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MADRID (EFECOM). El Congreso ha aprobado este jueves la polémica Ley de Costas, que el PP defiende como una "protección" para el litoral, que evitará incluso casos como el del hotel Algarrobico, mientras buena parte de la oposición, y numerosas ONG en la calle, la tildan de "amnistía" y de un paso mas para "privatizar" la costa española.

La cámara ha aprobado hacia las cuatro de la tarde definitivamente la reforma de la Ley de Costas de 1988 con los votos del Grupo Popular, la abstención de CIU y el voto en contra del resto de la oposición a la mayoría de las enmiendas, con alguna salvedad como la de ERC que ha apoyado una sobre el cambio climático.

La aprobación de la nueva norma sobre el litoral español se ha producido en una jornada en la que un grupo de activistas de Greenpeace se ha encaramado al tejado del Congreso y ha desplegado una pancarta que decía: "El PP vende nuestra costa".

Un total de ocho ecologistas han sido detenidos y puestos a disposición de la Audiencia Nacional, y podrían ser acusados de intentar vulnerar el recinto de la Cámara baja, que estaba reunida en sesión plenaria para aprobar la nueva Ley.

La nueva norma, según ha defendido el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, garantiza la conservación del litoral, "y no lo privatiza", al tiempo que salva de la demolición a más de 1.200 industrias y 25.000 viviendas ubicadas antes de 1988 en el litoral, al contar ahora con una nueva concesión de 75 años.

La reforma no permitirá ninguna nueva construcción en la zona del litoral protegida y además establece instrumentos "para evitar las barbaridades urbanísticas" como la del Hotel de El Algarrobico, ha explicado el ministro a los medios de comunicación tras asistir al debate dentro del hemiciclo.

La privatización del litoral y el anuncio de desmanes urbanísticos han sido los argumentos de la oposición. Izquierda Plural ha pedido incluso el apoyo de otros grupos para poder presentar un recurso contra la ley ante el Tribunal Constitucional.

Olaya Fernández Dávila (BNG) ha acusado al Gobierno de aprovechar la reforma para "primar la desprotección de la costa" y Teresa Jordá (ERC) ha considerado que supone una "escandalosa privatización" del bien público; argumento con el que ha coincidido también Xabier Errekondo, de Amaiur.

Laia Ortiz (Izquierda Plural) ha manifestado que la reforma empeora la anterior por la ampliación de las concesiones, y por la reducción de las zonas de servidumbre, de 100 a 20 metros en determinados núcleos.

También Jose Luis Ábalos (GS) ha destacado que se trata de una reforma que da respuesta a los intereses económicos y seguridad jurídica a los negocios, lo que demuestra que para el Gobierno del PP "la costa solo es un espacio económico", mientras que Toni Cantó (UPyD) ha esgrimido que incide en el ladrillo y favorece los abusos.

Entre los grupos nacionalistas, tanto Joseba Aguirretxea (PNV) como Ana Oramas (CC) han afirmado sentirse defraudados porque el PP no les ha admitido varias enmiendas para salvar determinadas propiedades o poblados.

Finalmente el diputado de CIU, Martí Barbera ha argumentado su abstención en el hecho de que se invaden competencias, pero ha agradecido que se haya recogido la singularidad de urbanizaciones no terrestres como la de Empuria Brava.

A los que se han opuesto frontalmente a la reforma, Teresa Lara (PP) les ha respondido que sus afirmaciones sobre privatización, trato privilegiado o atentado ecológico "avergüenzan por su demagogia y falsedad y demuestran un desconocimiento inadmisible".

Tanto el PP como el Gobierno han insistido en explicar que el nuevo texto afronta los problemas que no pudo solucionar el anterior, y que prohíbe expresamente la construcción en dominio público y en la zona adyacente de servidumbre de protección, así como cualquier incremento de lo ya edificado.

Otra novedad, según los defensores de la Ley, es la distinción entre playas urbanas y playas naturales, incrementando la protección de estas últimas.

También se evita, afirman, que se pueda adquirir de buena fe un inmueble en la costa y descubrir después que, en realidad, no se es propietario porque el bien está afectado por el deslinde del dominio público.

Para ello se prevé la inscripción obligatoria de los bienes en el Registro de la Propiedad.

Además serán amnistiadas un total de doce barriadas históricas situadas, entre otras, en Girona (Empuriabrava, Platja de Aro), Huelva (Ría Punta Umbría), Alicante (Rocafel, Puerto de Santa Pola), Valencia (Oliva), Málaga (El Palo y Pedregalejo), Castellón (Xilxes) y Pontevedra (Moaña).

Formentera tendrá un deslinde especial por su configuración geológica, y se excluye también del dominio público marítimo terrestre las dunas artificiales y las muertas, y también se exime a las salinas.

Las principales organizaciones ecologistas españolas han condenado unánimemente la reforma de la Ley de Costas por considerarla un retroceso en la protección medioambiental del litoral y la llave para abrir la puerta a un proceso claro de privatización de las costas.