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MADRID. La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha sorprendido a la banca al enviar una misiva en la que solicita a las entidades que expliquen a los posibles desahuciados cómo acogerse a la nueva ley y mantenerse en su vivienda o beneficiarse del alquiler social que prevé la nueva norma, según ha sabido este diario.

Ambas son posibilidades de la nueva ‘Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social', recientemente aprobada y que ya está en vigor.

La misiva de Becerril les llegó coincidiendo con la tramitación de la ley, que fue aprobada la pasada semana, y que entró en vigor el pasado 15 de mayo, después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y con el apoyo de solo el Partido Popular.

Para las fuentes consultadas, resulta cuanto menos curiosa la petición de la Defensora del Pueblo, ya que la precisamente, la paralización temporal de los lanzamientos de personas que se encontrasen en una situación de especial vulnerabilidad y la creación de un fondo de alquiler social, fueron ofrecidas por los propios bancos al Gobierno como un medio de contribuir a paliar el problema social que supone la pérdida de la vivienda habitual por desahucio para familias que se han visto afectadas por la crisis.

Así que algunos piensan que podría sonar a propaganda de la institución, añaden. Sin embargo, la cuestión es que la Defensora del Pueblo defiende en su misiva a los bancos el cumplimiento del compromiso asumido, y les pide que hagan ahora todos los esfuerzos necesarios para evitar cualquier caso de pérdida de la vivienda por las personas o familias que se encuentren en las situaciones que incluye la nueva ley.

EVITAR EL ABANDONO ESPONTÁNEO

Becerril considera que en algunos casos podría estar sucediendo un abandono espontáneo de la vivienda por sus ocupantes, al darles traslado del auto de adjudicación a favor del banco, y por desconocer éstos que podrían solicitar seguir en ella si cumplen los requisitos establecidos por la norma legal aprobada la pasada semana o también la posibilidad de acceder a un alquiler social.

Por ello, para evitar estos casos, la Defensora del Pueblo cree que la actuación de los bancos no debería limitarse a no solicitar el lanzamiento de los ocupantes de la vivienda cuando les sea solicitado expresamente, sino que si el deudor se encuentra en la situación de especial vulnerabilidad que prevé la ley, las entidades deberían dirigirse al ocupante de la vivienda informándole de la posibilidad de continuar en la misma en caso de que reúna y acredite el cumplimiento de las condiciones previstas.

VA MÁS LEJOS QUE LA PROPIA LEY

Se trata pues, de una petición que apela a la sensibilidad de la banca con este problema social, ya que lo que se solicita a las entidades va bastante más lejos de las propias obligaciones establecidas por ley, aseguran los expertos consultados.

Además de modificaciones para evitar los desahucios en algunos casos, la nueva legislación trae consigo unas nuevas hipotecas con limitación de plazo a 30 años, de un tope del 80% del valor de tasación. La nueva norma, que no incorpora la dación en pago universal y retroactiva que se reclamaba en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), si incluye como medida estrella la suspensión durante dos años de los desahucios, siempre que los afectados cumplan las citadas condiciones de especial vulnerabilidad.

CONDICIONES

De manera que podrán beneficiarse de esta moratoria de desahucios aquellos cuyos ingresos de los miembros de la unidad familiar no superen la cantidad de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), el equivalente a 19.000 euros anuales. Además, la reforma de la Ley Hipotecaria incluye también quitas del 35% para los deudores que liquiden sus cuotas en un plazo de cinco años y del 20% si lo hacen en 10 años.

También amplía de uno a tres los impagos a partir de los cuales el banco podrá iniciar un proceso de ejecución hipotecaria.

Para poder acogerse a la suspensión del desahucio hay que cumplir dos tipos de requisitos, sociales y económicos. En el primer caso están incluidas las familias numerosas, las monoparentales con dos hijos a su cargo, las que tienen un menor de tres años y algún miembro con discapacidad o dependiente y las víctimas de violencia de género, así como aquellas en las que el deudor esté en paro y haya agotado las prestaciones por desempleo. Los requisitos económicos imponen que los ingresos de la unidad familiar no podrán superiores a 1.595,53 euros.

Asimismo, promueve un Fondo Social de Vivienda (FSV) de alquiler, que es destinado a familias desahuciadas y que ya funciona desde enero. Hasta comienzos de abril, el FSV había recibido 430 solicitudes para acceder a las cerca de 6.000 disponibles.

Así, los arrendatarios de este fondo social deberán ser personas desalojadas de su vivienda habitual por impago de la hipoteca a partir del 1 de enero de 2008, con unos ingresos por unidad familiar inferiores a tres veces el Iprem y que cumplan los requisitos de vulnerabilidad especial.

El precio del alquiler oscilará entre 150 y 400 euros mensuales, con un máximo del 30 % de la renta total neta de la unidad familiar, y los contratos tendrán una duración de dos años, prorrogables por uno más.

ENTRE 28.000 Y 85.000 HOGARES

Morgan Stanley ha calculado que la moratoria de dos años  que prevé la ley costará a las entidades financieras españolas entre 1.000 y 3.200 millones, calculando que entre 28.000 y 85.000 hipotecados podrían acogerse a la nueva norma legal.

Por su parte, el Ministerio de Economía que dirige Luis de Guindos, tiene calculado que son aproximadamente 120.000 los hogares que podrían cumplir las distintas condiciones de la nueva ley.

Hay que recordar que esta regulación llega en un momento de grave crisis económica y tras numerosas movilizaciones y una recogida de más de 600.000 firmas para cambiar la ley hipotecaria.