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MADRID (EP). El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha defendido que la Ley de Costas, cuya tramitación parlamentaria ha culminado este jueves en el Congreso, es una normativa que está "muy trabajada" y considera que quienes la critican es porque no se la han leído "en su integridad".

"Cuando se lee en su integridad, se ve que aumenta la protección y va a proporcionar instrumentos más potentes para combatir las barbaridades urbanísticas al amparo de la Ley de 1988, como el Algarrobico", ha señalado en declaraciones a los medios en el patio del Congreso.

Así, ha insistido en que la nueva normativa persigue garantizar la conservación de los ecosistemas naturales en la costa, dar una seguridad jurídica al dominio público marítimo y también a los ciudadanos que, "de buena fe" habían adquirido su casa antes de 1988 y en 2018 iban a enfrentarse a un panorama de demolición masiva de industrias, viviendas, o establecimientos hoteleros.

De hecho, considera que es una ley que compatibiliza aspectos medioambientales, económicos y sociales "con equilibrio", al resolver situaciones "anómalas" como la isla de Formentera que necesitaba un tratamiento diferenciado.

Igualmente, indica que el objetivo es proteger el litoral con "deslindes claros", que van a figurar en la página web del ministerio, y que se incluirán en el registro de la propiedad, de tal manera que los que quieran invertir en el litoral puedan tener seguridad jurídica, manteniendo las distancias de protección.

"No se modifica la delimitación del dominio público marítimo, ni la zona de servidumbre, evitando nuevas construcciones en el litoral español", ha agregado, a la vez que recalca que no hay ninguna privatización en la ley ni se van a permitir nuevas construcciones en el litoral.

"La ley es muy clara y en la zona de servidumbre se permite modernizar establecimientos sin ganar volumen, ni altura ni superficie y siendo más eficiente desde el punto de vista energético y de agua", ha aclarado.

Es más, ha recalcado que se trata de una ley "muy protectora" del dominio público marítimo terrestre y defiende la seguridad jurídica de aquellos que tuvieron una vivienda o una industria antes de la ley de 1988.