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Elpidio José Silva, Mercedes Ayala, Pablo Ruz, José Castro, José Ramón Soriano y Fernandro Andreu

MADRID. Los numerosos escándalos de corrupción investigados por media docena de jueces van a marcar el rumbo de la política española y condicionarán en los próximos años la agenda y la actividad de los partidos políticos, pero también de algunas de las mayores instituciones del Estado, como la Casa Real.

La relevancia mediática de las instrucciones que están llevando a cabo estos magistrados ya ha tocado de lleno a la clase política, en sus horas más bajas, lo que previsiblemente irá a más según vayan avanzando sus investigaciones, que pueden condicionar desde cambios de Gobierno hasta relevos en presidencias de autonomías y de líderes políticos. Los ciudadanos españoles sitúan ya como una de sus mayores preocupaciones la corrupción y el fraude, sólo superada por el paro, según los últimos estudios del CIS.

Se trata de varios casos. La investigación sobre la fundación Noos que instruye el juez José Castro, los ERE en Andalucía de la juez Mercedes Ayala, los casos Gurtel, Bárcenas y los sobresueldos en el PP que lleva Pablo Ruz, Bankia y sus preferentes por parte del juez Fernando Andreu, el ‘caso campeón' que instruye el magistrado del Supremo José Ramón Soriano, y en menor medida, los asuntos relacionados con el ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa y el empresario Gerardo Díaz Ferrán, que investiga Elpidio José Silva Pacheco.

FAMILIA REAL

El caso Noos ha puesto en suspenso la honorabilidad del yerno del Rey, Iñaki Urdangarín y la de de la Infanta Cristina, pero también de la propia Casa Real, muy tocada ya por otros asuntos como el suceso de caza de Botswana o la aparición en la ‘prensa rosa' de Corinna Larsen, pero también la del ex presidente valenciano Francisco Camps y la alcaldesa Rita Barberá. El juez Fernando Andreu, que lleva el ‘caso Bankia', también acaba de imputar a tres parientes lejanas del Rey en la ‘operación Emperador', la supuesta trama dirigida por el empresario chino Gao Ping.

En los ERE andaluces que investiga la juez Ayala, en el fondo se está juzgando todo el entramado institucional y de poder de una Junta andaluza que mantiene el mismo color político desde la transición.

La instrucción del juez Pablo Ruz sobre Gurtel, Bárcenas y los presuntos sobresueldos del PP tratan sobre la financiación del partido que ahora gobierna España y afectan de lleno a la mayor parte de cargos electos del Partido Popular, por supuesto a la ministra de Sanidad, Ana Mato, y en cierta medida, por las sueldos, hasta al propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

JUICIOS AL SECTOR FINANCIERO Y DE LAS CAJAS

El caso de la salida a Bolsa de Bankia y sus preferentes es quizás el de mayor pérdida patrimonial de miles de ciudadanos de los últimos años y compromete de lleno al actual Gobierno que tomó la decisión recapitalizar la entidad con 22.000 millones, pero también a todo el sector financiero español. De hecho ya han acudido a declarar a la Audiencia como testigos los tres mayores banqueros españoles, Emilio Botín, Francisco González e Isidro Fainé, a los que citó el juez Fernando Andreu, al no tener nada claro lo que le había declarado por escrito el ministro de Economía, Luis de Guindos.

El ex ministro de Fomento José Blanco, está a punto de sentarse en el banquillo tras pedir el juez Soriano al Congreso que tramite el suplicatorio del ahora diputado socialista para poder juzgarle por tráfico de influencias y cohecho por presuntas comisiones ilegales a cambio de favores. Se investiga la trama de subvenciones y comisiones cobradas y pagadas por el empresario Jorge Dorribo.

Y finalmente, aunque en menor medida, está el procedimiento de instrucción que el juez titular del juzgado número 9 de Madrid, Elpidio Silva Pacheco está llevando en el llamado ‘caso Blesa'. La virulencia mediática del asunto hace que parezca que se está juzgando o se haya abierto una causa general contra todo el antiguo sector de las cajas de ahorros. Sin embargo, la Fiscalía de Madrid ha recurrido el auto que decretó la prisión sin fianza para Miguel Blesa y también se ha opuesto a la orden de prisión incondicional dictada contra el ex presidente de Caja Madrid por la compra del City National Bank de Florida. Numerosas fuentes jurídicas están cuestionando la solvencia de los autos del juez Silva Pacheco en este caso y creen que la defensa de Blesa podrá aprovecharse de ello para anular el procedimiento.

Pero hay muchos más casos, como el que mantiene imputado a Oriol Pujol, secretario general de CDC e hijo de Jordi Pujol, por un presunto delito en amañar licencias de ITV.

HASTA 1.661 CASOS DE CORRUPCIÓN POLÍTICA

El diario ‘El Mundo' publicó el pasado mes de abril que un informe provisional del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial reflejaba que los juzgados y tribunales españoles tramitan un total de 2.173 procedimientos de especial complejidad, de los cuales 1.661 afectan a tipos penales de corrupción política y económica: prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, estafas o apropiaciones indebidas.

El informe, en el que no se incluían las causas especiales que tramita el Supremo, tampoco especificaba cuántos de esos procesos afectaban a políticos.

NO SON JUECES-ESTRELLA

La mayor parte de estos magistrados citados no parece que tengan ningún interés en estar en la categoría de "jueces estrella" en la que han vivido durante años otros muchos magistrados españoles como por ejemplo Baltasar Garzón o en menor medida Javier Gómez Bermúdez, que presidió el juicio por los atentados del 11-M y que recientemente ha estado pujando con Ruz por quedarse el caso Gurtel. Y sus biografías lo ponen de manifiesto:

José Castro. Cordobés de 1947. Era un perfecto desconocido hasta que cayó en el juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca el caso Noos. Sus primeros escarceos mediáticos fueron cuando llevó a juicio al ex presidente de Baleares Jaume Matas por la construcción de un velódromo cuyo coste se disparó de los 48 millones a cien. Ingresó en la carrera judicial en 1976 y ha pasado por destinos como Dos Hermanas (Sevilla), Arrecife (Lanzarote) y Sabadell (Barcelona).

Aficionado a las motos y a la bicicleta, en la que a veces llega a su juzgado, le gusta el fútbol y es madridista confeso. Atiende con extrema amabilidad a los medios, aunque nunca cuenta nada, dicen los que le conocen. Y tiene la virtud de no perder los nervios, ni cuando imputa a una Infanta de España.

Pablo Ruz. Madrileño de 1975. Extremadamente reservado. Los que le conocen dicen que lo que le gusta es estar con su mujer y sus tres hijos, escuchar música y tocar la guitarra. Se hizo popular al sustituir en la Audiencia Nacional a Baltasar Garzón. Se le considera progresista por pertenecer a la plataforma ‘Otro Derecho Penal es Posible'. Ha llevado y está en asuntos judiciales muy mediáticos como ‘caso Saqueo' de Marbella, el Faisán, la Sociedad General de Autores Españoles (SGAE) con imputaciones muy populares como la del cantante Ramoncín o el ex presidente Teddy Bautista y también los casos Gurtel y Bárcenas.

Fernando Andreu. Se incorporó a la carrera judicial en el año 1986 y en 1995 le tocó investigar los asesinatos de Lasa y Zabala dentro del ‘caso Gal'. Sustituyó en 2002 en la Audiencia Nacional a Carlos Dívar. Le llevado casos muy famosos como una denuncia por un bombardeo israelí de Gaza o un proceso a 40 cargos públicos de Ruanda por delitos de lesa humanidad.

Ahora, además de Bankia, está instruyendo la ‘operación Emperador', que le está dando muchos quebraderos de cabeza. Se le supone un juez progresista y tampoco es mediático ni ha jugado nunca a magistrado estrella, pese a que muchas de sus decisiones han sido polémicas.  

Mercedes Alaya. Tiene 48 años y lleva 23 en la judicatura, está casada y es madre de cuatro hijos. Además de por apuntar al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en la investigación de los ERE, se ha ganado fama por dos cosas.

Por no repetir nunca vestido cuando las cámaras la esperan a la entrada o salida de su juzgado y por llevar muchas veces toda la documentación en una de esas maletas de avión que se llevan arrastradas. Con fama de muy trabajadora, tiene fama de poco social, de no salir de su juzgado. También lidió con los casos Mercasevilla y ‘Juan Guerra'. Muy reservada frente a la amabilidad de Castro.

José Ramón Soriano. Nacido en Soneja (Castellón) hace 56 años. Fue recusado por Garzón por las escuchas del ‘caso Gurtel'. Se le supone conservador. Juzgó y condenó a seis meses de cárcel en los años ochenta por la financiación irregular del PSOE a la ex coordinadora de finanzas de este partido, Aída Álvarez. Recientemente sorprendieron unas declaraciones suyas en las que decía que si había que meter en prisión a Urdangarín "pues se le mete, no ha dicho el Rey que la justicia es igual para todos". Y en las que también defendía que se citase a declarar a la Infanta Cristina si era necesario.

Elpidio José Silva Pacheco. Nacido en Granada, fue el número uno de su promoción. Lleva 22 años en la judicatura, cinco ellos ejerciendo como magistrado-juez de instrucción en Madrid. "Singular, polémico y contundente" son los tres calificativos con los que Efe definía a este juez totalmente desconocido hasta ahora.

Ha sorprendido su terminología en los autos al calificar por ejemplo la conducta de Blesa de "aberrante". Según fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sobre este juez pesa una sanción con una multa de 6.000 euros por falta grave de incumplimiento del deber de diligencia, y también se le han abierto varios expedientes. Al parecer, según se ha publicado en varios medios, fue desahuciado de su vivienda por no pagar el alquiler, por lo que fue declarado el rebeldía.