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MADRID (EP/VP). El juez instructor del 'caso Campeón' en el Tribunal Supremo, José Ramón Soriano, ha propuesto a la Sala de lo Penal del alto tribunal que tramite el suplicatorio que debe remitirse al Congreso de los Diputados para juzgar al exministro de Fomento José Blanco por un delito de tráfico de influencias.

El magistrado ha estimado parcialmente un escrito de la defensa del exministro y retira la inclusión en el suplicatorio del delito de prevaricación, aunque concreta que este punto dependerá del "mejor parecer de la Sala". El delito de tráfico de influencias lleva aparejadas penas que van desde los seis meses a los dos años de prisión.

En un auto hecho público este viernes, el juez concreta que la intervención de Blanco fue "determinante" para que el Ayuntamiento de Sant Boi cambiara de actitud en su decisión de otorgar al empresario José Antonio Orozco la licencia ambiental necesaria para construir una nave industrial.

"No es preciso que se especifique en sus detalles la capacidad de influir del ministro y alto cargo del Partido Socialista en una autoridad que pertenece a un partido hermano, habiendo encomendado la realización de los contactos a un secretario de Estado de su departamento, Isaías Táboas, que sí pertenecía al mismo partido que el alcalde de Sant Boi, el PSC", dice Soriano.

El magistrado se refiere a las conversaciones que obran en la causa y en las que Orozco hace mención a a intermediación de Blanco para la construcción de la nave. "Su significado gramatical y contextual es bastante claro", asegura.

Recuerda también que la jurisprudencia ya ha entendido en varias ocasiones que la afinidad política y el desempeño de ciertos cargos puede constituir una forma de presión o influencia en la persona que tiene que dictar la resolución.

Soriano no ve sin embargo indicios de la comisión, por parte de Blanco, de un delito de prevaricación y dice que este, en todo caso, sería imputable al alcalde de Sant Boi, a la Comisión de Gobierno.

Por otra parte, en un auto separado, el instructor ha rechazado la práctica de varias diligencias solicitadas por la Fiscalía, entre ellas el requerimiento a entidades bancarias para justificar ingresos que después fueron empleados en la compra, por parte de Blanco de una vivienda.