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MADRID (EP). El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, ha manifestado este martes que las cifras ofrecidas ayer por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, según las cuales el 92 por ciento de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes son ineficientes, "no se corresponden con la realidad".

Así lo ha asegurado De la Serna en rueda de prensa tras la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL), reunida este martes para analizar la reforma local. El alcalde de Santander ha rechazado los datos facilitados este lunes por fuentes del Hacienda para justificar la retirada de competencias a aquellos ayuntamientos que presten sus servicios por un coste superior al que el Gobierno considera el adecuado, conocido coste estándar.

"La información que se ha trasladado es una información sobre unos datos que difieren sustancialmente de lo que es la realidad actual", ha insistido, para defender que la "evolución" de los ayuntamientos durante los últimos años "ha sido espectacularmente significativa" tal y como demuestra, por ejemplo, el hecho de que 3.800 ayuntamientos hayan cerrado el ejercicio 2012 con superávit.

En este sentido, ha explicado que "los datos macroeconómicos determinan que la situación nada tiene que ver con ese baremo" ya que se ha hecho "en base a un coste aún no definido" y ha lanzado "un mensaje de absoluta tranquilidad" porque "esa información que no es reflejo en absoluto del proceso que está abierto". "De hecho, la realidad de las cosas nos dice exactamente lo contrario, que somos los que mejor estamos cumpliendo", ha añadido.

La CNAL ha conocido este martes el último elaborado por Hacienda y Administraciones Públicas sobre la reforma de las Administraciones Locales. El documento incluirá ahora las alegaciones aceptadas y será remitido al Consejo de Estado, para ser después aprobado por el Consejo de Ministros y remitido a las Cortes.

Se trata de un proyecto que lleva más de un año de andadura y que aunque aunque comenzó contando con la colaboración de todas las partes, ha ido perdiendo apoyo con el paso de los meses incluso dentro de las filas del PP. También se han rebajado las pretensiones del Gobierno en algunos puntos llamativos como el número de concejales, que finalmente no se reducirá aunque inicialmente se planteó un recorte del 30%. Sí se mantiene, no obstante, que en torno al 80% de los ediles no cobrarán por su función.

"DESACUERDOS" SOBRE EL COSTE ESTÁNDAR

La fijación del coste estándar es uno de los puntos en los que, según ha explicado de la Serna, sigue existiendo desacuerdo entre la FEMP y el Gobierno, ya que en el texto presentado no se ha recogido la petición de los alcaldes de no someter unilateralmente a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes a la evaluación de sus servicios, independientemente de si son o no solventes.

De este modo, aunque el Gobierno ha aceptado tener en cuenta a la FEMP a la hora de fijar dicho coste estándar, no aceptará su petición de que sólo se sometan a este examen las entidades que no cumplan con los requisitos de estabilidad presupuestaria.

Según ha explicado el secretario de Estado, Antonio Beteta, no se debe confundir equilibrio presupuestario con eficiencia y que hay municipios que pueden tener sus cuentas saneadas pero prestan algún servicio más caro de lo que deberían, según las estimaciones de Hacienda. Este es el motivo por el que el ministerio prefiere examinar a todos los ayuntamientos.

Además, Beteta ha insistido en que se negociará la fórmula para calcular este coste estándar, pero no ha sido flexible sobre el plazo de aplicación. Los ayuntamientos quieren que se les conceda un año para adaptarse a este nuevo concepto, pero Hacienda calcula que con un mes desde la entrada en vigor de la norma les bastará, es decir, febrero del año que viene. La intención del ministerio es que en el último trimestre de este año ya se haya cerrado esa fórmula de coste y que puede ser tiempo suficiente para adaptarse.

En cuanto a las competencias, tanto De la Serna como Beteta han anunciado que los ayuntamientos no quedarán vacíos de competencias como inicialmente se preveía, ya que se someterán a examen sólo aquellas con las que se pueda generar "economía de escala", es decir, que supongan un mayor ahorro cuanto más sean los ciudadanos beneficiados. Por ejemplo, el servicios del agua, pero no el mantenimiento de los cementerios.

Por otra parte, De la Serna ha recibido como una gran noticia que Hacienda suprima en el nuevo borrador la intervención directa de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, cuestión que tal y como ha recordado había generado gran preocupación. Los requisitos que se tendrán en cuenta serán, como demandaba la FEMP, los fijados en la Ley de Estabilidad.

Asimismo, De la Serna ha confirmado que el Gobierno se ha comprometido a estudiar la problemática relativa a las competencias en Educación y Sanidad que con la nueva ley pasarían a ser desempeñadas por las CCAA con financiación de los ayuntamientos. "Hasta la fecha nos mantendremos como estamos, pero con la vista puesta en una solución definitiva que ahora sí se nos aporta en el corto plazo", ha señalado.

Además, se va a incluir una cláusula para que, si en el plazo de un año las comunidades autónomas no prestan los servicios sociales que se consideren necesarios, estos puedan volver a ser ofrecidos por los ayuntamientos con financiación de las autonomías, para que no desaparezcan.

AVANCES PERO SIN ACUERDO GLOBAL

En resumen, el presidente de la FEMP ha señalado que aunque en el nuevo texto hay "avances sustanciales" respecto al presentado en febrero, sigue habiendo aspectos en los que se mantienen "desacuerdos" para los que, no obstante, según De la Serna todavía queda "margen" y "espíritu" para negociar.

"Hay modificaciones muy importantes sobre los aspectos más controvertidos pero mantenemos desacuerdos en otra serie de aspectos, pero nos queda margen. Tenemos que el mismo espíritu de colaboración para que las cuestiones que no se han incorporado vayan a poder ser incorporadas en el texto definitivo", ha señalado De la Serna. En esta misma línea, Beteta ha señalado que no habido "un acuerdo global".

LAS CCAA TAMBIÉN TENDRÁN COSTE ESTÁNDAR

Por otra parte, De la Serna ha defendido el compromiso que están demostrando los ayuntamientos con el saneamiento de las cuentas públicas y su intención de seguir así en el futuro, pero ha pedido a Hacienda el mismo trato duro para las comunidades y para el propio Estado.

"Todo lo que contemple esta ley debe ser de aplicación a las comunidades autónomas y el Estado", ha exigido el alcalde de Santander, citando asuntos como las limitaciones de retribuciones, la fijación de un coste estándar, el recorte en el personal de confianza, etc. "No podemos estar solos", ha dicho.

Preguntado después al respecto, Beteta ha asegurado que el próximo sistema de financiación autonómica incluirá un coste estándar para los servicios de las comunidades. "Hoy tenemos la capacidad de conocer cuáles son las tripas del gasto de cada servicio que se presta, porque estamos pagando millones de facturas", ha dicho, subrayando el conocimiento profundo que tiene Hacienda de como gastan las comunidades.

El papel de las diputaciones sale reforzado con esta reforma, ya que se encargarán de todos aquellos servicios que los ayuntamientos presenten de manera ineficiente. En la norma se incluirá, a petición de la FEMP, la constitución de un consejo de alcaldes desde el que los regidores municipales puedan controla cómo desempeña la diputación estas competencias.