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MADRID. El origen del choque entre los presidentes de la patronal española CEOE, Juan Rosell, y el del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Manuel Teruel, se debe a la obligatoriedad impuesta por el Ministerio de Economía en el anteproyecto de nueva ley de Cámaras para que estas corporaciones de derecho público se adapten a la futura Ley de Transparencia, y por ejemplo, hagan públicos sus salarios, según ha sabido este diario de fuentes del Gobierno.

La inclusión en este texto, que no será aprobado hasta el otoño ya que todavía le queda por delante la consulta al Consejo de Estado y todo el trámite parlamentario, de la obligatoriedad a las Cámaras de estar bajo los preceptos de la futura Ley de Transparencia, provocó un fuerte recelo de la CEOE que en ningún momento ha tenido claro incorporar esta ley a su funcionamiento, como los grandes sindicatos UGT y CC.OO, también remisos a ello.

Es más, la patronal tiene claro lo contrario. La pasada semana el presidente de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial de la CEOE, Juan Pablo Lázaro Montero de Espinosa, citado por el Parlamento para exponer su posición ante la nueva ley, que va a afectar también a los sindicatos, avisó al Congreso de que su organización no publicará los sueldos de sus dirigentes, ni auditará las cuentas de sus 4.500 organizaciones, ni informará de sus ingresos privados, pues consideran que el principio de transparencia sólo debe afectar al uso de recursos públicos, que en su opinión sólo suponen un tercio de su presupuesto.

Lázaro hizo estas afirmaciones ante la Comisión Constitucional del Congreso, donde también explicó que de los 19,6 millones del presupuesto de la CEOE para 2013, sólo un tercio procede de fondos públicos (6,2 millones) pues el resto procede de cuotas de las organizaciones (13 millones).

LAS CÁMARAS SE SUMAN CON ENTUSIASMO

Dada esta reacción de la patronal, el presidente del Consejo Superior de Cámaras, Manuel Teruel, en medio de un duro ajuste tras acabarse la obligatoriedad de pago de las empresas a las Cámaras, se ha sumado con entusiasmo a todos los preceptos de la futura Ley de Transparencia, y ya ha anunciado que las Cámaras harán públicos los sueldos de sus ejecutivos.

Ambas organizaciones empresariales tradicionalmente enfrentadas por la representatividad de las empresas españolas, también han chocado actualmente por la forma en que la nueva ley de Cámaras permitirá a estas corporaciones contratar determinados servicios con las Administraciones para poder financiarse, algo a lo que se opone frontalmente la CEOE, que obviamente aspira a lo mismo y de hecho lleva años funcionando de esa manera.

El actual Gobierno, pese a lo mal que se lo había dejado Zapatero en esta materia, no ha querido firmar la sentencia de muerte de las Cámaras de Comercio, con más de 120 años de historia, y en el anteproyecto de ley que ha empezado a tramitarse las deja espacio suficiente para sobrevivir.

Tanto el ministro Luis de Guindos como el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Légaz, con competencias sobre esta materia, quieren aprovechar el potencial de las Cámaras para el desarrollo de sus políticas. Pese a ser conscientes de que necesitan todavía un mayor ajuste del realizado hasta la fecha.

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