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MADRID (EFECOM). La Comisión Nacional de Energía (CNE) afronta el análisis de la batería normativa que compone la reforma eléctrica y de la que hasta ahora se le han remitido siete decretos y cuatro de órdenes ministeriales, además del anteproyecto de ley eléctrica y una resolución sobre el nuevo modelo de factura.
El Ministerio de Industria ha remitido a lo largo de la semana al organismo, que en unos meses pasará a integrarse en la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), todas las normas por trámite de urgencia, lo que acorta a 15 días como máximo los plazos para recibir alegaciones y emitir los informes preceptivos.
El procedimiento estipula que las distintas normas debe recibir las alegaciones de los agentes afectados en un máximo de diez días y, a continuación, la CNE tendrá que elaborar y aprobar informes sobre las mismas antes de que acabe este mes.
Una tarea ingente con unos plazos más que ajustados que ha suscitado críticas entre los afectados ante la dificultad de poder analizarla de forma exhaustiva y presentar las alegaciones correspondientes.
"El calado de las medidas es desproporcionado a los tiempos que se han dado al usar los trámites de urgencia para todas, incluso para el anteproyecto de ley", critican desde una empresa del sector. Otros van más allá y califican estas formas y plazos de "desprecio" a los distintos agentes del sector, consumidores y a la propia CNE.
Al inicio de la semana, Industria envió dos propuestas de real decreto con las metodologías para calcular la retribución del transporte y la distribución de electricidad.
También remitieron tres órdenes ministeriales: la de las retribuciones para transporte y distribución -para lo que queda de año-, una sobre el cálculo de la energía eléctrica en renovables y la de peajes de acceso para la subida de la luz en agosto, de la que se envió una nueva versión rectificada un día después.
A estas siguieron el real decreto sobre energías renovables, cogeneración y residuos y el anteproyecto de Ley del sector eléctrico.
Por último llegó la propuesta de orden que regulará el mecanismo de interrumpibilidad y otros cuatro reales decretos más: el de hibernación de ciclos combinados, el de extrapeninsulares, el de autoconsumo y el de comercialización y condiciones de contratación y suministro.
A todo esto se suma una propuesta de resolución sobre el modelo de la futura factura de electricidad.
Aún falta un real decreto más y algunas ordenes para completar la batería normativa de esta reforma, que podría enviarse ya en septiembre a la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El pasado 12 de julio el Consejo de Ministros dio el visto bueno a la reforma y aprobó un primer real decreto-ley que se publicó en el BOE al día siguiente y fue convalidado por el Congreso el pasado miércoles para recortar costes y reducir el déficit.
Esta norma, la única en vigor de momento, implica un incremento de los ingresos del sistema eléctrico de 4.500 millones de euros: 2.700 millones mediante recortes a las empresas del sector, 900 millones llegarán de los Presupuestos Generales y otros 900 millones más que se ingresarán con una subida de la luz en agosto de un 3,2 %.
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