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MADRID (EP). Los acreedores de Reyal Urbis cuentan con un plazo de un mes para comunicar los importes que les debe la inmobiliaria, actualmente en concurso con un pasivo total de 4.345 millones de euros.
El plazo arranca este jueves con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del auto del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid de declaración del concurso.
Entre los acreedores de la compañía que controla y preside Rafael Santamaría figuran el 'banco malo', al que la inmobiliaria debe unos 700 millones de euros, por la transmisión a esta entidad de créditos al promotor por parte de los bancos nacionalizados y de los que han recibido ayudas.
Asimismo, Reyal también adeuda unos 400 millones de euros a la Agencia Tributaria, y otros 215 millones de euros al Instituto de Crédito Oficial (ICO).
VOLUMEN DE CRÉDITOS
De hecho, la Agencia Tributaria es uno de los dos administradores concursales fijados por el juez para la empresa. El otro puesto correspondió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), quien a su vez designó a BDO Auditores.
Con la elección de dos organismos públicos como administradores de Reyal, el juez asegura "atender al indudable y relevante interés público" que estima concurre en este proceso, "tanto por el volumen de créditos titularidad de distintos órganos de la Administración como por el volumen del pasivo y la extensión territorial (nacional e internacional) de los efectos del concurso".
Reyal fue declarada a comienzos del pasado mes de marzo en concurso, uno de los mayores de la historia empresarial española. Según los datos del auto del juez, la empresa presenta un 'agujero patrimonial' de 1.724 millones de euros, dado que cuenta con un activo de 2.621 millones de euros para atender su deuda de 4.345,43 millones de euros.
TRES REFINANCIACIONES
La inmobiliaria finalmente suspendió pagos tras superar tres refinanciaciones de deuda desde que inició la crisis y con un 'stock' de 780 terminadas y sin vender, pese a que lleva sin construir nuevas casas desde que en mayo de 2010 firmó la última de dichas reestructuraciones de pasivo.
La firma, que cerró el ejercicio 2012 con una pérdida de 910 millones de euros y cuenta con 420 empleados, ha excluido del proceso concursal el 'macrocomplejo' comercial y de oficinas que la compañía promueve junto con un grupo de bancos en el Paseo de la Castellana de Madrid y su cadena de hoteles 'Rafaelhoteles'.
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