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MADRID. El secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Rafael Catalá, ha asegurado la pasada semana que "en España tenemos un magnífico patrimonio de infraestructuras y hay que administrarlo, y hay que ir trasladando al ciudadanos el concepto de que hay que mantenerlo y que su conservación debe asumirse por quienes lo usan" en clara referencia al futuro cobro de peaje de las autopistas.

Catalá, que hizo estas manifestaciones en el III Encuentro Proyectos de Colaboración Público-Privada, añadió que "nadie concibe que una piscina pública se pague con los impuestos de todos en vez de con las entradas que paguen quienes la usen".

UNA CLARA CONTRADICCIÓN

Estas manifestaciones contrastan con las realizadas por su jefa, la ministra de Fomento, Ana Pastor, apenas una semana antes, en las que rechazó de forma categórica que su departamento haya estudiado la introducción de peajes blandos en la red pública de autopistas o que tenga intenciones de hacerlo en el futuro más inmediato.

Estas afirmaciones las hizo Pastor en Sevilla, en la inauguración del segundo tramo de la autovía metropolitana S 40, donde explicó que la posibilidad de imponer peajes en algunas autovías públicas construidas por el Estado, extremo sucedido por ejemplo en Portugal, "no está sobre la mesa ni nunca lo ha estado". Y añadió, que al contrario, el Gobierno central está trabajando con las autoridades portuguesas para solventar las "dificultades de movilidad" surgidas al imponer Portugal peajes en autovías hasta ahora de uso gratuito.

A LO LARGO DE LA LEGISLATURA

La pregunta es ¿hacemos caso a la ministra o a su secretario de Estado? Y los expertos y las fuentes nos dicen que pese a que irá peor a nuestros bolsillos, más bien debemos hacer caso al segundo, a Catalá, ya que mantener la actual red de autopistas vale más de mil millones al año, lo que Fomento no puede pagar con la actual política de recorte del gasto.

Fuentes próximas al Ejecutivo de Mariano Rajoy aseguran que la medida, que ha estado sobre la mesa en varias ocasiones, se ha ido retrasando por lo impopular que resultaría a efectos electorales, pero que desgraciadamente será muy difícil que no se termine por tomar a lo largo de la legislatura actual, dada la necesidad de seguir haciendo políticas de ajuste presupuestario.

El portavoz socialista de Fomento en el Congreso, Rafael Simancas, ha expresado su oposición rotunda a la posibilidad de que el Gobierno implante una nueva tasa por el uso de carreteras ya existentes, tal y como a su juicio se deduce de las palabras del secretario de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Rafael Catalá.

En declaraciones a Ep, Simancas ha acusado a Catalá de "intentar preparar a la opinión pública ante la eventual aplicación de una tasa por el uso de las carreteras", una medida con la que se ha especulado en diversas ocasiones pero que siempre ha acabado siendo desmentida desde el Gobierno. "Vamos a pedir la comparecencia del secretario de Estado ante la Comisión de Fomento del Congreso para que explique qué intenciones se esconden tras estas declaraciones", avanzó.

CUBRIR PÉRDIDAS DE LAS CONCESIONARIAS

El diputado ha asegurado que la intención que se esconde tras esta nueva tasa no es, como dijo Catalá, acostumbrar a los ciudadanos a que la conservación y mantenimiento de las infraestructuras debe asumirlos quienes las usan, sino "recaudar dinero para cubrir las pérdidas de las concesionarias de autopistas de peajes".

Simancas se ha referido también a la comparación que Catalá hizo entre el uso de las carreteras y de las piscinas públicas. A juicio del diputado socialista, esta comparación es poco respetuosa y "ni mucho menos razonable" dado que "el baño en una piscina pública puede ser opcional pero el uso de una carretera a diario para buscar trabajo, para ir al médico o para llevar a los niños al colegio forma parte del ejercicio de un derecho fundamental básico y constitucional" como es el de la movilidad.

AHORRO DE 101.000 MILLONES EN 30 AÑOS

Como ya ha explicado este diario, la aplicación de un pago por el uso de la red de carreteras españolas conllevaría una tarifa media para vehículos ligeros de 3,1 céntimos de euro por kilómetro recorrido si se aplicaran los mismos parámetros recogidos en la Euroviñeta, según el estudio del Centro Español de Excelencia y Conocimiento de la colaboración Público Privada (Cecopp) presentado el año pasado.

Cecopp ha manifestado que Administración podría obtener con la puesta en marcha de la tarificación por uso de infraestructuras unos ingresos iniciales cifrados en torno a 14.700 millones de euros si optase por sacar a concesión la explotación del sistema y que podría generarse un ahorro total de 101.678 millones de euros en el período 2013-2043, es decir los próximos 30 años, que se produciría en la partida de gastos e inversores de los presupuestos públicos derivados de la construcción, mantenimiento y explotación de carreteras durante el período de vigencia de las concesiones.