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MADRID. Con la venta del operador de satélites Hispasat, la aseguradora Cesce y Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea (Aena), sobre las que ya se está trabajando intensamente, se abrirá el baile de las privatizaciones por parte del Gobierno del PP, según ha sabido este diario de fuentes solventes.
Estas privatizaciones y otras que le seguirán estarán previsiblemente incluidas en la agenda reformista que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy mismo. De hecho, los primeros programas de privatización se anunciaron a mediados del pasado año coincidiendo con las primeras reformas estructurales del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Estas ventas que están siendo más complejas por las especificidades de las sociedades en cuestión, seguirán o coincidirán con las de otras participaciones minoritarias del Estado, más sencillas de vender al ser minoritarias y en su mayor parte empresas cotizadas que están controladas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) que preside Ramón Aguirre y dependiente del Ministerio de Hacienda.
MÁS O MENOS ESTRATÉGICAS
Se trata de compañías como Ebro Foods, donde Alimentos y Aceites, controlada por Sepi, tiene el 10,3% del capital, o el 2,7% de International Airlines Group (IAG) (la fusión de Iberia y British Airways), el 20% de Red Eléctrica Española (REE) o el 5% de Enagás y otras quizás de carácter más estratégico que probablemente no se vendan, como el consorcio europeo EADS, donde a la Sepi le queda un 4,2% de capital tras haber colocado recientemente un 1,15% por unos 380 millones de euros.
Desde siempre se ha considerado estratégica esta compañía aeronáutica que emplea en nuestro país a cerca de 11.000 trabajadores en instalaciones y factorías en Madrid (Getafe, Barajas, Cuatro Vientos), Andalucía (Sevilla y Cádiz) y Castilla-La Mancha (Illescas y Albacete).
DESPLOME DE LA BOLSA Y DIVIDENDOS
Hasta ahora Hacienda y la propia Sepi habían sido reticentes a efectuar estas desinversiones, sobre todo por el desplome de la Bolsa, que aconsejó esperar a una recuperación de los mercados, que parece que ahora se está produciendo tímidamente.
Pero también fue por los dividendos de estos grupos, en su mayor parte cotizados, que ayudan al holding público a compensar las pérdidas de otras de sus empresas del estilo de la minera Hunosa o los astilleros de Navantia.
Desde su llegada al poder el PP ya anunció sus intenciones de privatizar todo lo posible de lo que queda de sector público, pese a que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, paralizó la colocación del 30% de Loterías del Estado que había diseñado la vicepresidenta económica socialista Elena Salgado, y con la que ésta esperaba obtener unos 7.000 millones de euros a través de una opv.
MONTORO Y EL CASO LOTERÍAS
Montoro dijo entonces que esa operación hubiera supuesto una malversación de fondos públicos, "porque el Estado habría dejado de recaudar una cantidad fija, que le proporciona una importante liquidez mensual, a cambio de unos capitales". Y añadió que el Gobierno puede vender una parte de Loterías, lo que nunca se ha descartado, pero por una cantidad que garantice los ingresos que obtiene ahora ya que, de lo contrario, se estaría produciendo una despatrimonialización del Estado.
Todo parece indicar que la salida la dará Hispasat, ya que está prácticamente cerrada la operación. La venta de operadora de satélites, que preside la ex secretaria de Estado del PP y también tertuliana radiofónica, Elena Pisonero, al operador de infraestructuras Abertis, controlado por La Caixa-Caixabank, y quizás también a su propio socio Eutelsat, podría autorizarse hoy mismo por parte del Consejo de Ministros, o en próximas reuniones del Gobierno, según las fuentes consultadas.
OPERACIÓN YA CERRADA
Salvadas las reticencias del Ejecutivo por algunos satélites de uso militar, está a punto de tomarse la decisión de venta de Hispasat al grupo presidido por Salvador Alemany. La duda es si se venderá el 25% que controla el Estado a través de varios ministerios económicos o el Gobierno se reservará algún pequeño porcentaje.
Respecto a Paradores, la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, apostó ayer mismo en el Congreso por la entrada de capital privado a lo largo de este año, junto a la externalización de los servicios y la salida a concurso de la central de reservas, con el fin de garantizar la viabilidad de la compañía, informa Ep.
TAMBIÉN ENTRADA DE GESTIÓN PRIVADA
Borrego recordó que Paradores acumulaba una deuda de 110 millones de euros de la anterior gestión, lo que les ha obligado a realizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que al final afectará a 350 trabajadores para hacer la red eficiente y lograr su supervivencia.
Sus palabras fueron muy claras: "No podemos permitirnos que vuelva a ocurrir, el Estado no puede rescatar cada año a Paradores y para ello buscamos sinergias con las empresas privadas". Se tratará, sin embargo, de una privatización ‘sui generis' ya que muchos de los edificios históricos de la red de Paradores son privados.
Sobre Aena, la intención del Ministerio de Fomento es dar entrada al capital privado en el segundo semestre de este año, pero sin perder la mayoría, es decir por debajo del 50%, ha asegurado en ocasiones la ministra Ana Pastor.
MÁS DE 12.200 MILLONES DE DEUDA
Sin embargo, como ya ha avanzado este diario, la alta deuda de la sociedad, más de 12.200 millones de euros al cierre de 2012, no ayuda a estos propósitos y hay fuentes que creen que Fomentó tendrá que ‘pillar a lazo' o ‘a traición' a los inversores, presumiblemente grupos de infraestructuras que están en su mayor parte con problemas por la falta de contratos de las administraciones y de su alta tasa de deuda.
De momento, Aena ha ofertado dos contratos, uno de asesoría financiera y otro para la parte jurídica del concurso privatizador, dotados con 600.000 y 400.000 euros respectivamente, según se ha publicado. Y al parecer, los bancos de negocio Citigroup, Rothschild, Lazard y N+1 están bastante interesados por el primero y los despachos Cuatrecasas, Uría Menéndez, Garrigues, Pérez-Llorca, Deloitte y Landwell-PwC por el segundo.
En el caso de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), la intención de la Secretaría de Estado de Comercio que dirige Jaime García-Legaz es privatizarla para que pueda ayudar más a la internacionalización de las empresas españolas.
Cesce, donde el Estado a través del Ministerio de Economía controla el 50,2% del capital siendo sus restantes accionistas entidades privadas como los bancos Santander y Popular y algunas aseguradoras, se dedica al aseguramiento y cobertura de las empresas españolas en el exterior.
INTERESADOS BANCOS Y ASEGURADORAS
Ya ha existido contactos con privados, aseguran las fuentes consultadas, tanto bancos como compañías de seguros, para preparar la privatización, ya que el momento es óptimo por la buena marcha del sector exterior. Se ha hablado de Mapfre y del Santander, entre otros, pero no hay nada confirmado.
Esta iniciativa de Comercio, junto a la entrada de privados en la gestión del Icex y la creación de la Agencia de Internacionalización (SECEX) para facilitar las exportaciones españolas y atraer inversión foránea, son iniciativas incluidas en el segundo paquete de reformas que el Gobierno presentará hoy. Como ya ha avanzado este diario, tras recabar información a todos los departamentos, el director de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal, es el que está cocinando estas reformas mano a mano con el presidente Rajoy.
INGRESAR HASTA 30.000 MILLONES
A mediados del pasado año fuentes del Gobierno del entorno del Ministerio de Economía y Competitividad, reconocieron la existencia de un plan de privatizaciones muy ambicioso con el que esperaban recaudar entre 20.000 y 30.000 millones de euros y que afectaría a todos los departamentos del Ejecutivo y también a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos.
Pero el plan no sólo iba encaminado a ventas de sociedades o participaciones del Estado, también iba dirigido a dar entrada a la iniciativa privada en numerosas sociedades estatales, como puede ser el caso de Paradores, y en la prestación de numerosos servicios públicos.
Por ejemplo, servicios de transportes públicos, de ferias, de ocio, de parques industriales o de agua, donde más del 50% de la gestión está ya en manos privadas en España aunque aún quedan grupos públicos tan importantes como el Canal de Isabel II de Madrid, lo que significa que hay mucho margen todavía para privatizar, concluyen las fuentes.
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