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ALICANTE (EP). El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha asegurado este lunes que el Gobierno pedirá a las comunidades autónomas que incluyan en el próximo plan de pago a proveedores, cuyo decreto ley "saldrá en pocos días", las cantidades que adeudan a sus ayuntamientos.

Beteta ha realizado estas declaraciones durante su intervención en un desayuno coloquio organizado por la Diputación de Alicante, bajo el título 'Hacia un nuevo modelo de la Administración Local Española', en el que ha estado acompañado por el exministro de Administración Territorial Luis Cosculluela; por el alcalde de Murcia y presidente de la Comisión de Haciendas Locales de la FEMP, Miguel Cámara y por la dirigente de la institución provincial alicantina, Luisa Pastor, entre otros.

Así, en su turno de palabra ante alcaldes, concejales y representantes de diputaciones españolas, Beteta ha incidido en que el Ejecutivo solicitará a las regiones que incluyan dentro del próximo plan a proveedores, que se formalizará en "pocos días" y que será el "último", tal y como ha resaltado, las cantidades que deben a los consistorios "y se las paguen".

Igualmente, y dirigiéndose al consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, también presente en el acto, ha afirmado que le "consta personalmente" que esta autonomía está dispuesta a pedir esa cantidad dentro de su correspondiente plan, en base a una conversación previa entre ambos.

En su discurso, Beteta ha incidido en que la "primera reforma estructural", en cuanto al proyecto de Reforma de las Administraciones Locales, "pasa por la mentalidad de los gestores locales, por saber que hay que saber decir 'mi competencia es', y no 'tengo competencia universal'".

Además, ha abogado por ajustar el gasto al ingreso, por ser conscientes de que "no se puede gastar lo que no se tiene", así como por pagar lo que se compra, y por saber trabajar junto al Estado "en hacer unos planes de viabilidad que conduzcan al pago a proveedores", del que ha agregado que "en pocos días" saldrá su decreto ley, y que contendrá facturas de 2013 que permitirán el saneamiento de las cantidades pendientes de pago

IMPACTO DE 7.129 MILLONES DE EUROS

Beteta ha cifrado en 7.129 millones de euros el impacto económico calculado para el conjunto de medidas de "clarificación competencial" derivado de la aplicación de la futura Reforma de la Administración Local, una cantidad que, a su juicio, permite ver que la remodelación "era algo pendiente hace años, y ahora un tema central".

De la misma manera, ha incidido en la necesidad de trabajar a nivel administrativo con "eficacia y eficiencia", a través de avances en la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), del impulso de la administración electrónica, o de la "simplificación y eliminación" de trámites "innecesarios".

Por lo que respecta al aspecto normativo y regulador del proyecto, ha manifestado que las "normas son necesarias", si bien ha añadido que "tienen que ser eficaces y proporcionales", y ha enfatizado en la necesidad de "devolver la confianza" al ciudadano "mostrando respeto por cada euro dado a la Administración". "Ninguna reforma es buena si no está articulada por una buena norma que consiga una reforma que la realidad de los hechos no convierta en papel mojado", ha agregado.

Asimismo, ha indicado que el objetivo de la Reforma Local coincide con el principio basado en "una Administración, una competencia", al tiempo que ha hecho hincapié en "primar la austeridad" y en "eliminar" duplicidades, para que las administraciones "sean motor de crecimiento, y no lastres".

Beteta también ha afirmado que todas las competencias de Sanidad y Educación que aún residan en administraciones locales pasarán al ámbito autonómico, con un periodo transitorio de cinco años, con el objetivo de "liberar de ese gasto innecesario en lo competencial, y que lastraba la viabilidad futura de los ayuntamientos".

Al respecto, ha incidido en que el planteamiento del Ejecutivo es "garantizar lo público desde un parámetro europeo", basado en "la sostenibilidad y en asegurar el mantenimiento del estado de bienestar".

"La reforma no obliga a privatizar absolutamente nada, creemos en lo público, pero lo público es lo sostenido por los fondos públicos, y será cada institución, en uso de su autonomía, quien decida, atendiendo a principios de eficacia y eficiencia, cuál es la técnica de gestión más adecuada para la prestación de ese servicio y que cumpla con la estabilidad financiera", ha recalcado.

LEY DE TRANSPARENCIA

El secretario de Estado también ha hecho referencia a la Ley de Transparencia, de la que ha señalado que "llevará a las administraciones locales a rectos paradigmas", y posibilitará acabar con "numerosas disfunciones del pasado", así como "regular" los sueldos de las corporaciones y alcanzar cambios reclamados por los ciudadanos y "por el sentido común", como reducir los ediles con dedicación exclusiva.

Por su parte, Cosculluela ha considerado que la reforma de las instituciones municipales plantea una serie de problemas, entre los que ha citado que los representantes de los municipios "afectados no quieren ser reducidos", ya que alegan "castigos electorales"; o la debilidad económica de las haciendas locales.

El exministro también se ha referido al debate sobre la permanencia de las diputaciones, del que ha destacado que posee una "ideologización excesiva", en la que las formaciones políticas nacionalistas "no comparten la idea de mantenerlas" por entender "un exceso de control" de la Administración.

"Mientras no se reforme la Constitución, las diputaciones son inexcusablemente una pieza esencial de las administraciones locales. Quienes defienden su supresión, y la del Senado, defienden abrir el melón de reformar la Constitución", ha apuntado.

Durante su intervención, Cosculluela también ha incidido en la "megalomanía excesiva" de determinados alcaldes y ediles, la cual, en su opinión, se tiene que "corregir desde los partidos". En el mismo sentido, también ha calificado como un "problema" los indultos concedidos a dirigentes por parte del Gobierno para que regresen a la función pública.