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GOBIERNO, ASTILLEROS Y SINDICATOS ELEVAN LA PRESIÓN. El comisario de Competencia mantiene paralizada la construcción naval española desde hace dos años al aceptar una denuncia que rechazó su predecesora

MADRID (A. LASO D´LOM /  MADRID). El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y comisario europeo de Competencia, el español Joaquín Almunia, lleva dos años sin dar una solución al problema del sector de la construcción naval española, tras la denuncia holandesa sobre el antiguo modelo de financiación española para construir buques, denominado ‘tax lease', que ha mantenido paralizado al sector los últimos dos ejercicios.

Además, ahora mismo, los astilleros privados españoles tienen a tiro hasta 40 nuevos contratos, cuya contratación llevaría asociada una facturación de casi 2.000 millones de euros, que están en riesgo inminente de perder si no hay una decisión inmediata de Almunia.

Pero pese a las reiteradas peticiones de las empresas y del Gobierno de Rajoy, sobre todo por parte del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, el comisario Almunia está siendo inflexible hasta la fecha en este asunto, que mantiene paralizado al sector naval español.

COREA Y CHINA SE BENEFICIAN

Esta situación de bloqueo fue aprovechada en un primer momento con aumentos de pedidos por otras industrias europeas, como la misma denunciante holandesa, pero ahora también está beneficiando a las industrias asiáticas, sobre todo la coreana y también a la china, según fuentes de Pymar, la patronal española de construcción naval.

Almunia ha sido todo menos sensible a las demandas españolas hasta la fecha, tras la denuncia que bloqueó al sector en junio de 2011. En primer lugar, inexplicablemente aceptó la denuncia holandesa, cosa que no había hecho su predecesora Neelie Kroes. Luego, puso todo tipo de pegas a las propuestas de un nuevo sistema de financiación de buques que le llegaron desde el Gobierno español, aunque finalmente tuvo que aceptarla y fue aprobada por la Comisión Europea el 20 de noviembre de 2012, y puesta en marcha el 1 de enero de este año.

IMPOSIBLE DEVOLVER 2.000 MILLONES

Sin embargo, desde entonces, los servicios del comisario Almunia han empezado a filtrar la necesidad de que el sector devuelva las ayudas recibidas los años que estuvo vigente el anterior ‘tax lease', lo que tanto desde Pymar como desde el Gobierno español ya ha sido contestado de forma muy clara, asegurando que eso supondría la desaparición definitiva de la construcción naval español.

La utilización del anterior régimen permitió a los astilleros españoles contratar cerca de 300 barcos en la primera década de este siglo, bajo un esquema de ayudas en la financiación del 20% del coste. Con esas cifras las devoluciones de ayudas superarían los 2.000 millones, según ha sabido este diario de fuentes comunitarias, que deberían asumir los astilleros, pero también los armadores, la banca, o los inversores, entre otros.

Una cifra inasumible y que tumbaría definitivamente a un sector industrial muy fuerte sobre todo en el norte de España, Galicia, País Vasco y Asturias, que factura unos 2.000 millones al año, y cuyo desmantelamiento afectaría directamente a 86.735 empleos directos e indirectos, según Pymar.

EFECTOS ECONÓMICOS

La patronal asegura que  la desaparición de la construcción naval supondría un gasto en prestaciones por desempleo al Estado de más de 637 millones de euros, una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social de casi 130 millones y una disminución en la recaudación por IRPF de 306 millones.

Además, conllevaría una reducción de la recaudación por IVA y otros impuestos indirectos de más de 67 millones de euros, de la recaudación del Impuesto de Sociedades de casi 47 millones y de las aportaciones empresariales a la Seguridad Social por otros 519 millones. Por último, concluye Pymar, supondría un aumento del déficit comercial español de 669 millones de euros.

FRANCIA NO DEVOLVIÓ LAS AYUDAS

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha pedido a Almunia un gesto similar al que la CE tuvo con Francia en 2006, a la que se eximió de devolver las ayudas recibidas. Pero hasta el momento no ha encontrado más que silencio.

Lo mismo que las empresas. A principios de este mes, Almunia rechazó reunirse con una delegación de Pymar que estaba en Bruselas intentando agilizar una decisión comunitaria sobre el sector naval español.

MÁS TIEMPO

Sin embargo, el comisario si tuvo un reciente encuentro con miembros del sindicato CC.OO., muy preocupados por lo mismo, a los que transmitió que los argumentos jurídicos que le han hecho llegar desde España sobre la decisión que tiene que tomar no eran muy solventes. De hecho, en una comunicación reciente, el servicio de Competencia explicó que todavía es posible que aún necesite unos cuantos meses para tomar una decisión definitiva sobre este conflicto.

Quizás las empresas no tengan tanto tiempo, dicen en la patronal, y recuerdan que tanto ellos como el Gobierno español han hecho los deberes y han presentado innumerables alegaciones e informes a Competencia, así como toda la documentación exigida e incluso más de la que se les ha requerido.

EN LA AGENDA DE RAJOY

Y para colmo hay malas noticias desde la capital comunitaria tras haber ordenado la CE a Grecia y Portugal que devuelvan las ayudas concedidas a sus astilleros nacionalizados.

Nadie entiende en España la posición de Almunia, como no sea por su filiación socialista, pero eso es algo que no parece de recibo, aseguran las fuentes políticas consultadas. Además, la sensibilidad en el PSOE sobre el asunto es la misma que la del Gobierno.

Fuentes gubernamentales consultadas no descartan que este asunto sea uno de los principales en el encuentro que mantendrán a primeros de junio en el Consejo Europeo el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, con el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso.