repercutir su arrendamiento a la empresa prestataria del servicios; también se deberá dar solución la cadena de mando, ya que ningún trabajador de RTVV podrá transmitir órdenes a los de la subcontrata, dificultando el trabajo diario entre el personal de redacción de la televisión o la radio y los cámaras y técnicos de la empresa adjudicataria, entre otros aspectos.

Este cambio sitúa el número de afectados por los despidos en unos 950 trabajadores, quedando unos 650 si se toma como referencia la plantilla que tenía la empresa al inicio de las negociaciones de ERE.

A LA ESPERA DE SENTENCIA SOBRE EL ERE

A esta situación se le suman las dudas sobre el futuro del despido colectivo que comenzará a juzgar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), por decisión de Tribunal Supremo, previsiblemente entre finales de septiembre y principios de octubre.

Fuentes vinculadas al proceso advierten que la sentencia podría llegar entre noviembre y diciembre, por lo que después de más de casi año  medio de espera la solución podría estar a la vuelta de la esquina. Aunque la decisión podría tener recurso, la sentencia del TSJCV sería, previsiblemente, de inmediata ejecución.

El juzgado valenciano puede dar por bueno el ERE en las condiciones que se fijó; considerar los despidos como improcedentes y obligar a RTVV a incrementar las indemnizaciones; o declaralo nulo y forzar a la readmisión colectiva.

En el tercer caso, el efecto en las cuentas de la empresa sería contundente, haciendo inviable el actual contrato programa, según advierte el propio documento en su epígrafe 19.1, o la propia radio televisión, según distintos conocedoras del proceso de redimensionamiento.