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MADRID (EP). El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha encargado a Javier Arenas que reconduzca el malestar que ha creado en las filas del partido el proyecto de reforma de la administración local y que busque consensos en torno a una iniciativa que el Gobierno prevé aprobar en junio.

Fuentes 'populares' han explicado a Europa Press que el equipo del vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP ha recorrido una treintena de provincias en los últimos meses para reunirse con los dirigentes territoriales, alcaldes y concejales y debatir con ellos a fondo la iniciativa.

Fue el propio Rajoy quien pidió a Arenas que trabajara para rehacer el consenso dentro del partido, una labor que se ha llevado adelante en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cuyo responsable, Cristóbal Montoro, mantiene una buena sintonía con Arenas.

Hacienda ha recibido y estudia docenas de alegaciones presentadas por las administraciones y organismos afectados por la reforma y ha mantenido reuniones técnicas con buena parte de ellos. En paralelo, Arenas ha tomado las riendas dentro del partido para difundir el proyecto y escuchar también propuestas.

La iniciativa pasará a principios de mayo por la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), en la que Hacienda trabaja junto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y una vez incluidas todas las aportaciones, el texto se enviará al Consejo de Estado. Las mismas fuentes han asegurado que se confía en que este organismo ofrezca directrices claras sobre cómo aplicar la reforma.

Una vez transcurridos todos estos trámites el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto y posterior proyecto de ley, que antes de verano podría ser remitido al Congreso para su debate en el próximo periodo de sesiones, a partir de septiembre.

Las fuentes 'populares' consultadas dan por imposible el acuerdo con el PSOE, que, según dice, dirá 'no' en cualquier caso al proyecto por una cuestión interna. Los socialistas llevan semanas reclamando al Gobierno que retire el borrador que ha presentado y empiece a negociar desde el principio si de verdad busca el consenso, pero el Ejecutivo está dispuesto a aprobar esta reforma sin el PSOE, aseguran desde el PP.

UNA REFORMA POLÉMICA

La reforma de la administración local que impulsa el Gobierno ha ido perdiendo por el camino las pretensiones iniciales expresadas por el propio Ejecutivo. Así ha ocurrido al menos en dos asuntos tan llamativos como el número de concejales y las retribuciones de los alcaldes, ya que se ha pasado de anunciar una eliminación del 30 por ciento de ediles a no tocar ninguno y de rebajar a unos 70.000 euros los sueldos máximos de los alcaldes a permitir que alcancen los 100.000 euros.

Ambos aspectos figuraban en el informe aprobado por el Consejo de Ministros en julio del año pasado, pero desaparecieron en el borrador aprobado en febrero.

El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas comenzó a trabajar en esta reforma nada más arrancar la legislatura, hace más de un año, y ha mantenido negociaciones con todas las administraciones territoriales, con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con la oposición, especialmente con el PSOE.

Conforme han avanzado los meses ha crecido sin embargo el malestar incluso en las propias filas populares y no sólo entre alcaldes y concejales, sino también en algunas comunidades autónomas y en las diputaciones.

Entre los puntos principales de la reforma figura el establecimiento de un coste estándar para los servicios públicos municipales. Su cumplimiento determinará que un ayuntamiento pueda mantener sus competencias o que deba cedérselas a una administración superior, como las diputaciones, cuyo papel sale reforzado.

Además, se determinan las competencias propias de un ayuntamiento y se obliga a traspasar a las comunidades autónomas los servicios en educación y sanidad que aquellos han venido prestando, incluido el presupuesto dedicado a ello. Por otro lado, y entre otros muchos aspectos, si una autonomía quiere ceder a un municipio una competencia, deberá obligatoriamente pagarla.