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MADRID. Los peores augurios contra el sector naval español se han cumplido, tras la intervención del comisario de Competencia de la CE, el español Joaquín Almunia, en la que confirmó que su departamento considera ilegales las ayudas públicas destinadas a la construcción de buques en España desde 2005, el sistema ‘tax lease', por lo que propondrá la devolución de las recibidas, en torno a unos 2.800 millones de euros.

No obstante, Almunia, que avanzó que esta propuesta que no se debatirá en la Comisión Europea hasta mediados de julio, lo que plantea es que sean los armadores y los inversores los que se hagan cargo de devolver los fondos, excluyendo a los astilleros.

Pero el matiz, que para el Gobierno aún deja margen para negociar con Bruselas, no ha convencido a la patronal española del sector naval, Pymar, que considera que la mayoría de contratos que se verían afectados por ese fallo tenían establecidas cláusulas que dirigían a los astilleros la posible responsabilidad de cambios regulatorios.

LOS ASTILLEROS, RESPONSABLES FINALES

Para la consejera delegada de Pymar, Almudena López del Pozo, la decisión de la CE supone directamente el fin de los astilleros privados en España. Y advirtió de que el anuncio de Almunia de que solo pagarán navieras es "una falacia", ya que las cláusulas de los contratos trasladan la responsabilidad de los cambios regulatorios a los astilleros, por lo que pronosticó miles de pleitos.

La devolución, añadió López del Pozo, hará perder hasta 40 nuevos contratos de barcos con una facturación de más de 2.000 millones que estaban pendientes. A su juicio, el perjudicado será todo el sector naval europeo, incluso el holandés que fue el que nos denunció, ya que se enfrenta con una mano atada a la espalda a los astilleros asiáticos, que reciben ayudas, se benefician de la situación en Europa.

La decisión de Competencia ha obrado el milagro de unir al Gobierno del PP a la oposición socialista y a los sindicatos, además de a los gobiernos regionales donde este sector empresarial está más extendido como es Galicia, País Vasco y Asturias, sobre todo.

EXTENSIÓN A OTROS SECTORES

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que lleva meses batallando con la CE para evitar esta decisión, ha asegurado que espera una rápida "rectificación" de la Comisión Europea porque la devolución de estas ayudas ocasionaría un daño "irreversible" no solo a esta actividad, sino al conjunto de la economía española. El sector naval factura unos 2.000 millones al año, y su desmantelamiento afectaría directamente a 86.735 empleos, recordó.

Soria advirtió también del efecto pernicioso de la decisión, "ya que hay otros sectores económicos que han recibido desgravaciones fiscales y podrían estar en riesgo por una decisión de esta naturaleza" y reiteró que la decisión anunciada por Almunia supone un trato discriminatorio con respecto a lo que ha ocurrido con el sector naval en otros países europeos. Por ejemplo, Francia fue eximida de devolver las ayudas.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo ha dicho que la decisión manda a la UVI a todo un sector industrial en el país con más paro de la Unión Europea.

EL PSOE ENTRA EN LIZA

La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, también ha estudo muy dura contra la decisión de su correligionario político Joaquín Almunia, y ha asegurado que los socialistas estudiarán cómo dar la vuelta a la situación. Rodríguez dijo entender la indignación de los afectados

"Esta decisión puede poner en riesgo un sector vital para España y muchos puestos de trabajo. Nos preocupa, la analizaremos de forma muy detallada y desde luego, no la compartimos ", ha dicho, asegurando que comprenden la indignación de los afectados al ponerse en juego un sector vital para la industria de España con la posible pérdida de miles de puestos de trabajo, en estos momentos de crisis.

CARTA DE LOS SINDICATOS

En el frente sindical, ya se están preparando movilizaciones después que los secretarios generales de las federaciones de Industria de CC.OO., MCA-UGT junto a la patronal Pymar, remitieran hace unos días una carta a Almunia explicándole que el futuro del sector naval "está en sus manos".

Las organizaciones sindicales, que ya han pedido la adhesión del conjunto de la Administración central y autonómica contra la decisión de la CE, añaden que Competencia cuenta con numerosa información y argumentos de carácter jurídico, que demuestra que las empresas españolas cuando se acogieron al ‘tax lease' estaban amparadas por los principios de confianza legítima y seguridad jurídica que la Comisión Europea ha aplicado en casos similares.

La única nota positiva de la jornada fue la dada por la patronal Pymar, que aseguró que existe un "error técnico jurídico subsanable" en el borrador que podría salvar todavía al sector. Se trata de que durante el periodo de vigencia del 'tax lease' se generó un entorno de seguridad jurídica auspiciado por las propias autorizaciones del Gobierno para aplicar la bonificaciones.

PUEDE SER MUY TARDE

A su juicio, en 2005 la Comisión censuró las ayudas recibidas en Francia sin obligar a devolverlas, y es a partir de ese momento cuando se generó a juicio de Bruselas una jurisprudencia suficiente para invalidar las bonificaciones españolas y obligar a navieras e inversores a devolver retroactivamente el dinero.

Por ello, según la patronal, que exige el mismo trato que se dio a Francia, donde no hubo que devolver la ayuda por una inacción comunitaria de seis años, cabe todavía la posibilidad de que la inacción a España, diez años y mucho mayor que la francesa, posibilite que s epuedan ganar los posibles pleitos en el Tribunal de Luxemburgo. Aunque debido a la lentitud de la justicia, sería tarde para salvar al sector.

Como ya ha avanzado este diario, la patronal es muy pesimista, ya que creen que Almunia parece conjurado contra el naval español, a juzgar por todas sus decisiones hasta la fecha. Primero, aceptó la denuncia holandesa contra el sistema español, cosa que no había hecho su predecesora Neelie Kroes. Luego, puso todo tipo de objeciones a las propuestas de un nuevo sistema de financiación de buques que le llegaron desde el Gobierno español, aunque finalmente tuvo que aceptarla y entró en vigor el pasado enero. Y para colmo ha rechazado en numerosas ocasiones reunirse con ellos.