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MADRID (EP). El Gobierno prevé recaudar unos 390,5 millones de euros con la modificación de la llamada 'enmienda Telefónica', cambio que persigue que el coste de los despidos de trabajadores mayores de 50 años realizados a partir del 1 de enero de 2013 por parte de empresas de más de cien trabajadores no se cargue sobre el sector público.

Así figura en la Memoria de Impacto Normativo del decreto ley de Medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de marzo y que será convalidado el próximo jueves en el Pleno del Congreso.

Según consta en dicho documento, al que ha tenido acceso Europa Press, las empresas de más de cien trabajadores con beneficios --o con pérdidas que puedan revertirse en un plazo de cuatro años-- que despidan a empleados mayores de 50 años deberán pagar al Tesoro por estos despidos unos 390 millones de euros, a los que habrá que sumar otros 44 millones de euros de ahorro en prestaciones por desempleo con esta misma medida.

Para el cálculo de estas estimaciones se parte de que el gasto medio el año pasado por prestaciones contributivas ascendió a 1.285 euros mensuales, mientras que el subsidio para mayores de 55 años se eleva a 595 euros mensuales (incluidas las cotizaciones en ambos casos).

Así, el coste máximo por trabajador es de 73.380 euros, base sobre la que se aplicaría el tipo a pagar a las arcas públicas, que también variará en función del número de despidos, del porcentaje de beneficios sobre ingresos y del número total de empleados en la empresa.

Dado que el año pasado el 35% de los 38.813 trabajadores afectados por despidos colectivos tenían más de 50 años (13.579), y tomando como referencia que el porcentaje de beneficios sobre ingresos que realizaron EREs fuera del 10%, se calcula que el ingreso total tras aplicar los tres tramos de porcentajes correspondientes ascendería a 781 millones de euros.

EFECTO "DISUASORIO"

Sin embargo, el Gobierno advierte de que esta medida tendrá un "efecto disuasorio" y de que parte de los despedidos acabarán siendo "objeto de recolocación". Asimismo, matiza que "no todas las empresas que realizaron un despido colectivo habían tenido beneficios" en los periodos estipulados o cumplían el requisito de peso del colectivo de trabajadores mayores sobre el total de la plantilla.

Todas estas previsiones llevan a concluir que la cifra final de ingresos en las arcas del Tesoro será aproximadamente la mitad de la prevista, es decir, unos 390,5 millones de euros a ingresar en varios ejercicios comenzando a partir de 2014 y con una media de 43 millones anuales.

Por otra parte, el efecto disuasorio que el Ejecutivo prevé en esta medida supondrá también un menor gasto en prestaciones por desempleo, que se cifra en unos 3 millones de ahorro a computar el próximo ejercicio. Asimismo, el gasto en subsidio por desempleo se estima en unos 4 millones de euros en los primeros nueve meses y de 37 millones de euros en los siguientes dos años, con lo que el ahorro será de unos 22,5 millones de euros en 2014 y de 18,5 millones al ejercicio siguiente.

En total, el Gobierno cree que el impacto económico global de esta medida ascenderá a 434,5 millones de euros entre los nuevos ingresos y el ahorro en prestaciones. A esto habrá que sumar el menor gasto que conllevará otra medida incluida en el decreto para vincular el acceso al subsidio a la renta familiar en lugar de la renta personal, lo que conllevará que "un 20% de las 7.000 personas que se incorporan cada mes" al cobro de esta ayuda no accederá a la misma por superar el límite establecido.

CAMBIOS INCLUIDOS EN EL DECRETO

El decreto de Pensiones regula en su capítulo IV las aportaciones económicas al Tesoro por despidos que afecten a trabajadores de 50 años o más en empresas de más de un centenar de empleados que tengan beneficios cuando "se utilice la edad como criterio preferente de selección" de los empleados afectados por los despidos.

El objetivo de la medida es "desincentivar la discriminación de trabajadores de más edad en el marco de medidas extintivas de regulación de empleo", "racionalizar las obligaciones de las empresas" y promover la recolocación de este colectivo de trabajadores, compensando a la par el impacto que estos despidos generan sobre el sistema público de protección por desempleo.

Para ello, se establece que estarán obligadas a abonar una cantidad extra las empresas que despidan a trabajadores mayores de 50 años cuando el porcentaje de este colectivo sobre el total de despidos sea superior al porcentaje que los trabajadores de esa edad representan sobre el total de la plantilla de la empresa.

Esta previsión se aplicará a las empresas que hayan obtenido beneficios en los dos ejercicios anteriores al despido colectivo, así como a las que obtengan beneficios en al menos dos ejercicios económicos consecutivos dentro del periodo comprendido entre el ejercicio anterior al despido y los cuatro posteriores.